Las horas críticas en la crisis del rehén en Boulogne Sur Mer

Personas difíciles, que aprendieron a aprovechar cada rendija del sistema carcelario. Tanto Colucci como González Flores ya son graduados expertos en traslados, presentaciones de hábeas corpus, recursos varios, pedidos de beneficios y en ejecutar todas las mañas posibles.

La mejor idea de Colucci y González Flores esa noche fue aprovechar algún lazo de confianza, de trato cotidiano, de debilidad, sensibilidad, para ganarse el favor del agente penitenciario Mauro Zugasti y así tomarlo de rehén. Un muchacho paceño con cinco años de experiencia en el servicio. No es un experto, pero tampoco se le puede calificar de novato.

Los reos pidieron sacar la basura de la celda en la que estaban metidos, sin otros presos, porque a causa de sus permanentes conflictos no podían convivir con otros internos. Así es que a una hora absolutamente desacostumbrada, Zugasti les abrió la celda y se les acercó. Sin guardia de requisa, ni refuerzos, y con su celular encima. Regalado, literalmente. Cometió varios errores de seguridad en esos instantes.

Lo redujeron en segundos y lo metieron a la fuerza en la celaduría, una especie de búnker interno donde se protegen los guardias en caso de una revuelta. Lo sentaron y le ataron las manos por detrás. En ese momento empezaron las horas de mayor tensión que se hayan registrado en la cárcel más antigua de la provincia desde abril de 2020, cuando un grupo de presos ganó los techos para reclamar prisión domiciliaria y medidas sanitarias ante la emergencia del Covid-19. Otra vez la “Casa de Piedra”, construida entre 1905 y 1910 en un terreno donado por Emilio Civit, era noticia.

Poco después de la una y media de la mañana, a través de WhatsApp, comunicaciones internas y el sistema Tetra, el sistema carcelario de Mendoza ya sabía que había una toma de rehén en curso, con un agente penitenciario retenido por dos de los reos más peligrosos del penal.

El búnker

La celaduría del pabellón 16 tiene tres puertas. La segunda es casi infranqueable, y desde allí los delincuentes comenzaron con las demandas. Como dijo la ministra Mercedes Rus, alguien les hizo creer que tienen más derechos de los que en realidad poseen. Y quisieron hacerlos valer por la fuerza. Incluso -esa es la novedad- con apoyo externo.

Colucci y González se hicieron del celular del agente penitenciario y rápidamente se pusieron en contacto con la familia de Mauro Zugasti en La Paz. Pidieron dinero (nunca trascendió cuánto) y no dieron tiempo a nada. Fueron los familiares del agente secuestrado quienes se comunicaron con Eduardo Orellana, cuando ya la situación estaba tomando un giro muy complejo y el director del Servicio Penitenciario Provincial estaba en pleno operativo de contención.

Orellana cumplirá el año que viene 40 años en el servicio al que ingresó en 1987. Fue director de la cárcel cuando era la única en el Gran Mendoza. Hace unos años dejó de contar las tomas de rehenes a las que había asistido, que por entonces sumaban veintisiete. Conoce la dinámica carcelaria desde adentro. Convocó al comité de crisis y a los dos negociadores Ivana Cornejo y Javier Vieu. Ella ingresó en 2003 y él en 2004 y viene del GEOP, son seniors y conocen su trabajo. Enseguida Orellana citó al grupo especial que, en caso de necesidad, entraría por la fuerza.

Los presos no solo se comunicaron con la familia del agente Zugasti. Antes de que lograran frenarles las comunicaciones a través del sistema IMSI que se usa en las cárceles locales para bloquear teléfonos, hicieron varias videollamadas a la familia para mostrarles que en verdad tenían de rehén al muchacho.

También publicaron un video de TikTok utilizando el teléfono de Zugasti, que -de paso- no era un “teléfono B”, ni informal, sino el equipo y número de línea que tiene registrado en el sistema penitenciario. Por eso pudieron inhibirlo. Antes, los presos hablaron con quien quisieron. Incluso, habrían tomado contacto con la esposa de uno de ellos -la de Ramiro Colucci- y se investiga si la mujer, que también habría tenido un paso carcelario, los puso en contacto con un abogado. Esa sospecha es fuerte, y habría indicios.

Cuando los dos presos empezaron a comunicarse al exterior usando el celular del penitenciario, en el Ministerio de Seguridad sintieron que la situación podía irse de las manos. Fue el momento difícil de esa madrugada, porque no tenían control sobre lo que estaba ocurriendo. Incluso, se sabe que el teléfono del penitenciario no paraba de sonar con llamadas desde La Paz. ¿Con quiénes hablaron los secuestradores?

Bajo máxima tensión

Pasadas las dos y media de la mañana, la situación en Boulogne Sur Mer era la de una olla a presión. Los presos pedían de todo. González, muy habitué de llevarse a las trompadas con los otros internos, quería volver a Almafuerte. Y Colucci, irse a Jujuy, para “revincularse” con su madre, que reside en aquella provincia. Había pedido lo mismo a través de un recurso de habeas corpus en junio de este año, y la jueza Carmen Magro, del Tribunal Penal Colegiado Número 1, se lo había negado.

Entre otros puntos, Colucci y González querían un acta firmada por todo el mundo con todo tipo de seguridades, algo a lo que la ministra Mercedes Rus se negó expresamente. No quería darles ni una sola concesión, ni ventaja. Y prohibió a los funcionarios que firmasen nada. Tampoco Orellana quería cederles ni medio metro.

Entretanto, había llegado a la cárcel la fiscal Laura Nieto, de Delitos no especializados. Estoica, escuchó bajo la lluvia media hora de estupideces de los secuestradores, y luego se fue del lugar cediendo la competencia al fiscal Martín Lucero. Fue quien al final de la crisis les imputó a los presos el secuestro coactivo del agente Zugasti.

Los nervios fueron creciendo y la principal idea que había en el Comité de Crisis antes de las tres de la mañana era la de volar con explosivos la segunda puerta de la celaduría del pabellón 16, entrar por la fuerza, reducir a los reos amotinados y extraer al agente Zugasti. En ese comité están la ministra de Seguridad Mercedes Rus, Orellana como director del Servicio Penitenciario, el director de la cárcel Juan Espina Arce y los dos negociadores Ivana Cornejo y Javier Vieu como miembros principales. El plan era arriesgadísimo. Una explosión en Boulogne Sur Mer siempre lo es, y habría que haber contenido la reacción de otros presos.

Hasta ese momento los acontecimientos eran de alto riesgo, pero había algunos hechos positivos. En apariencia, los delincuentes no tenían armas. Zugasti no gritaba ni lloraba, es decir que no lo estaban torturando; y ninguno de los otros 121 internos del pabellón se habían sumado al festival que montaron Colucci y González Flores.

Pero hubo un hecho que cambió la dinámica cerca de las 4 de la madrugada: el accidente trágico en la Ruta 7 en el que murieron Ana Estrada (55) y Alejandra Flores (52), cuando iban junto a otras tres personas en una camioneta de Seguridad Vial del municipio de La Paz, bajo una lluvia de tormenta y granizo; rumbo a la cárcel de Boulogne Sur Mer. Ana era la madre del agente Mauro Zugasti, y Alejandra, su tía y madrina.

La Paz, la otra cara del drama

En La Paz se conocen todos y los lazos familiares son múltiples. Ana Estrada supo de primera mano que su hijo era rehén de dos presos peligrosos. A ella le pidieron el dinero. Si los presos se comunicaron con alguien más o si recibieron llamadas desde el pueblo ante el rumor que había empezado a correr esa madrugada, es motivo de investigación.

Al intendente Fernando Ubieta le informaron de inmediato lo que estaba pasando. No está claro si él dio una orden directa o si algún funcionario autorizó el viaje. Pero en esa madrugada, desde el municipio partió una camioneta municipal de tránsito, manejada por el agente Manuel Varas (35). Media hora más tarde se había estrellado contra un árbol y había dos mujeres fallecidas. El intendente llegó al lugar poco después.

En el vehículo iban además Jorge Zugasti, de 34 años y hermano de Mauro, Yamila Núñez (39) -también agente penitenciaria y prima de Zugasti-, y las dos mujeres Ana Estrada y Alejandra Flores, que murieron cuando el chofer de la camioneta perdió el control en medio de la piedra y la lluvia torrencial y el pesado vehículo dio con todo el lado derecho contra un árbol. Un pimiento. Allí mismo fallecieron la madre y la tía del agente secuestrado por los presidiarios y la crisis se tensionó al máximo.

El pueblo ingresó en un largo duelo esa noche. En La Paz son proveedores de agentes. Unos 400 paceños son miembros del Servicio Penitenciario Provincial. Otro tanto son policías tanto en Mendoza, como en San Luis. Dificultades del mercado laboral.

La desgracia cambió todo. Las autoridades desactivaron el ingreso por la fuerza. Temían que encima de las dos muertes en la ruta hubiese que lamentar algún daño al penitenciario Mauro Zugasti. Rus hervía de furia con el intendente Ubieta. A juicio de la ministra, no había ninguna razón para permitir el viaje de la familia del agente a la cárcel de Boulogne Sur Mer. La crisis estaba acotada y con negociadores trabajando ¿Qué podrían haber aportado los familiares? Pero la desesperación de las mujeres era grande. Ubieta y Rus no hablaron esa noche.

La ayuda externa

Orellana y los delincuentes se enteraron de las muertes casi al mismo tiempo. Las negociaciones seguían infructuosas. A las cinco de la mañana, Ramiro Colucci, transformado en vocero, empezó una serie de demandas ante los negociadores. Hubo quienes “olieron” que los presos estaban siendo asesorados. Se notaba en las palabras y pedidos de Colucci. Los reos filmaron ese tramo de la negociación y lograron filtrarlo afuera.

Las horas que siguieron hasta las 8.30 pasaron a una fase técnica. Rus siguió inflexible a la hora de ceder demandas, y finalmente lo que se acordó es que el procurador penitenciario Luis Romero los escuchase y labrase un acta con los pedidos, pero sin ceder ni medio.

Para ese momento, ya estaban girando alrededor del penal miembros de la Oficina de Derechos Humanos de la Suprema Corte, el juez Sebastián Sarmiento -que se fue una hora después- y abogados garantistas. Eso fue un problema. Durante años, los penitenciarios estuvieron virtualmente paralizados por el garantismo. Nada se podía, ante los derechos y beneficios interminables de los internos.

Dicen que la crisis terminó por cansancio. Los presos liberaron a Zugasti, que fue asistido de inmediato en la Clínica Francesa y luego por una psicóloga. Más tarde, Colucci y González Flores fueron conducidos al complejo Almafuerte II, al sector de “Muy alto perfil (...) destinado a internos de riesgo extremo, con aislamiento, monitoreo permanente, controles reforzados y mayores restricciones”, escribió Mercedes Rus en la red social X. Antes, el gobernador Alfredo Cornejo había asegurado que no habría ni un beneficio para los reos.

Allí permanecerán con el coqueto mono amarillo vestidos de teletubbies y aislados 180 días. Con opción al doble de ese tiempo. Sólo podrán ser visitados por parientes directos como padre, madre, esposas, nunca todos a la vez, y separados por una mampara de PVC. Sin contacto directo. Ese mismo martes, apenas unas horas después de la crisis, González Flores pidió salir afuera, porque el encierro en solitario le generaba estrés.

Expertos en tramoyas

En enero de 2009, Claudio González Flores y un grupo de delincuentes tomaron por asalto la posada turística Domaine Du Mont, en Coquimbito, Maipú. Se dividieron entre la casa principal y la de los caseros. En un momento, González Flores le puso el arma en la cabeza a una mujer de nacionalidad canadiense, de 47 años, y la violó en su habitación. Aquel asalto, ocurrido durante el gobierno de Celso Jaque en medio de una ola de inseguridad, fue conmocionante.

Lograron detenerlos a todos y juzgarlos. A González Flores le dieron 23 años de prisión, una condena unificada de varios delitos. En el momento de la toma del rehén penitenciario llevaba detenido 17 años y nueve meses. El 30 de enero de 2032, dentro de seis años, cumplirá esas condenas, pero habrá que agregarle las que resulten del secuestro coactivo del guardia. No menos de diez más, según los antecedentes.

A “Tyson” González Flores, el de la cara tatuada, le dieron muchos beneficios en su vida carcelaria a pesar de sus problemas de convivencia y de vivir a las trompadas. Hace pocos años había pedido salidas transitorias y prisión domiciliaria porque su madre estaba enferma. Durante el tiempo que lleva preso, recibió reducciones de la pena gracias a sus estudios. Se le redujo un mes en noviembre de 2019, un mes en septiembre de 2021 y cinco meses en septiembre de 2023.

Luego se autorizó su incorporación a lo que llaman “período de prueba” el 9 de septiembre de 2019, pero la medida le fue revocada el 24 de febrero de 2026. Antes, había accedido varias veces a “fases de confianza”, aunque nunca le otorgaron salidas transitorias.

Ramiro Colucci, el estudiante

Colucci fue el vocero de los dos delincuentes durante la crisis de la madrugada del martes. Su voz es la que aparece en el video que trascendió, hablando con los negociadores. “Somos personas buenas”, dijo. Tiene el secundario completo y cursa estudios universitarios en la cárcel. Hace apenas unos meses, presentó un recurso de hábeas corpus que fue y vino entre los jueces colegiados. La serie de pedidos demuestra que algunos presos creen que pueden pasar el encierro como mejor les venga:

“Presenté HC porque estoy teniendo un agravamiento de mi condición y forma de detención (...) estoy en una pabellón sin servicios, el hacinamiento genera incomodidad en mi persona, pido que me cambien el día de visitas, porque tengo con mi esposa los martes y ese día voy a la facultad. Solicito medicación por tratamiento crónico, hace seis meses que no tengo una dieta hipercalórica, pido se me dé una terapia según mis beneficios, pido que se gestione el acercamiento familiar con mi mamá que vive en Jujuy. No tengo colchón ni frazadas. Solicito que me atiendan el psicólogo y la asistencia social. Solicito terapia espiritual. Solicito hablar con el director y que el Juzgado Nro 1 me atienda en audiencia, solicito garantías constitucionales, y solicito el inicio de Salidas Transitorias”, escribió textualmente.

El recurso de Colucci fue denegado en primera instancia. Apeló, y la jueza Carmen Magro decidió confirmar el rechazo parcial del recurso. Pero pidió que se arbitren algunas medidas: “Dar inicio al trámite de acercamiento familiar con la progenitora del Sr. Ramiro Colucci. Proveer la evaluación psicológica, y en caso de corresponder, el tratamiento psicológico pertinente de (...) Colucci. Disponer la entrega de colchón, mantas y el abrigo necesario para que (...) transite el periodo invernal que se aproxima en su nuevo lugar de alojamiento (...)”.

Las vacaciones de Colucci en Jujuy estarían suspendidas por tiempo indeterminado, luego de la toma del rehén ¿Por qué está preso? Por matar a alguien en un ajuste de cuentas. El 28 de noviembre de 2011, discutió con un tal Roberto David Páez y su madre, en la vereda de Dupuy 8794 de Rodeo de la Cruz, Guaymallén. La reyerta terminó a los tiros. Colucci escapó, y al tal Páez lo cargaron en una camioneta y se lo llevaron al Hospital Central. Llegó muerto.

A Colucci lo capturaron momentos más tarde con el revólver calibre .38 que había usado para disparar aún encima, también en Rodeo de la Cruz. Está preso desde entonces, y en un juicio en abril de 2015 le unificaron las condenas a 27 años de prisión. Cuando protagonizó la toma del rehén llevaba preso 18 años, 5 meses y 7 días. Hubiera cumplido esta condena el 24 de mayo de 2035. Pero, con el secuestro del agente Zugasti, es muy probable que pasen muchos años más hasta probar la libertad.

En su vida carcelaria, Colucci estuvo preso en San Felipe, Boulogne Sur Mer, Almafuerte, estuvo también en prisión domiciliaria (se la quitaron por violar las reglas), y registra salidas por atención sanitaria al Hospital Central y a El Sauce. Estuvo un par de veces en “fase de confianza”, y le permitieron estudiar. Cuando mató a Páez, estaba en libertad condicional, cumpliendo una condena por robos a mano armada.

Conclusión

La crisis del rehén puso a prueba el sistema. La resolución táctica y estratégica fue satisfactoria. Pero las dos muertes de las mujeres que venían bajo la lluvia y el granizo, desesperadas por la Ruta 7, enturbiaron lo que pudo ser una salida limpia de una crisis de proporciones.

Esas muertes, innecesarias, no tienen remedio. Sólo el dolor y el duelo del pueblo de La Paz, que se pasó la madrugada del martes en vela en medio de una desgracia que -de tan terrible- no cabía en la imaginación de nadie.