Medida dispuesta en pandemia

La Justicia debate el uso de celulares en las cárceles de Mendoza porque se vence su plazo

El habeas corpus rige desde marzo del 2020, cuando se permitió la utilización de teléfonos móviles de parte de las personas privadas de la libertad. La disposición se extiende hasta el 31 de diciembre del 2022. En el Polo Judicial, todas las voces fueron a favor de su continuidad

Por UNO

El Primer Juzgado Penal Colegiado, con la participación de Sebastian Sarmiento, realizó una audiencia para resolver la continuidad o no del uso de celulares en las cárceles de Mendoza. El ex legislador Luis Petri (UCR) recordó dos leyes de su autoría al respecto y exigió que se respete su prohibición tras haber pasado la etapa de pandemia, cuando se hizo la excepción de su empleo en el país.

En el Polo Judicial, cada una de las partes (Ministerio Público Fiscal, Servicio Penitenciario y organizaciones defensoras de los derechos humanos) expuso su postura y ahora el juez es quien tiene la última palabra. La gran coincidencia fueron los distintos beneficios sobre su empleo en los penales.

La primera en exponer fue la representante de la Procuración de Personas Privadas de la Libertad, Daniel Parodi, quien además es la parte peticionante para que se siga permitiendo la utilización de celulares en manos de los presos recluidos en las cárceles de Mendoza.

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El juez Sebastián Sarmiento encabezó la audiencia en el Polo Judicial sobre la continuidad o no del uso de celulares en las cárceles de Mendoza.

El juez Sebastián Sarmiento encabezó la audiencia en el Polo Judicial sobre la continuidad o no del uso de celulares en las cárceles de Mendoza.

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Posturas a favor sobre el uso de celulares en las cárceles de Mendoza

Este organismo solicitó que, tras el vencimiento del plazo del habeas corpus al que se hizo lugar para que personas privadas de la libertad utilicen celulares en establecimientos penitenciarios durante la pandemia, se mantenga la medida que se activó en marzo del 2020 y finalizaría el 31 de diciembre próximo.

Parodi esgrimió argumentos para que el uso de celulares dentro de las cárceles se sostenga. Consideró que han bajado los niveles de conflictividad y ansiedad entre los internos; se ha mejorado ostensiblemente la garantía de los derechos al tener los presos y presas mejor acceso a los servicios de justicia, a las audiencias virtuales y el seguimiento de sus expedientes.

XUMEX -asociación para la promoción y protección de Derechos Humanos- fue en el mismo sentido y agregó una notable mejora en el acceso a otros servicios que son derecho de las personas privadas de la libertad, como la educación y la salud.

Destacaron que los internos que cursan estudios han aprendido a utilizar el sistema GEM (Gestión Educativa Mendoza) y hasta el SIU Guaraní, en el caso de aquellos que están cursando carreras universitarias. Y en ese mismo sentido este organismo habló de la prevención y detección de enfermedades que se han realizado gracias al contacto virtual entre profesionales de la salud y personas privadas de la libertad.

Verónica Bajuj fue la letrada que representó al Ministerio de la Defensa Pública y habló de un "cambio sustancial" desde que se permite el uso de celulares en las cárceles. Detalló que en el caso de su defensoría (21 de Ejecución) existen dos líneas de Whatsapp autorizadas por la Suprema Corte, con cerca de 2.000 contactos activos. Es decir que esa cantidad de personas accede al asesoramiento que por derecho le corresponde y que, de otra manera, sería mucho más difícil.

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Los expositores durante la audiencia informativa que se desarrolló en el Polo Judicial. Todos expusieron el lado positivo de usar celulares.

Los expositores durante la audiencia informativa que se desarrolló en el Polo Judicial. Todos expusieron el lado positivo de usar celulares.

Destacó que el hecho de tener contacto directo con sus defensores les permite a las personas privadas de libertad evitar trámites burocráticos como el de tener que presentar un escrito para pedir una audiencia con su letrado.

La Dirección de Derechos Humanos que depende de la Corte también acompañó la petición de continuar permitiendo el uso de telefonía similar, coincidiendo con las posturas anteriores, agregando el fortalecimiento de los vínculos familiares como un punto muy mejorado desde su implmentación. Desde este organismo también señalaron la necesidad de atender la cuestión con una mirada de género, entendiendo que en muchos casos se trata de mujeres que necesitan fortalecer el vínculo con sus hijos e hijas. Señalaron que se han reestablecido "puentes" que estaban rotos en materia de acceso a la justicia y que tomar una medida contraria sería ir contra esos avances.

El director del Servicio Penitenciario, Eduardo Orellana, explicó que sería imposible impedir el uso de la telefonía celular en las circunstancias actuales. Dijo que faltarían puntos de control y habría también una aglomeración no deseada de personas, situación que se había visto morigerada con la pandemia. Por eso, solicitó mantener la medida, así como también continuar con el régimen actual de visitas en los 22 establecimientos penitenciarios que contienen a 5.500 personas en la provincia. Además, pidió una revisión de la reglamentación que contemple, por ejemplo, el uso de las redes sociales.

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Fernando Guzzo, quien estuvo en representación del Ministerio Público Fiscal, solicitó una prórroga de la normativa vigente, por un plazo de 3 meses, durante el cual se aporten nuevas y mejores ideas para ir progresivamente regulando la utilización de los celulares en el contexto carcelario.

Guzzo destacó que hacerlo de manera repentina sería lesivo para el sistema penitenciario. Destacó que la norma tiene buenas intenciones pero es de imposible ejecución, porque no hay posibilidad de controles exhaustivos para evitar, por ejemplo, el tráfico de celulares, chips y datos dentro de los pabellones, así como tampoco se puede controlar el uso de las redes sociales. El MPF puso a disposición una serie de estadísticas que dan cuenta de la cantidad de denuncias.

Finalmente, el titular de la Bicameral de Seguridad en la Legislatura, el diputado Néstor Márquez, se comprometió a llevar este debate a la Casa de Leyes, argumentando que -habiendo escuchado a las partes- es posible que fuese necesario hacer modificaciones a leyes o normativas que se encuentran vigentes y contra las que la Justicia no podría accionar.

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El radical Luis Petri fue el único que se expresó en contra tras conocer que se debatía el tema de los celulares en los penales de Mendoza.

El radical Luis Petri fue el único que se expresó en contra tras conocer que se debatía el tema de los celulares en los penales de Mendoza.

Luis Petri exigió que se cumpla la prohibición sobre el uso de celulares en las cárceles de Mendoza

Luis Petri (UCR) es autor de sendas leyes, provincial (8.465) y nacional (27.375), que prohíben tanto las salidas anticipadas de los penales a condenados por delitos graves como la utilización de teléfonos celulares. Como legislador provincial, redactó un proyecto que en 2012 se convirtió en la Ley 8.465 que establece el “Código de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad de la Provincia de Mendoza” y precisamente tiene un articulado al respecto.

Ahora, que se busca debatir en el Polo Judicial el tema del uso de celulares en las penitenciarías de la provincia, Petri se expresó sobre el asunto e hizo referencia a la necesidad de hacer cumplir las leyes vigentes, de su autoría.

“Hay que cumplir con la ley que expresamente prohíbe el uso de celulares en Mendoza y en todo el país. Si los jueces quieren cambiar las leyes que renuncien y se presenten a elecciones. Para hacer efectiva la prohibición deben colocarse inhibidores de señal en todos los establecimientos penitenciarios”, remarcó Petri.

El exdiputado nacional por Mendoza agregó que la ley de su autoría tiene el objetivo de "impedir que se planifiquen y organicen delitos dentro de las cárceles, que luego se ejecutan fuera de ellas".

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“La Cámara de Casación Penal declaró la constitucionalidad de la ley, ya que la política criminal es facultad del Congreso. Los jueces deben aplicar la ley más allá de sus gustos o sus inclinaciones ideológicas. Hay que defender a las víctimas, no a los delincuentes”, subrayó el dirigente de la UCR.

La ley arriba mencionada tuvo su réplica nacional en 2017 y actualmente rige en toda la Argentina. “En el 2012 en Mendoza y en el 2017 en todo el país se aprobó la ley que prohíbe las salidas anticipadas y el uso de celulares, leyes de mi autoría que son obligatorias y no dejan margen de interpretación, hay que cumplirlas”, explicó Petri.

Y agregó: "Los jueces deben aplicar la ley, con la excusa de la pandemia liberaron más de 4.000 presos inexplicablemente y en Mendoza permitieron el uso de celular en contra de lo que expresamente establece la ley”.

Así, el artículo 174 (de la ley 8.465) es el que determina que "las visitas y la correspondencia que reciba o remita el interno y las comunicaciones telefónicas, se ajustarán a las condiciones, oportunidad y supervisión que determinen los reglamentos, los que no podrán desvirtuar lo establecido en los artículos 172 y 173 y deberá ajustarse a las previsiones de la Ley 7.968. Quedan prohibidas las comunicaciones telefónicas a través de equipos o terminales móviles. A tal fin se deberá proceder al bloqueo y/o inhibición de señal de telefonía móvil dentro del establecimiento penitenciario para impedir u obstaculizar el uso de dichos dispositivos en el establecimiento”.

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