Por Daniel Calivares
La semana que viene se iniciará una prueba piloto en el penal Almafuerte. La norma que fija ese proceder data de 2008 pero quedó cajoneada hasta que por efecto del crimen del joven Matías Quiroga se resolvió ponerla en práctica.
El Gobierno decidió cumplir la ley que ordena inhibir los celulares en las cárceles
La semana que viene la subsecretaría de Justicia hará en Almafuerte una prueba piloto para inhibir las señales de celulares e impedir que los internos puedan realizar llamadas desde sus calabozos. El proyecto hace tiempo se convirtió en ley y se publicó en el boletín oficial el último día del 2008, pero nunca llegó a implementarse.
La idea de llevar adelante el proyecto de ley se retomó a raíz del acuerdo hecho por la intercomisión de poderes que surgió luego del homicidio de Matías Quiroga. Allí se acordó la implementación de una serie de leyes, entre ellas, la inhibición de celulares, que tendrá el comienzo de la prueba piloto la semana que viene.
Según señaló la subsecretaria de Justicia, Romina Ronda, este ensayo se hará en el penal de Almafuerte, y por ahora será en un solo módulo, que es el de máxima seguridad.
Allí se instalarán dos aparatos y la idea es ir analizando el funcionamiento del sistema. “Esta prueba durará meses”, explicó la funcionaria.
No obstante, para Ronda, en Mendoza no hace este tipo de tecnología, al menos en el sentido que dictaba el proyecto de ley hecho por el radical Luis Petri.
“El proyecto surge por los delitos extorsivos, en Mendoza no tenemos esa problemática, hay estadística cero”, comentó la funcionaria, quien adelantó que igualmente el sistema se implementará para prevenir esa problemática.
El proyecto fue aprobado en noviembre de 2008 y convertido en ley a finales de ese año. Ronda explicó que su implementación ha estado demorada por las dudas sobre el funcionamiento de los inhibidores de señal, ya que mientras algunos aseveraban que no son efectivos, otros tienen la creencia de que en los penales ubicados en zonas urbanas, como el de Boulogne Sur Mer, podrían llegar a afectar a los barrios aledaños y también al hospital Militar, explicó Ronda, quien agregó que cada aparato cuesta entre 20 y 40 mil pesos.
“También había otro problema, que es de prever que el aparato fuese de última tecnología para que ningún celular moderno lo burlara”, afirmó la funcionaria.
Todas esas dudas llevaron a que la implementación de la ley demorara poco más de tres años.
