Desde marzo del 2020 está permitido en los penales provinciales que las personas privadas de la libertad tengan teléfono celular. Esto ocurrió gracias a que diferentes organismos de Derechos Humanos presentaron un hábeas corpus a la Justicia, solicitando facilitar la forma de comunicación de los internos durante el aislamiento de la pandemia.

Es que las cárceles fueron uno de los primeros lugares que se aislaron casi absolutamente, donde no solo se limitaron varios derechos, sino quizá el de mayor valor, que fue la absoluta prohibición de recibir visitantes.

Actualmente son 14 las provincias, entre ellas Mendoza, que tienen aún vigente la medida en sus cárceles.

Sin embargo, las administraciones penitenciarias en estos dos años se han visto sobrepasadas por las nuevas comunicaciones en contexto de encierro. Si bien se aplicaron algunos protocolos, quizá la Justicia debería haber evaluado con más profundidad que la autorización a portar un teléfono móvil implicaba mucho más que la mitigación a un daño emergente de la pandemia de Covid-19 en cuanto a los vínculos familiares. Autorizar el ingreso de un celular sin especificaciones limitantes fue abrir aún más la brecha de vulnerabilidad en materia de seguridad que existe en las cárceles y acrecentar el riesgo de hechos ilegales detrás de los muros, siempre en detrimento de la sociedad, del bien común.

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El hábeas corpus provincial vencía el año pasado pero fue prorrogado hasta el 30 de diciembre de 2022, fecha en la que se deberá tomar una decisión definitiva sobre el tema.

El Juez Penal, Sebastián Sarmiento, sostiene que esa autorización “fue regulada y que las personas privadas de libertad pueden tener su teléfono pero deben declararlos, y ser de origen lícito”. Explicó que cada vez que un familiar lleva un teléfono se anota el número de chip e IMEI (un código de 15 digítos pregrabado por el fabricante para identificar cada equipo móvil) y cada interno debe hacerse responsable de su equipo. Las personas condenadas por ciberdelitos no pueden tener teléfonos.

Explicó que cuando se hacen los controles y requisas, si el interno tiene un teléfono diferente al declarado es sancionado y no autorizado luego a tener otro.

“Han habido sanciones disciplinarias, allanamientos, requisas ordenadas por la investigación. El teléfono no autorizado es una sanción interna disciplinaria que produce la baja en la calificación y a futuro puede impedir una liberación anticipada. Es una situación bastante gravosa”.

El protocolo provincial marca que esos teléfonos deben ser utilizados dentro de las celdas para que los internos se comuniquen con su familias, abogados o para tener educación a distancia.

Esta semana se conoció que según el Servicio Penitenciario Bonaerense el delito bajó en las cárceles de esa provincia desde que se permitió el uso de celulares. Explican las autoridades de Buenos Aires que el protocolo es riguroso ya que delimita los ámbitos para el uso de la telefonía celular y prohíbe las redes sociales, con excepción de WhatsApp.

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Imagen del control de teléfonos en penales de Buenos Aires.

Imagen del control de teléfonos en penales de Buenos Aires.

Sin embargo, la mayoría de la población carcelaria a nivel nacional, con la de Mendoza y Buenos Aires incluidas, usufructuó estas regulaciones, ya que los controles no fueron tan efectivos, no de las llamadas sino del uso en general que hace cada recluso con su móvil.

Basta un recorrido por las redes sociales donde hay registros de sitios de YouTube, Tik-Tok, Telegram, Twitter e Instagram, donde los internos interactúan con un público numeroso. Por caso un interno alojado en un penal de la provincia de Buenos Aires registra mas 290 mil seguidores. De todos modos, este no sería un problema si solo habláramos de comunicación lúdica. Es decir que el uso del celular, a la luz de los acontecimientos, dista mucho para lo que originalmente fue autorizado.

Para el Juez Sarmiento en Mendoza “no hubo un crecimiento de delitos como muchos pensaban a partir de la autorización generalizada del uso de los celulares. Este blanqueo de los teléfonos móviles permite un mayor control y no hay ningún dato estadístico que nos demuestre que haya algún crecimiento de este tipo de delitos”.

El director del Servicio Penitenciario de Mendoza, Eduardo Orellana, planteó que el problema no es el uso del celular lícito sino el ilegal. “Con teléfonos ilegales tanto dentro de la cárcel como afuera se cometen delitos”. Y admitió que “los teléfonos ilegales en las cárceles existen desde hace muchos años, es un problema de control, de corrupción en todas las cárceles de Argentina y del mundo”.

El delito operado desde la cárcel

Sólo con mirar las últimas noticias policiales de Mendoza podemos ver la cantidad de delitos que se cometen desde los penales provinciales.

Por caso hace diez días la Unidad Investigativa de Lavalle logró desarticular una banda delictiva que operaba desde los penales de Almafuerte y Boulogne Sur Mer con cómplices en todo el Gran Mendoza. A través de las redes sociales colocaban publicaciones con todo tipo de productos a la venta. Una vez que se concretaba la supuesta compra, los delincuentes enviaban un link de pago por medio de perfiles falsos, y cuando la víctima pagaba, la publicación desaparecía. Obviamente nunca se entregaron los productos. En los allanamientos la policía dio con zapatillas deportivas, prendas de vestir, teléfonos celulares, más de $387 mil pesos y cheques por montos millonarios.

Otro caso llamativo fue el desbaratamiento en junio de este año de una banda de extorsionadores que se hacían pasar personal del Ministerio Público y pedían dinero a cambio de no realizar allanamientos. El líder de la banda operaba desde la cárcel y era quién planificaba y seleccionaba a las víctimas a las que les inventaban delitos.

En todos los casos el uso del teléfono celular fue el vehículo perfecto para delinquir

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Eduardo Orellana, director del Servicio Penitenciario de Mendoza.

Eduardo Orellana, director del Servicio Penitenciario de Mendoza.

“Desde que existe la telefonía celular las frontersa de los países quedaron obsoletas. Con más razón quedaron obsoletos los muros de una cárcel. El problema es cómo se ataca. Cómo inteligentemente se trabaja para que esas personas no sigan cometiendo delitos. Tener un teléfono celular no es dañino, al contrario, todos necesitamos tener un teléfono celular en esta modernidad para comunicarnos” analizó el Director Penitenciario Orellana

Y admitió que los teléfonos ilegales están en todos los penales.

¿Fallan las requisas al ingreso? Le pregunté a Orellana. A lo que respondió: “Hoy no tiene que buscar un teléfono, tiene que buscar un chip que es mucho más difícil de encontrar. A medida que va creciendo y desarrollando la modernidad el problema se complica. Hace 20 años el problema de la cárceles era el alcohol, hace 15 las drogas, hoy son los teléfonos celulares, la informatización”.

Entonces ¿Qué se está haciendo? ¿Está la situación bajo control?

“Mire, en el universo de la informática decir que lo tengo controlado es bastante difícil. Es como decir que usted tiene una computadora en su casa y su hijo tiene acceso a una red de pedófilos sin que usted sepa, es bastante difícil de controlar pero es un trabajo que el Estado en su conjunto lleva adelante, no solamente el servicio penitenciario” explicó Orellana,

El Juez Sarmiento contó que antes del 2020 había “claramente un tráfico de teléfonos y esta circunstancia ayudaba o potenciaba la corrupción intracarcelaria y se hacía el ingreso ilegal a través de los visitantes o de operadores del propio sistema que los ingresaban”.

Es más, relató que hubo muchas investigaciones internas tanto del personal penitenciario como de los visitantes cuando querían ingresar móviles. “Se ha intentado establecer alguna reglamentación o leyes que prohíben su uso, pero realmente no han sido de aplicación” dijo Sarmiento.

Por eso para el juez penal es “ridículo pensar en una cárcel sin teléfonos celulares. Lo que la pandemia hizo fue reformular el tema y ahora nos obliga a replantear y a repensar el uso del teléfono, de la comunicación, y todo lo que implica internet y las redes sociales, pensarlo como un derecho regulado, cuidado y vinculado a este proceso de reintegro social que todo persona privada de libertad debe buscar”.

Y planteó que cuando se llegue a la fecha de caducidad de la autorización del uso del teléfono celular en las cárceles el tema merece un análisis más profundo.

Sebastián Sarmiento, juez de Ejecución Penal
Sebastián Sarmiento, juez de ejecución penal.

Sebastián Sarmiento, juez de ejecución penal.

“No solo la potencialidad de cometer hechos delictivos que existían y van a existir estén o no autorizados los celulares, sino tiene que ver con entender que el teléfono celular hoy es una herramienta fundamental en la revinculación de la persona privada de la libertad con su red familiar, con el acceso a actividades educativas y de formación”.

En virtud de los hechos delictivos que se cometen desde los distintos penales como del uso en general que la mayoría de los internos le da a esa herramienta, retirar la autorización al empleo de móviles parece ser una medida acertada, necesaria y de urgente aplicación.

Sobre todo teniendo en cuenta que en Mendoza hay 5500 presos, de los cuales 500 duermen en el piso. Dato aportado por Sarmiento y ratificado por Orellana. Para el magistrado el hacimiento de los penales provinciales, sobre todo en Boulogne Sur Mer y Almafuerte es preocupante y será crítico el año que viene. Para Orellana la sobrepoblación está en números “aceptables” en relación al resto de las cárceles de Latinoamérica.

Es difícil pensar cómo, con esta sobrepoblación carcelaria, con internos que ni siquiera tienen una cama asignada, se realizan los controles para que no ingresen los teléfonos o los chip ilegales.

En Mendoza en diciembre el Ejecutivo y Poder Judicial deberán analizar exhaustivamente si dan marcha atrás o continúan autorizando el ingreso de teléfonos celulares.

Si van hacia atrás con la medida con una acción que retire los teléfonos autorizados probablemente se produzcan reclamos de los reclusos y de los organismos de Derechos Humanos. Pero si continúan con las autorizaciones deberán establecer protocolos más rigurosos, porque aquí no solo está en juego la seguridad penitenciaria, sino también y mucho más importante, la seguridad pública.

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