Polémica y graves acusaciones

Jóvenes de Remar negaron que hayan sido víctimas de explotación laboral en Mendoza

Luego de que la Justicia Federal realizara 6 allanamientos en distintos inmuebles que posee la organización en la provincia, algunos pacientes salieron a defender el trabajo que se hace en esos lugares. "Los necesitamos, no los cierren", pidieron

Remar (abreviatura de "rehabilitación de marginados") es conocida por sus programas de recuperación de adicciones, a las que en Mendoza se suma un programa de contención -con apoyo del Estado provincial- para gente que está en situación de calle.

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Uno de los jóvenes de Remar entrevistados por Canal 7. Se resguarda su nombre para no estigmatizarlo.

Uno de los jóvenes de Remar entrevistados por Canal 7. Se resguarda su nombre para no estigmatizarlo.

"Nos da impotencia ver cómo opina sobre Remar gente que no ha pasado un proceso como el que sufrimos nosotros. No saben lo que es tener una tener una adicción y estar atados a algo que no querés. Y de pronto hay un lugar donde te dan un techo y te ayudan a superar las malas costumbres. Aún queriendo salir adelante, sentimos que se nos sigue juzgando y condenando", relató un joven que habita en una "granja de cambios de hábitos" que posee la ONG en Colonia Segovia (Guaymallén).

Se lo dijo al periodista Julián Chabert para un informe que se difundió en el Noticiero de Canal 7 y que dejó muchas otras reflexiones.

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Remar: las acusaciones y los contextos

En la vereda de enfrente, de acuerdo con veedores del Comité de Lucha contra la Trata -que forma parte de la Jefatura de Gabinete de la Nación- en Remar "se detectaron indicios de explotación laboral".

Todo ello después de una serie de denuncias que se dieron en diversas jurisdicciones y en las que se resaltó que allí se hacía trabajar a las personas sin darles ninguna remuneración.

No obstante, la charla de Canal 7 con algunos de los internados planteó otra perspectiva: los adictos en recuperación generalmente vienen de otras provincias para salir del "círculo vicioso" en el que suelen estar inmersos. Y entregan sus celulares a los coordinadores pero lo hacen -argumentan en Remar- porque si tienen en su poder a los teléfonos se comunican con personas de su entorno anterior y establecen contacto, por ejemplo, para comprar droga.

En cuanto al trabajo en las granjas o vendiendo condimentos en la calle, los entrevistados recordaron que se les prohíbe manejar dinero porque eso evita que adquieran estupefacientes; y que la actividad física cosechando o sembrando vegetales es una de las maneras de ir superando paulatinamente los efectos de la droga y la sensación de abstinencia.

En Remar -a diferencia de otros centros de recuperación- los internos no pagan. Sí se recalca que si los pacientes se quedan en esos sitios tendrán que aportar realizando algún tipo de labor.

"Estos lugares están ayudando a mucha gente. Les pedimos que los mejoren, pero que no los cierren. Que ayuden a los chicos que salen de acá para darles un trabajo. Muchos de nosotros no tenemos buenos antecedentes y necesitamos apoyo para conseguir empleo. Queremos estar bien y estamos buscando una oportunidad", subrayó otro de los entrevistados.

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"Si hay que mejorar, que se mejore. Pero pedimos que no cierren estas instalaciones", recalcó otro de los entrevistados. Se resguarda su nombre para no estigmatizarlo.

Pocas horas después, comenzaron a difundirse algunos videos con más muchachos que insistían en el valor de lo que hace Remar y desmentían las acusaciones que figuran en la causa que -vale aclararlo- todavía se encuentra en proceso de instrucción. Aquí, un ejemplo:

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El caso Remar en Mendoza

El martes 11 de julio, Gendarmería Nacional realizó 32 allanamientos en 5 provincias e informó sobre la detección de "403 presuntas víctimas de trata de personas con fines de explotación laboral" vinculadas a las granjas de rehabilitación de adicciones Remar.

En Mendoza, el número que dieron las fuentes de la Fuerza fue de 138 "rescatados"; pero desde la organización desmintieron ese dato y aseguraron que sólo 5 jóvenes decidieron irse debido a que acababan de iniciar la recuperación y las autoridades "les ofrecieron volver a los lugares de donde venían".

Los procedimientos tuvieron lugar en Mendoza, provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba, tras órdenes de allanamientos emitidas por el Juzgado Federal de San Luis, con la intervención de la Fiscalía Federal y la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX).

De los 32 allanamientos, al menos 6 fueron en nuestra provincia. Se centraron en Ciudad (2), Las Heras (1), Guaymallén (1), Godoy Cruz (1) y San Martín (1).

Por el caso hay 7 personas a las que se les prohibió salir del país.

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