La organización niega todo

Acusaron a Remar de trata de personas y Gendarmería allanó 6 casas y granjas de Mendoza

La Justicia Federal de San Luis ordenó 32 allanamientos en 5 provincias y habló de "403 presuntas víctimas de explotación laboral". En Remar Mendoza aseguran que la denuncia es absurda

En Mendoza, el número que dan las fuentes de la Fuerza es de 138 rescatados; pero desde la organización desmintieron esa información y aseguraron que sólo 5 jóvenes decidieron irse porque acababan de iniciar la recuperación y las autoridades "les ofrecieron volver a los lugares de donde venían".

Cabe recordar que, en la mayoría de los casos, Remar saca a los adictos del entorno que habitan, porque entiende que al cambiarlos de provincia los libera de contextos que suelen ser parte del problema del consumo.

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Los operativos se realizaron en 5 provincias.

Los operativos se realizaron en 5 provincias.

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Los allanamientos de Remar en Mendoza

Lo concreto es que efectivos del Escuadrón de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales Buenos Aires y de las Unidades de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales Sur, Campo de Mayo, Rosario, Santa Fe, Paraná, Mendoza, Córdoba y Río Cuarto dieron cumplimiento a 32 órdenes de allanamiento emitidas por el Juzgado Federal de San Luis, con la intervención de la Fiscalía Federal y la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX).

"La denuncia es de 2020, de un chico adicto que sintió que no lo dejaban irse en plena época de pandemia. La causa quedó archivada y la desempolvaron ahora. Y esas '403 personas rescatadas' de las que hablan son las que están en recuperación en nuestros hogares sumando todas las provincias. Están. No se han ido", subrayó a Diario UNO Ariel Lazare, pastor religioso y director de Remar Mendoza desde hace más de una década.

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Ariel Lazare, director de Remar Mendoza.

Ariel Lazare, director de Remar Mendoza.

De los 32 allanamientos, al menos 6 fueron en Mendoza, aunque en Remar contaron 7. Se centraron en Ciudad (2), Las Heras (1), Guaymallén (1), Godoy Cruz (1) y San Martín (1).

Y en cuanto a los ciudadanos "rescatados", las versiones vuelven a divergir, porque mientras la data que llegó desde la Nación detalla que en Mendoza fueron 138, la mayoría hombres y 13 de ellos menores, en la institución repiten que sólo los mencionados 5 individuos aceptaron irse. Ninguno más.

"El resto de los chicos de las granjas está, y la prensa lo puede verificar cuando quiera porque siguen ahí, rehabilitándose", recalcó Lazare.

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Uno de los hogares de Remar en Mendoza.

Uno de los hogares de Remar en Mendoza.

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A su vez, Lazare es una de las siete personas a las que la Justicia dispuso la prohibición de salida del país y de acercamiento a los lugares allanados. Como resultado de los operativos, se secuestraron dispositivos de almacenamiento de información, aparatos electrónicos, teléfonos celulares, dinero en efectivo y demás elementos de interés para la causa.

"Ayer (por el martes) estuvieron en mi casa -amplió Lazare-, y se quedaron desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Yo creo que esto es todo humo. Querrán tapar otras cosas".

Al llegar a Remar, los adictos inician un proceso de desintoxicación, y cuando están en condiciones de trabajar lo hacen a través de algunos oficios o de la venta callejera. Es ahí donde la Justicia ha puesto la lupa.

"Nada que ver con la explotación laboral. Con esas labores, ellos colaboran con los gastos que tiene la comunidad. Sin embargo, sí es cierto que hubo casos aislados en los que algunos chicos consideraron que no estaban cómodos en ese sistema, se juntaron un par de denuncias y ahora acá estamos", reseñó Lazare.

"A nosotros -consideró- no nos pueden ensuciar por ningún lugar raro porque no cobramos nada por atender a los pibes".

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El rol de la Nación y una advertencia

De acuerdo con lo que pudo reconstruir este medio, en las últimas horas visitaron Mendoza miembros de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), que con apoyo de Gendarmería entrevistaron a las personas que están en las granjas de Remar.

Las requisas y entrevistas se desarrollaron, entre otros sitios, en la casa de Lazare, en un inmueble de Dorrego 361 (El Resguardo, Las Heras), en Tres Porteñas (San Martín) y en Colonia Segovia (Guaymallén). En esta última granja es donde hubo 4 o 5 jóvenes que decidieron aceptar la invitación de los funcionarios nacionales y volver a sus provincias.

Lazare calculó que en Mendoza hay 230 personas que viven en Remar. "Tenemos incluso convenios con el Estado provincial para proteger a 40 varones y 40 mujeres en situación de calle. Eso sí: por este problema me han congelado las cuentas bancarias y no puedo recibir la ayuda de la Provincia. No sé cómo vamos a hacer para seguir funcionando. Esta gente ha quedado a la intemperie", advirtió.

El titular de Remar relató además que está hablando con Alejandro Verón, subsecretario de Desarrollo Social, para que desde el gobierno provincial ayuden a resolver este bloqueo de fondos.

"Mirá si serán turros los de Nación -criticó el entrevistado- que ni siquiera dejaron que actuara la gente de Derechos Humanos de Mendoza. Trajeron gente de Buenos Aires. Con las granjas de adictos en recuperación no hay tanto lío, porque son autosuficientes. Pero con las casas para gente sin techo se va a pudrir todo. Si no podemos mantener esos hogares no nos va a quedar otra que cerrarlos".

Por lo pronto, desde Remar juran que sus dependencias fueron allanadas, pero no clausuradas. O sea que siguen operativas.

Por disposición del juez federal que interviene, los presuntos afectados quedaron a cargo del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento de Víctimas Damnificadas por el Delito de Trata de Personas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

La hipótesis política

Las perspectivas sobre lo que pasó son tan opuestas que es imposible no contemplar algún tipo de gravitación política en lo que ocurrió. Máxime cuando Remar estuvo en la mira mediática días atrás, a raíz del apoyo que recibe por parte del Municipio de Las Heras, con quien la entidad asegura tener convenios para tratar las adicciones.

Como se sabe, la comuna lasherina es hoy epicentro de un verdadero terremoto institucional. Su intendente, Daniel Orozco, es precandidato a la vicegobernación por La Unión Mendocina, en desafío abierto al frente oficialista Cambia Mendoza. Eso ha causado renuncias, acusaciones y la apertura de 10 investigaciones judiciales.

De todas maneras, si se tiene en cuenta que los procedimientos tuvieron lugar en varias provincias y que la causa viene de la Justicia Federal de San Luis, la lectura política se vuelve menos nítida.

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