En Mendoza, como en el resto del país, 7 de cada 10 usuarios no pagó la boleta de la luz en el marco de la emergencia sanitaria desatada por el Covid-19. La pandemia ha golpeado significativamente a todos los sectores de la economía y uno de los más afectados es el de la electricidad. Tanto, que esa baja en la recaudación hace peligrar el normal suministro de energía.
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Así lo vienen advirtiendo desde que empezó la cuarentena las empresas que integran la Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica de la República Argentina (Adeera).
La electricidad es un servicio público de primera necesidad, y por lo tanto fue declarada como actividad esencial. No obstante, la operación se realiza con importantes limitaciones, entre ellas la atención al público, ya que las oficinas comerciales se encuentran cerradas y se autorizó su apertura al solo efecto del cobro de facturas.
El cierre de las bocas de recaudación y bancos complicó aún más el panorama, e hizo caer la recaudación alrededor de un 70%. En la actualidad se trabaja denodadamente por la recomposición de la cobranza.
Pero desde las distribuidoras sostienen que las recientes medidas adoptadas tanto del EPRE en Mendoza (Resolución N° 45/20), como del Gobierno Nacional (Resolución MDP 173/2020), en donde ordenan suspensiones al corte del servicio y el otorgamiento de planes de pago, no ayuda a recomponer la cadena de pagos.
Una fuente de una distribuidora mendocina que pidió no ser identificada sostuvo que la caída de la recaudación alcanzó un mínimo histórico que complica el normal funcionamiento de la empresa. De mantenerse esta situación las distribuidoras solo podrán pagar sueldos, quedando en consecuencia imposibilitadas de pagar el costo abastecimiento e impuestos. También apuntó que en la provincia se vive ya un importante atraso tarifario, “dado que el valor de la misma se encuentra calculado según los precios de diciembre del año 2018”.
Las empresas consideran que hubo desinformación con el DNU del gobierno. Muchos entendieron que a nadie se le podía cortar el servicio, cuando en realidad solo quedan exceptuados los sectores vulnerables, que son los que reciben la tarifa social y las pymes.
“Comprendemos la situación de emergencia que transita el país y la necesidad de apoyar especialmente a este colectivo de usuarios.
Pero se requiere de la solidaridad y responsabilidad del resto de los usuarios, que sí pueden abonar el servicio eléctrico. Por eso incentivamos a realizar gestiones a través de las Apps, páginas web, oficinas virtuales, redes sociales y atención telefónica. Es necesario para posibilitar la prestación de un servicio que incide en el desarrollo de toda la economía del país y el funcionamiento de hospitales y centros de salud tan importantes en este momento”, proclaman desde Adeera.
Otro peligro
Como es sabido, una parte importante de la factura que el usuario paga a las empresas locales va a Cammesa, lo que representa el costo de abastecimiento de la energía distribuida. Otra parte son impuestos y la restante constituye la retribución por la distribución de energía.
El llamado “costo de abastecimiento” administrado por Cammesa se lleva la porción más importante de la factura de electricidad (contiene el cargo por la generación y transporte de energía). Este cargo es de tal relevancia que si una distribuidora no paga, la administradora Cammesa puede restringir el suministro de energía a dicha distribuidora y llegar incluso a la interrupción del mismo.
“La crisis en la que estamos sumidas las compañías locales hace que nos encontremos en serias dificultades para el pago del costo de abastecimiento y con ello viene el riesgo de corte de energía”, cerraron desde otra distribuidora. Por último, consultadas fuentes del sector, confirmaron que hay distribuidoras que durante el mes de abril pudieron pagar solo el 10% del costo de abastecimiento y conforme las proyecciones del mes, en mayo no podrán pagar costo de abastecimiento y algunos impuestos.