Argentina destinará apenas $39 por mes para proteger cada hectárea de bosque nativo en el 2027

Según un informe detallado por Meteored, esta brecha económica implica que el Estado asignará para la protección de bosques nativos un total de $466 por hectárea al año, una cifra irrisoria que equivale a un financiamiento de apenas $39 por mes por hectárea. El análisis publicado por el medio meteorológico alerta que esta desinversión reduce a niveles críticos la capacidad técnica y operativa de control ambiental en las provincias.

Ley de Bosques: una partida que cubre solo el 4,07% del piso legal

La Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos, promulgada en 2007, ideó un mecanismo específico para garantizar el uso sustentable de la tierra y frenar la pérdida de cobertura verde:

• Incumplimiento del piso presupuestario: de acuerdo con lo consignado por Meteored, el artículo 31 de la norma obliga a destinar al fondo de protección al menos el 0,3% del Presupuesto Nacional, meta que en la proyección oficial de 2027 queda prácticamente desestimada al asignarse menos de una vigésima parte de lo legal.
• Desfinanciamiento crónico: especialistas consultados por Meteored remarcaron que, más allá de la coyuntura del Presupuesto 2027, la asignación de recursos nunca superó el 10% de lo exigido por ley a lo largo de los sucesivos ejercicios económicos.
• Provincias sin presupuesto para fiscalizar: Manuel Jaramillo, director general de Fundación Vida Silvestre Argentina, subrayó ante el portal Meteored que la escasez de fondos impide a los gobiernos provinciales inspeccionar desmontes y quita cualquier incentivo financiero a los propietarios privados para conservar o restaurar el suelo forestal.

Deforestación clandestina y emergencia en el territorio

El recorte directo en la protección de bosques nativos repercute de manera inmediata en la preservación de los ecosistemas más castigados del territorio argentino:

• Avance de la deforestación ilegal: tal como precisó Meteored, crecen las transformaciones no autorizadas de suelo para actividades agrícolas intensivas, desarrollos inmobiliarios y trazados viales que terminan fragmentando ecosistemas enteros.
• Abandono de áreas arrasadas por incendios: la legislación ordena la restauración de los sectores destruidos por el fuego o las talas ilegales, pero los recursos proyectados en el Presupuesto 2027 hacen inviable la remediación ambiental en terreno.
• Falta de un registro de infractores: el medio especializado remarcó la urgencia de implementar el registro nacional para castigar a quienes violan la Ley de Bosques, una deuda administrativa que facilita la impunidad ambiental.
• Pérdida de guardaparques y tecnología: la falta de presupuesto debilita las cuadrillas de brigadistas forestales, la compra de equipamiento para patrullaje y la renovación de sistemas de monitoreo satelital en tiempo real.

Servicios ecosistémicos en juego: inundaciones, agua y cambio climático

La degradación sostenida de las masas boscosas genera un impacto directo en la seguridad de las poblaciones urbanas y rurales de todo el país:

• Regulación del agua y barrera contra inundaciones: los bosques nativos cumplen la función vital de retener las precipitaciones extraordinarias mediante la infiltración del suelo; su destrucción incrementa la erosión hídrica y eleva el riesgo de inundaciones severas.
• Freno ante el cambio climático: la cobertura vegetal autóctona captura millones de toneladas de gases de efecto invernadero y preserva microclimas que mitigan olas de calor extremas.
• Pérdida irreparable de biodiversidad: la desaparición de especies de fauna y flora silvestres degrada cadenas alimentarias enteras y pone en riesgo recursos medicinales y productivos esenciales para las economías regionales.