También secuestró las imágenes de las cámaras de seguridad, el registro de ingresos y ordenó el allanamiento del Ministerio de Salud, para determinar quiénes ingresaron entre el 1 y el 19 de febrero y que estén implicadas en el Vacunagate.
Lo mismo ordenó en el Hospital Posadas, donde varios funcionarios y allegados al poder fueron a vacunarse. Solicitó las imágenes de las cámaras de seguridad, la lista de las personas que se vacunaron en ese lugar, el personal destinado para realizar las inoculaciones y el registro de las vacunas Sputnik V recibidas.
Pero en medio de todas estas medidas, el fiscal Taiano recibió el martes una notificación de Anses para que terminara los trámites de jubilación y deje su cargo.
Si bien hace unas semanas se conoció que más de 200 jueces y fiscales fueron intimados a finalizar los trámites previsionales y dejar sus funciones, esta decisión fue interpretada como una embestida más contra el Poder Judicial.
Al comienzo de febrero Andes comenzó a notificar a los funcionarios judiciales con jubilaciones ya otorgadas que presentaran su renuncia en 30 días para dejar sus cargos, y en caso de no hacerlo se reverá el régimen con el que se jubilaron.
El caso puntual del fiscal federal Eduardo Taiano se da cuando está en plena investigación por el escándalo del Vacunatorio VIP, y temen que esto tenga una intencionalidad política de fondo.
