La tasa de presos en Mendoza es de 292 cada 100.000 habitantes: 18% más que la media nacional. Esta particularidad entró dentro del análisis que la Comisión Nacional contra la Tortura hizo al recorrer comisarías y cárceles de la provincia, de manera sorpresiva.
La Comisión Nacional contra la Tortura entrevista presos de manera confidencial para evaluar el estado y los tratos en las cárceles.
Llama la atención junto con la superpoblación en las unidades penitenciarias y la cantidad de condenados con penas de prisión cortas; en su mayoría producto de juicios abreviados, es decir, de procesos en los que medió un acuerdo entre la fiscalía y el acusado con el fin de evitar un periplo judicial.
El informe final estará listo en un par de semanas. Las observaciones o recomendaciones que surjan no son vinculantes pero ayudan a los tres poderes del Estado en la toma de decisiones.
Como parte del recorrido –que recién terminará este jueves-, el secretario ejecutivo de la CNCT Alan Iud, los comisionados Kevin Nielsen y Natalia Gabellini; y el director de Litigios, Gonzalo Evangelista, ya se reunieron con el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Dalmiro Garay Cueli; y con los ministros de Seguridad y de Educación, Mercedes Rus y Tadeo García Zalazar.
Con la Corte, de hecho, la Comisión firmó un convenio para capacitar a médicos forenses de Mendoza en investigación eficaz de malos tratos y tortura.
Esto, porque “a violencia policial y penitenciaria es un delito que tiene sus particularidades”, explica a Diario UNO el abogado Kevin Nielsen.
“La detección de malos tratos o torturas en ámbito carcelario, aún en casos que terminan con la muerte del detenido, no es tan sencilla; de ahí que, desde la comisión, hacemos foco especialmente en que el Poder Judicial tenga capacidad de investigación de estos hechos, para poder proceder a las sanciones correspondientes”.
Visitas sin aviso a cárceles y comisarías
El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) es un organismo público autónomo, que se encuentra dentro del ámbito del Poder Legislativo. De hecho, de ella participan dos representantes del Senado: Juan Manuel Irrazábal y Rocío Alconada Alfonsín.
Fue creado por ley en 2017 luego de que Argentina suscribiera un tratado internacional que así lo exige: la Convención Contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Desde su conformación, visita con o sin aviso previo establecimientos públicos o privados en los que se viven situaciones de encierro como cárceles, comisarías, residencias de adultos mayores, hogares de niños y adolescentes e instituciones de salud mental.
El objetivo es, como su nombre lo dice, prevenir, controlar e impedir que se cometan malos tratos o torturas tanto físicas como verbales, que se respeten los derechos de las personas que se encuentran en encierro y que las instalaciones cumplan con las condiciones mínimas establecidas según parámetros internacionales.
En Mendoza, la primera visita se dio en 2021, en contexto de pandemia. Y la segunda es esta que se está llevando a cabo esta semana.
Tras aquella primera vez, la comisión realizó recomendaciones y observaciones y, desde entonces, se efectuó un seguimiento.
En estos días, los comisionados ya pasaron por unidades penitenciarias como San Felipe, Boulonge Sur Mer y Almafuerte 1 y 2; también por la Estación Transitoria de Detenidos y Aprehendidos ubicada en el Polo Judicial; y por comisarías que fueron “sopladas” por organizaciones no gubernamentales.
En todos estos sitios, la comisión evaluó acciones de violencia institucional mediante la observación del lugar y entrevistas confidenciales que realizó tanto con internos como con empleados.
El mismo sistema se aplica en instituciones de salud mental, residencias y hogares.
Las advertencias de la Comisión contra la Tortura sobre el sistema mendocino
Los hallazgos sistemáticos y las buenas prácticas observadas por la comisión en esta última visita se volcarán en un informe que se hará público el mes que viene. El mismo, contendrá las advertencias y las recomendaciones al Estado, tanto respecto de la normativa como respecto del accionar policial y penitenciario, y de su investigación y sanción.
“La idea no es denunciar, sino dialogar con el Estado y ponernos a disposición para asesorarlo. Luego, medimos”, explicó Nielsen.
Sin adelantar resultados concretos del informe, el comisionado dio un panorama de la situación carcelaria y judicial de Mendoza.
“Es fundamental que el Poder Judicial tenga capacidad para investigar la violencia institucional”, dijo y por eso es que se firmó el convenio de capacitación con el presidente de la Corte.
La superpoblación de las unidades penitenciarias tampoco es buena. Que las cárceles están estalladas es una constante a lo largo y ancho del país pero en Mendoza en particular la tasa de presos está muy por encima de la media nacional: 292 presos cada 100.000 habitantes, cuando el promedio es 240.
La lupa puesta en las penas cortas y la prisión por delitos menores
Y dentro de esos detenidos, se advierte una gran proporción de condenados con penas cortas, fenómeno que crece producto de juicios abreviados.
Ese instituto procesal fue revalorizado durante la primera gestión de Alfredo Cornejo en Mendoza pero en los últimos meses fue cuestionado; no como herramienta en sí, sino por el abuso de su uso.
Según el gobernador, los fiscales se ven “obligados” a negociar penas en juicios abreviados cuando les “tocan cierto tipo de jueces” que no están entre los considerados “severos”.
Desde el fuero penal, el ministro de la Corte Omar Palermo subrayó que el 80% de los juicios se resolvió de manera abreviada y que los jueces “poco tienen para hacer” si el Ministerio Público Fiscal acuerda con el defensor.
Para el magistrado, el instrumento fue pensado para delitos que no son tan determinantes. En cambio, en Mendoza se ha utilizado incluso para acordar penas por homicidios o abusos sexuales.
La Comisión Nacional contra la Tortura considera, en tanto, que la “prisión no es la única respuesta al delito”; y que, de hecho, “períodos de encarcelamiento cortos son contraproducentes porque la cárcel deteriora al sujeto”; de ahí que no resulta una solución ni para la víctima, ni para el delincuente, ni para la seguridad pública.
Este tipo de prácticas o normas como la reiterancia, que aumenta el encarcelamiento de personas que cometen pequeños delitos, son entendidas como regresivas. “La recomendación internacional es otra”, explica Nielsen.
En ese mismo combo entran la facultad policial de averiguar antecedentes por cualquier motivo, o códigos contravencionales o penales que limitan protestas con el ejercicio de la fuerza o el poder de detención.
El equilibrio entre punir y la pena que se aplica
Entender solamente a la prisión y las penas duras como una respuesta al delito es un error, advierte la Comisión. “Hay demagogia punitiva”, dice Nielsen. "Oportunismo político", lo bautizó el juez de la Corte José Valerio.
Pasa que, en general, el ciudadano está de acuerdo con esas premisas porque de esa manera se logra que no haya impunidad, “pero el tema es qué pena se aplica” y cómo se aborda el conflicto de fondo.
En lugar de la pena de prisión, para delitos menores se puede aplicar un sistema de monitoreo, o trabajo comunitario, la reparación del daño, la obligación de realizar un tratamiento contra las adicciones, o que cumpla con la escolaridad.
“Se debe abordar el caso desde Desarrollo Social. Conocer qué es lo que sucede con esas personas que delinquen; eso es lo que hay que evaluar, para hallar una solución”… pero, claro, es el camino más difícil.
“El de la pena de prisión es el camino más fácil pero también es el más caro. Hay que preguntarse cuánto ‘sale’ un preso. Algunos, con un acompañamiento económico dejarían de delinquir. Pero no está la sociedad preparada para eso”, reconoce el abogado; y, por eso, la ONU recomienda que este tipo de comisiones de control cumplan también un rol de sensibilización social.