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Rodolfo Suarez acelera su estrategia para refinanciar la deuda del 2023 sin el aval del PJ

En su estrategia de evitar confrontar con el PJ en la negociación de la deuda, el Gobierno proyecta el artículo 68 de la Ley de Administración Financiera para refinanciar los 120 millones de dólares que vencen en marzo del 2023 para lo que no pidió roll over

Para el último año de su gestión Rodolfo Suarez cambió la estrategia para la negociación de la deuda de Mendoza. Para pagar los 120 millones de dólares (cerca de $20.000 millones) que vencen en el 2023 el Gobierno no pidió roll over, para lo que le urgía el aval del PJ porque requería tener los dos tercios de la Legislatura. En cambio buscará reestructurarla aplicando a la ley de Administración financiera.

Es claro que Suarez y su equipo de Hacienda pretenden sacarse de encima los previsibles cuestionamientos de la oposición en materia de endeudamiento en el año electoral 2023, y por eso cambió de estrategia.

En lo estrictamente técnico esa forma de refinanciar la deuda, que se ampara en el artículo 68 de aquella ley, ya tiene el aval de Asesoría de Gobierno y del Ministerio de Hacienda, pero ahora necesita el respaldo del Fiscal de Estado, Fernando Simón, que ya tiene el expediente en su escritorio. Ese aval es clave para que el gobernador Rodolfo Suarez pueda emitir el decreto que deberá enviar a tres ministerios nacionales para que lo avalen.

Aunque no hay tiempos para que el fiscal de Estado emita su dictamen sobre si se puede aplicar o no la Ley de Administración financiera a la hora de refinanciar la deuda, en el Gobierno se esperanzan con que esa decisión pueda conocerse en breve, porque el primer vencimiento de la deuda es en marzo, por lo que entienden que sería clave empezar a buscar cómo renegociarla al menos en febrero.

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Sin embargo, en el terreno político ya se avizoran cuestionamientos del PJ que puso la lupa en con qué acreedores se podrá refinanciar la deuda en dólares que se vence en el 2023 y hay quienes dicen que podrían judicializar esa refinanciación e incluso llegar hasta la Suprema Corte.

Los que tienen experiencia en refinanciar deuda saben que si la estrategia tiene cuestionamientos judiciales la negociación se empantana. "En este tipo de negociación no hay grises, y la estrategia tiene que tener el 100% de avales y de transparencia, si se lleva a la Justicia y los acreedores ven que hay una contingencia legal, pondrán en duda la operación", vaticinan.

Qué dice el artículo de la polémica para poder refinanciar deuda

La estrategia del Gobierno para no pedir roll over y no necesitar el aval del PJ, se concentra en la letra del artículo 68 de la Ley de Administración fFinanciera.

En ese apartado se puede leer: "El Poder Ejecutivo puede realizar operaciones de crédito público para reestructurar la deuda pública mediante su consolidación, conversión, reprogramación, refinanciación o renegociación, en la medida que ello implique un mejoramiento de los montos o plazos o intereses de las operaciones originales o permita liberar o cambiar garantías o bien modificar el perfil o costo de los servicios de la deuda o cualquier otro objeto en la medida que resulte conveniente para la Provincia a los fines de hacer frente a sus compromisos presentes o futuros, pudiendo modificar y/o incrementar las partidas que sean necesarias contra la mayor recaudación estimada debidamente fundada, en la medida que corresponda, y a los fines de poder efectuar la registración. La mencionada operatoria debe contener un dictamen del auditor interno de la Provincia y ser comunicada a la Legislatura en el término de quince días posteriores".

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El ministro de Hacienda, Víctor Fayad, defendió la estrategia de apelar al artículo 68 de la ley de Administración financiera para renegociar la deuda:

El ministro de Hacienda, Víctor Fayad, defendió la estrategia de apelar al artículo 68 de la ley de Administración financiera para renegociar la deuda: "cumplimos con los requisitos que establece, mejoramos la deuda y las condiciones", afirmó.

"En el artículo 68 se establece cómo refinanciar o renegociar la deuda que ya se aprobó originalmente por los dos tercios de la Legislatura. Por tanto no necesita ser aprobada por esa mayoría especial porque la deuda original ya tuvo ese aval", aclara el ministro de Hacienda Víctor Fayad y acota: "Nosotros vamos a refinanciar esa deuda en dólares con un endeudamiento en pesos, y mejoraremos las condiciones de la deuda, por lo que cumplimos con esos requisitos".

Sin embargo, en el peronismo insisten en que el concepto de reestructurar la deuda "supone mejorar las condiciones de esa deuda pero con el mismo acreedor, porque si se refinancia con otro acreedor es salir a tomar nueva deuda y para eso sí se necesitan de los dos tercios de la Legislatura", retrucan.

De esa diferencia conceptual se agarrarían para cuestionar la estrategia oficialista. Para ellos ahí está la clave para sostener que la aplicación del artículo 68 es inconstitucional y con ese argumento llevarían la discusión a la Justicia.

Anticipándose a ese debate desde el Ministerio de Hacienda aseguran que "el artículo 68 en ningún momento define con qué acreedores se debe refinanciar una deuda" y refuerzan: "No tendría sentido limitar una refinanciación con el mismo acreedor porque le quita poder de negociación al Gobierno. Sería absurdo porque le impediría a Mendoza acceder a mejores condiciones de deuda con otro acreedor".

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El camino que se trazó Suarez para renegociar

Apelando a esa estrategia de refinanciación de deuda en el cuarto piso de Casa de Gobierno ya van tildando los pasos técnicos y políticos que se van cumpliendo para llegar a su objetivo, sin necesidad de pedir roll over.

Ya tienen el aval de Asesoría de Gobierno y del Ministerio de Hacienda, que es en donde se gestó la maniobra. Ahora esperan que puedan obtener el respaldo del fiscal de Estado y con eso Suarez tendrá el camino allanado para emitir su decreto.

Ese decreto deberá ir a la Legislatura y en paralelo a los ministerios del Interior y de Economía de la Nación y al Banco Central para ser aprobado, ya que al refinanciar deuda la provincia pone de garantías la coparticipación y las regalías que recibe.

También deberá girarse ese decreto al Tribunal de Cuentas de la provincia.

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