A propósito de estos interrogantes, el comentario desde el Consulado de Bolivia en Mendoza fue escueto: "No tenemos órdenes de Cancillería para emitir declaraciones, y además no nos ha llegado ningún comunicado oficial sobre lo que usted está diciendo", respondieron antes de cortar la llamada.
Los extranjeros, de acuerdo a declaraciones del propio gobernador Alfredo Cornejo, representan sólo el 2% de los pacientes que se atienden en los efectores públicos mendocinos. Pero lo que para el Estado puede ser una porción mínima del gasto total, para un individuo o una familia puede representar mucho.
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La construcción y la industria ladrillera, dos polos de actividad para los bolivianos en Mendoza.
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Fondos públicos y debate sanitario
El decreto 1.266 que se publicó el pasado 24 de julio reglamenta a la recientemente aprobada ley 9.535 y establece que los efectores públicos de la provincia van a empezar a cobrar los servicios de salud a los argentinos que tengan prepaga u obra social y a los extranjeros sin residencia formal.
El decreto dice textualmente: "se considerará no residentes a los pacientes de nacionalidad extranjera que se encuentren en las categorías de residentes transitorios y precarios (...). En estos casos, los gastos de la asistencia médica recibida deberán ser solventados por los propios pacientes (...) Los extranjeros que acrediten su calidad de residentes permanentes y temporarios (...) accederán a la cobertura de salud en las mismas condiciones que los residentes de nacionalidad argentina (...)".
¿Y qué son las residencias transitoria y precaria, que quedaron fuera de la atención gratuita? Las dos se otorgan por tiempo limitado. La primera es para actividades específicas y no habilita la obtención de DNI. Se aplica a turistas, pasajeros en tránsito, tripulantes de transporte internacional y migrantes estacionales, entre otros. La segunda, es decir la precaria, es la que se otorga mientras se tramita la residencia temporal o permanente.
"La Ley de Migraciones obliga a la provincia a atender a cualquier persona que esté dentro del territorio, pero no dice que tengamos que financiarla" (Rodolfo Montero, ministro de Salud)
"Para las urgencias y emergencias, hay convenios de la provincia y la Nación con países limítrofes; y no sólo los atendemos sino que no les cobramos", consignó el ministro de Salud, Rodolfo Montero, durante una entrevista que le hicieron el miércoles pasado en el programa "Séptimo Día" (Canal 7).
Y amplió: "Estamos hablando de cobrar los procesos ambulatorios. Vamos a decir 'no corre riesgo su vida si usted no se hace este tratamiento, así que se lo tenemos que cobrar'". Este criterio, según el ministro, va en sintonía con la Ley de Migraciones, que obliga a la provincia a atender a cualquier persona que esté dentro del territorio, 'pero no dice que tengamos que financiarla nosotros'".
Montero puso como ejemplo a dos ciudadanos chilenos que el mismo miércoles fueron al servicio de odontología de un hospital público: cuando les dijeron que iban a facturarles el tratamiento, se fueron.
Con esta nueva política, Mendoza se suma a Salta y Santa Cruz en el cobro de la atención médica a extranjeros, mientras en Córdoba, Neuquén y Corrientes, entre otras provincias, el asunto gana protagonismo en la arena pública.
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El ministro de Salud y Deportes de Mendoza, Rodolfo Montero.
Foto: Martín Pravata / Diario UNO
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Las dudas en la colectividad boliviana
Aldo Ballejos (34), presidente de la colectividad boliviana de Guaymallén, reconoció que en algunos sentidos podría estar de acuerdo con cobrar los servicios de salud, pero en otros no.
"Hay bolivianos que viven acá hace muchísimos años y no han podido hacer su documentación. Conozco a mucha gente indocumentada que reside en Mendoza. Esas personas ni siquiera figuran en el sistema, y si necesitan atención médica me parecería injusto que les cobren porque ellos aportan mucho a la economía local", analizó.
Por eso adelantó que se está estudiando la decisión del Gobierno para, llegado el caso, hacer un planteo a través de las autoridades consulares. Una posible salida sería intensificar los operativos para colaborar en la regularización de los migrantes, de modo que no se queden sin cobertura.
"Pensemos en una mujer que al arribar al país queda embarazada y requiere acompañamiento médico durante ese proceso, ¿Se la asiste o no?", se preguntó el referente.
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Los referentes consultados coincidieron en que hay un número importante de personas que no han terminado sus trámites de radicación y están "fuera del radar". Muchos de ellos viven en áreas rurales.
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Luego Aldo aportó una experiencia personal. Relató que durante muchos años su padre sufría un dolor intermitente e impreciso que duraba algunas horas y luego se iba. No parecía algo de vida o muerte. "Cada tanto, cuando yo lo veía mal, agobiado, él me respondía 'me voy a acostar, mañana estaré bien'. Al otro día se iba a la obra, como siempre. Había trabajado en Argentina desde los 14 años. A los 77 decidió ir al médico por esos dolores y resultó que tenía cáncer. Murió dos semanas después".
Desde el Valle de Uco, Gregorio Flores (49), presidente de Asociación Colectividad Boliviana de San Carlos, aseveró que la medida "dejará expuestos a los hermanos que vienen como golondrina" e incluso a los que no han completado los papeles. "Afortunadamente acá contamos, por lo menos una vez al mes, con una oficina móvil de Migraciones. Pero también oímos que a veces la persona hizo el trámite hace tiempo y se queda esperando la documentación. Como a veces somos humildes y callados, nos demoran", lamentó.
"Nos preocupa que esas personas dejen de ir a un hospital porque crean que les van a cobrar", marcó Flores.
Su perspectiva apunta a un dilema de la salud pública: suponiendo que un migrante sin papeles tenga una enfermedad transmisible pero no mortal y por cuestiones económicas no se trate, ¿no representará para el Estado un gasto mayor el hecho de que esa persona siga contagiando a otros? Se puede pensar en la gripe, pero también algunas enfermedades de transmisión sexual, etcétera.
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"Existen trabajadores que ni siquiera figuran en el sistema", remarcó Aldo Ballejos sobre la condición de algunos migrantes en Mendoza.
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Medicina y tradiciones de Bolivia
Rigoberto Saravia (57) es referente de la colectividad boliviana en Maipú y diabético. Dice que si no fuera porque tiene la residencia hace décadas, quizá ahora tendría dificultades para tratarse.
"Muchas veces son los mismos patrones los que no estimulan que los migrantes saquen sus papeles, porque si lo hacen pueden verse obligados a blanquearlos y pagar aportes"
"Esta nueva normativa -expresó- fue una sorpresa y nos genera dudas sobre lo que puede pasar de acá en adelante; no solamente con la colectividad boliviana sino con la chilena, la colombiana, la peruana. Gran parte de nosotros llega para trabajar en la actividad agrícola y muchas veces son los mismos patrones los que no estimulan que saquemos los papeles, porque saben que si lo hacemos pueden verse obligados a ponernos en blanco y pagar aportes".
Saravia advirtió, de todos modos, que en los últimos años no es tan común que vengan trabajadores golondrina de otros países. "La situación del peso argentino es mala, entonces lo que vemos es que los que se vienen llegan para radicarse aquí directamente, porque tienen contactos o familia".
El boliviano que se radica en áreas rurales de Mendoza por lo general viene de áreas rurales de Bolivia, señaló Saravia.
Rigoberto recordó que el boliviano que se traslada para trabajar en áreas rurales de Mendoza por lo común viene también de áreas rurales de Bolivia. Es decir que el vínculo con las dependencias estatales es más bien lejano.
"Son ciudadanos que necesitan orientación. Hay que explicarles que deben ir al consultado boliviano, sacar partidas de nacimiento, certificados de antecedentes penales de Bolivia y de Argentina, y luego ir a Migraciones. No es fácil", opinó.
El choque cultural es importante. "Suele haber desconfianza hacia la ciudad, por eso es bueno que vengan las oficinas móviles. De lo contrario, vemos que a los recién llegados los tienen de un lado al otro, sin saber bien adónde tienen que ir. Los habrás visto por el centro, con las guagüitas a cuestas, yendo y viniendo. Y la verdad es que Mendoza necesita de la comunidad boliviana. Es, entre otras cosas, la que le brinda alimentos a buen precio por trabajar en la zona productiva".
Por último, Rigoberto subrayó que en su colectividad se contemplan otras opciones de salud además del hospital, lo que hace que no sean usuarios "intensivos" del sistema. "En general, los compatriotas suelen acudir a remedios tradicionales, y sólo en circunstancias puntuales van al médico. Por eso no se puede hablar de turismo sanitario por parte de los bolivianos".
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Rigoberto Saravia, referente de la colectividad boliviana de Maipú.
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Otras perspectivas
Un sondeo entre algunos legisladores que participaron de los debates en el recinto aporta más variables a la discusión. Algunos remarcan, por ejemplo, que el Ente de Recuperación de Fondos para el Fortalecimiento del Sistema de Salud de Mendoza (Reforsal) -que se creó para cobrarles a los pacientes que tengan obra social y a los extranjeros no residentes- representa un engorro burocrático más para el Estado.
"Resulta que se prevén litigios para cobrar la plata de esa atención. O sea que van a cargar al sistema sanitario y también a los tribunales. Y además, si las empresas prepagas revisan el nomenclador de prestaciones del Estado y compueban que les sale más barato enviar a los pacientes al hospital público y luego litigar para terminar pagando por debajo del costo real, lo van a hacer. Es cuestión de que se pongan a sacar cuentas", arriesgaron.
El eje, aportó otro miembro de la Casa de las Leyes, debería estar en potenciar el área pública y también la privada, para que no se produzcan sobrecargas en las instituciones estatales. Suena sencillo, pero no lo es.
Desde el Gobierno defienden la iniciativa y prometen que se recuperará dinero que hoy se usa mal. El tiempo, ese adversario que nos mata huyendo, tendrá la última palabra.
