Privatizaciones: el gobierno nacional fijó nuevas las reglas para vender empresas públicas

La normativa fue publicada en el Boletín Oficial y reglamenta el marco operativo para la transferencia de activos estatales. El esquema abarca las operaciones contempladas tanto en la Ley Bases N° 27.742 como en la Ley de Reforma del Estado N° 23.696, normas vigentes para encarar los procesos de venta, concesión o cesión de participaciones accionarias del Estado nacional.

El nuevo sistema digital para las privatizaciones

De acuerdo con lo dispuesto por la autoridad administrativa, todas las operaciones de remate público se instrumentarán en forma electrónica mediante la plataforma SUBAST.AR. Esta herramienta digital centralizará la comercialización de acciones, cuotas de capital social, establecimientos productivos o bienes pertenecientes al sector público nacional que el Ejecutivo resuelva enajenar.

Para poder intervenir en las convocatorias, los interesados deberán concretar un registro previo dentro del módulo específico denominado "Privatizaciones", alojado en el sistema CONTRAT.AR. Cumplir con este paso resulta una condición indispensable para quedar habilitado técnicamente antes de presentar cualquier propuesta o puja económica en las subastas programadas.

Aquellos actores económicos que ya hubieran completado su validación en dicho apartado durante el período anterior no requerirán realizar un nuevo trámite administrativo. La disposición fija que las inscripciones previas mantendrán su validez operativa, permitiendo a esas firmas participar de manera directa en los llamados que se abran en los próximos meses.

Requisitos de inscripción para operar en privatizaciones

El mecanismo reglamentado por el Estado dispone además que las empresas o personas físicas deben registrarse como oferentes en la plataforma COMPR.AR, dentro de la sección correspondiente a subastas públicas. Este paso formal procura verificar la idoneidad legal y financiera de cada postulante antes de la apertura de las ofertas.

No obstante, la norma contempla una excepción para los proveedores que ya se encuentran incorporados formalmente al Sistema de Información de Proveedores (SIPRO). Quienes cumplan con esa condición y además posean la validación en el módulo especial de privatizaciones quedarán eximidos del trámite adicional, simplificando así la gestión burocrática.

Un aspecto técnico central fijado por la Disposición 52/2026 exige que la figura del Administrador Legitimado coincida exactamente en los tres sistemas oficiales involucrados: SUBAST.AR, COMPR.AR y CONTRAT.AR. Esta homogeneidad de datos busca garantizar la trazabilidad de las actuaciones y la responsabilidad jurídica de quienes operen en representación de las empresas.

Asimismo, la reglamentación abarca a los concesionarios constituidos bajo el régimen de la Ley 17.520 de obras públicas. Dichos actores podrán participar en las licitaciones o subastas siempre que los procedimientos se encuadren estrictamente dentro de los preceptos vigentes de la reforma estatal.

El impacto de las privatizaciones en Mendoza y el país

El dictado de estas reglas operativas coincide con el avance de varios procesos estratégicos que impulsa la Agencia de Transformación de Empresas Estatales. En Mendoza se abrió la convocatoria internacional para otorgar la nueva concesión del Complejo Hidroeléctrico Los Nihuiles por un plazo de 30 años.

El procedimiento provincial incluye además la venta del 100% de las acciones pertenecientes a Hidroelectricidad Mendocina S.A., ratificando la articulación entre las jurisdicciones para licitar activos energéticos. Con este ordenamiento administrativo, el gobierno nacional busca dotar de previsibilidad a las convocatorias y estandarizar los requisitos para la llegada de capitales privados.