Ley de expropiación: endurece requisitos para que el Estado pueda quedarse con un inmueble o una empresa privada

La iniciativa también incorpora nuevos derechos para los propietarios y fija plazos para evitar que los procesos se extiendan durante años.

En términos generales, el oficialismo sostiene que la reforma busca fortalecer el derecho de propiedad y dar mayor seguridad jurídica. La oposición, en cambio, advierte que podría dificultar futuras obras públicas, encarecer las expropiaciones e incluso impedir que un gobierno recupere empresas privatizadas.

Las condiciones que la Ley de Expropiación le impone al Estado

Hoy la Ley de Expropiaciones permite declarar de utilidad pública un bien cuando se persigue el "bien común", un concepto amplio que deja un importante margen de interpretación.

El proyecto endurece ese criterio.

De aprobarse, el Estado tendrá que demostrar que la expropiación es necesaria, adecuada y proporcional para cumplir un objetivo concreto, y esa declaración deberá interpretarse de manera restrictiva.

Mejora la indemnización para el expropiado

Otro de los cambios más importantes está en la compensación económica.

La ley vigente no reconoce el lucro cesante, es decir, las ganancias que el dueño deja de obtener por perder el bien.

La reforma sí lo admite, aunque bajo condiciones estrictas: deberá probarse objetivamente que el perjuicio fue una consecuencia directa de la expropiación y, en principio, no podrá superar el 30% del daño emergente, salvo que el afectado demuestre un perjuicio mayor.

También cambia el momento en que se fija el valor del inmueble.

En lugar de tomar como referencia una tasación posterior, el proyecto establece que el precio deberá calcularse según el valor que tenía el bien antes de cualquier anuncio o acto oficial relacionado con la futura expropiación, para evitar que las expectativas alteren el precio. Luego ese monto se actualizará por inflación y una tasa de interés del Banco Nación.

Además, ratifica que el Estado no podrá quedarse con la propiedad sin haber pagado previamente la indemnización completa.

Nuevos casos de expropiación irregular: cuándo el privado podrá demandar al Estado

El proyecto amplía los casos en los que un particular podrá demandar al Estado por una expropiación irregular.

Hasta ahora esa posibilidad estaba prevista para dos situaciones puntuales: si el Estado tomaba el bien sin pagar previamente, o si una ley de utilidad pública hacía de hecho indisponible el bien.

La iniciativa del oficialismo suma un nuevo supuesto: cuando una restricción impuesta por el Estado sea tan intensa que, en los hechos, impida al propietario usar, disfrutar o disponer normalmente de su bien, aunque nunca se haya dictado una expropiación formal.

También endurece las reglas para las ocupaciones temporáneas de bienes privados por razones de urgencia. Solo podrán ser ordenadas por el Poder Ejecutivo Nacional, deberán estar debidamente justificadas y tendrán un plazo máximo de 90 días, prorrogable una sola vez en casos excepcionales.

Las críticas de la oposición: "Con esta ley, YPF no se habría podido expropiar"

La oposición y organizaciones como el CELS sostienen que la reforma fortalece tanto la protección de la propiedad privada que terminará limitando una de las principales herramientas con las que cuenta el Estado para intervenir por razones de interés público.

Como ejemplo, afirman que si estas reglas hubieran estado vigentes en 2012, la expropiación de YPF habría sido mucho más difícil -o prácticamente inviable-, debido a las nuevas exigencias para justificar la utilidad pública, los mayores costos de las indemnizaciones y la obligación de pagar íntegramente antes de tomar posesión del bien.

También advierten que las nuevas condiciones podrían encarecer y demorar expropiaciones necesarias para construir rutas, represas o ejecutar proyectos de urbanización. Además, cuestionan la incorporación de una nueva figura de "expropiación indirecta", ya que consideran que podría ser utilizada por grandes empresas para reclamar indemnizaciones cuando una ley ambiental o una regulación estatal limite el uso de sus propiedades.

Por mayoría, el oficialismo ya logró la media sanción del proyecto en el Senado. Para que los cambios en la Ley de Expropiación se concreten, deberá aprobarlos también la Cámara de Diputados.