La Provincia de Mendoza tiene más una de una cuestión pendiente en la Corte Suprema de Justicia. Dos de las últimas causas iniciadas este año recibieron dictamen de la Procuración esta semana y quedarán bajo el ala del máximo tribunal.
La Provincia de Mendoza tiene más una de una cuestión pendiente en la Corte Suprema de Justicia. Dos de las últimas causas iniciadas este año recibieron dictamen de la Procuración esta semana y quedarán bajo el ala del máximo tribunal.
La primera de ellas es la acción impugnatoria que entabló los últimos días de junio contra el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), para ir contra las resoluciones por las que la Nación reconoció la ocupación de tierras del Sur a comunidades mapuche.
La segunda de ellas tiene a Mendoza como demandada. Se trata de la acción de amparo ambiental que La Pampa le inició para frenar la construcción de la presa El Baqueano en San Rafael.
Tras el dictamen de la procuradora Laura Monti, ambas cautelares seguirán su curso ante la Corte que tiene competencia originaria para entender en ellas. Se trata de un paso previo y necesario para que el máximo tribunal comience a resolver.
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La tercera causa que también se movió en la Corte Suprema esta semana fue la que tiene a Mendoza demandando al Banco Central de la República Argentina (BCRA) con una acción declarativa de certeza para conocer si el cepo a las provincias (que restrinje la compra de dólar al valor oficial para el pago de deuda en dólares) le es o no aplicable; y si así lo fuera, pedir la nulidad de la medida.
En ese caso, el Tribunal convocó al gobernador de Mendoza, Rodolfo Suarez, y al presidente del BCRA, Miguel Ángel Pesce, a una audiencia para el miércoles 6 de septiembre a las 12.
Ese mismo día, las otras dos causas que se iniciaron en la Corte en los últimos meses recibieron el aval de la procuradora Laura Monti para que continúen ante el máximo tribunal.
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La Provincia de Mendoza promovió una acción impugnatoria contra el Estado Nacional, particularmente contra el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).
La intención del Gobierno es que se declare la nulidad de la denegatoria tácita (nunca contestó el INAI) de los recursos de reconsideración interpuestos contra dos resoluciones por las que se reconoció la ocupación ancestral de terrenos de Malargüe y San Rafael por parte de comunidades mapuches.
Pero mientras se discute la cuestión de fondo, Mendoza pretende mediante una cautelar de no innovar, que se ordene al INAI a que se abstenga "de continuar con los tramites de ejecución de sus resoluciones, suspendiendo los trámites administrativos que son objeto del proceso, hasta tanto recaiga sentencia definitiva en la causa", manteniendo el statu quo anterior al dictado de las normas impugnadas y tachadas de inconstitucionales.
Dado que en las medidas cautelares será juez competente el que deba conocer en el proceso principal, corresponde también en este incidente la competencia originaria de la Corte.
La tercera causa que involucra a Mendoza y también resolverá la Corte es la acción de amparo ambiental que interpuso La Pampa en mayo de este año. En este caso, el dictamen de la procuradora fiscal de fecha 30 de agosto también es a favor de la competencia originaria del máximo tribunal.
Lo que pretende La Pampa, por integrar la cuenca Desaguadero-Salado-Chadileuvú-Curacó, es que no inicien o se suspendan los procedimientos o trabajos que se están llevando adelante para la obra "Aprovechamiento Hídrico Multipropósito El Baqueano, hasta tanto se realice un estudio de impacto ambiental sobre toda la cuenca que respete el derecho de información pública y participación ciudadana procurando la creación del Comité de Cuenca".
Que una vez conformado ese comité, todas las provincias tengan participación vinculante y que también sean estas las que deban prestar su conformidad final para aprobar el estudio de impacto ambiental.
Mientras tanto, requiere como medida cautelar preventiva y precautoria que no comiencen esas labores - dado que ya se realizó la Audiencia Pública para la DIA después de presentada esta demanda- y solicita que se fije una audiencia pública de carácter informativo y conciliatorio a la que sean citadas todas las provincias de la cuenca y a la Nación.
Lo que dice La Pampa es que es necesaria esa audiencia para poder explicar "al Tribunal las consecuencias ambientales y sobre el derecho humano al agua, para las generaciones presentes y futuras, que traerá aparejada la concreción de la proyectada obra".
La procuradora, por lo pronto, ya dictaminó que es efectivamente la Corte la que tiene que entender en la cuestión.
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