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Desde el vamos, en el Ejecutivo admiten un error: en el decreto 937/22 del 8 de junio, colocaron dos palabras que se malinterpretaron en Buenos Aires. Escribieron que uno de los aumentos (el ítem denominado “Adicional Personal de Seguridad”) abarcaba a toda la planta “habitual y permanente” entre los uniformados de Mendoza. Ese fue el epicentro de la confusión; al menos según lo expuso ANSES.
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Un puñado de policías protege la puerta de Casa de Gobierno ante los manifestantes.
Diario UNO tuvo acceso al dictamen jurídico en el que se expresó este conflicto. El expediente (2022-90128225) fue enviado desde Capital Federal a Mendoza y dice:
“Los elementos obrantes no permiten tener la certeza de que se reúnan las condiciones para su traslado a los haberes previsionales (…) si bien es de carácter general (o sea que debían cobrarlo todos); es de carácter particular su percepción, debido a que la norma prevé que sólo debe percibirlo el personal que cumpla funciones en forma normal, habitual y permanente; condición que no cumplen quienes se encuentran en situación de disponibilidad o pasiva”.
“No debimos poner las palabras ‘habitual y permanente’”, reiteraron cerca de Suarez. Lo que planteó ANSES fue que no quedaba claro si todos los policías y penitenciarios iban a cobrar ese apartado por igual, y que, por lo tanto, no pasaba los filtros para que se trasladase la movilidad a retirados o jubilados.
Y la diferencia con otros regímenes pasó a ser notoria. Mientras otros perciben progresiva y previsiblemente sus incrementos, para estos ex policías y penitenciarios, la pelea todavía está trabada en el mencionado “Adicional Personal de Seguridad”. Ese elemento es, ni más ni menos, el 10% del sueldo que percibe el jefe de la policía (Marcelo Calipo) dividido en dos tramos de 5% correspondientes a mayo y julio. Lo van a cobrar siete meses después de lo que correspondía.
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Tras la visita de María Eugenia Vidal y el recorrido que compartieron con Alfredo Cornejo, el gobernador respondió que la responsabilidad por las demoras era enteramente de la ANSES, lo que motivó respuestas desde ese organismo.
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La trama detrás del ida y vuelta entre ANSES y Gobierno
El Gobierno argumentó que, sin importar lo que dijese el decreto 937/22, la información que ANSES les fue requiriendo fue respondida en todas las oportunidades y que nunca pasaron más de cinco días para esas respuestas. Afirmaron que las tres observaciones que hizo Seguridad Social fueron parte de la dilación y que nunca devolvieron menos de lo que se les había pedido, ni de lo que está normalmente estipulado.
Los cronogramas de las idas y vueltas entre una oficina y la otra –los cuales este diario solicitó- sólo difieren en tres elementos. En Mendoza explicaron que el jueves 9, el lunes 19, y el martes 27 de septiembre respondieron a todos los pedidos de datos que hizo el organismo nacional. Hasta el momento no hay documentación que se haya hecho pública para respaldarlo, pero en ANSES afirmaron que esto sería correcto y que “tienen más o menos lo mismo”, aunque en el material que mostraron sólo se hizo referencia a una (y no tres) respuestas desde la provincia.
En el resto están de acuerdo: el expediente comenzó la última semana de agosto; el 29 se hizo la primera observación; el 14 de septiembre, la segunda; el 20 se les dijo a los funcionarios mendocinos que los expedientes eran “parciales”, y el 22 de septiembre volvieron a contestar (ya con detalles sobre la cantidad de miembros en planta y la cantidad a la que se le habían liquidado los aumentos).
En octubre la ANSES dio un golpe a la mesa y aprobó las subas sin el tan mentado 10%; algo que –con envíos de nueva documentación de por medio- terminó por obtener respuesta positiva recién hace una semana: el jueves 27 de octubre. Antes de eso, la Oficina Técnico Previsional pidió datos al Ministerio de Seguridad y a la cúpula del Servicio Penitenciario.
Todo lo que obtuvo, para fundamentar que sí se había abonado a todos los empleados de la fuerza el incremento, fue refrendado por la Contaduría General de la Provincia. Esto incluyó una de las peticiones que hizo la oficina interjurisdiccional de ANSES, que fue –entre otras cosas- un cuadro comparativo de todo el personal y de los salarios antes y después de los incrementos.
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Los aumentos de agosto se cobrarán recién en el 2023
Desde la entidad que conduce Carlos Gallo presentaron una serie de documentos que detalla el estado de las negociaciones. Allí hicieron una declaración sobre lo que aún resta por definir en torno a los salarios de policías jubilados: “Queda pendiente liquidar 5% para los meses de agosto, septiembre y octubre de 2022, y hasta la fecha no se presentó la documentación por parte de la provincia para solicitar el pago de movilidades".
Es cierto. Y eso quiere decir que, en el mejor de los casos, estos oficiales retirados recién van a percibir sus incrementos de agosto en el mes de enero: cinco meses después, con un promedio inflacionario del 6,6% cada 30 días. Lo que es lo mismo que decir que, cuando por fin llegue ese cobro, estarán perdiendo por más de 30% contra los precios. Hoy están 50% por debajo y sólo han tenido un 16% de aumentos en todo el año -además de las sumas fijas-.
Es probable que a nadie, en ningún sistema registrado, le hayan impactado tan poco los ajustes por inflación que todo el resto sí percibe. Lo que hasta el momento no se ha presentado en ANSES iba a ser llevado este lunes por la mañana, al menos según pudo averiguar UNO a través de fuentes oficiales. La documentación promete ser menos problemática como la que sirve de eje a esta nota: por ahora es un pedido formal del pago, el informe de aportes y contribuciones, y un dictamen legal de la OTP, entre otros elementos.
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Carlos Gallo, el titular de ANSES en Cuyo.
“Es absurda la queja. Cómo quieren que les presentemos lo de octubre si, justamente, lo que nos están pidiendo todo el tiempo es el conjunto de declaraciones juradas para demostrar que los activos cobraron cada una de las sumas. Para llevar agosto, septiembre y octubre, tienen que haber recibido el sueldo de este último mes. Y eso se pagó recién el lunes 31. ¿Cómo íbamos a llevarlo antes?”, apuntaron en tono crítico desde Casa de Gobierno.
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Se vienen días agitados en torno a los ex policías
Para los próximos días asoma movimiento en la Legislatura, porque el diputado Emanuel Fugazzotto, del Partido Verde, presentó un proyecto de ley que busca acortar los plazos en los que cada aumento salarial impacta (vía OTP) en la movilidad jubilatoria de los oficiales retirados. Como Fugazzotto es parte de la Bicameral de Seguridad, tanto él como los peronistas Néstor Márquez y Rafael Moyano, ya están moviendo fichas para que los ex policías visiten esa comisión durante la semana, y que ahí puedan expresar su malestar.
Pero no es lo único, porque para el lunes 14 de noviembre, el titular de la Asociación Mutual para el Personal Policial, Omar Alcalde, está motorizando una nueva manifestación en la explanada de Casa de Gobierno. Allí, a través de sus redes , le está solicitando sus ex colegas que acudan con sus familias. “Porque si no va más gente, el Gobierno va a decir que somos los mismos de siempre”, argumentó en mensajes de Whatsapp.
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Amuppol lanzó una nueva convocatoria a manifestarse en Casa de Gobierno.
Para ese día, planteará una premisa que asoma como imposible de cumplir: que todos los aumentos del 2022 les sean abonados antes del 31 de diciembre. Teniendo en cuenta que aún no cobran ni siquiera los refuerzos del quinto mes del año; que todavía no se presenta la documentación respectiva a agosto; y que los tiempos de demora no son menores a 60 días, su petición aparece con muy pocas, o casi nulas, perspectivas de realizarse.
A esa incertidumbre se suma una pregunta que viene sobrevolando el conflicto desde el principio; y es si una mayor coordinación entre los dos organismos (el provincial y el nacional) no lograría destrabar más rápidamente a un sistema que, de por sí, es lento.
Esta semana, además del escándalo, de los heridos, y de una protesta que fue poco respetuosa de las normas (más allá de sus motivos), lo que quedó claro fue el estado de las cosas para estos perjudicados: hay una burocracia funcionando mucho más lento que la torrentosa evolución torrentosa de los precios en Argentina.
Y hay trece mil familias pagando los platos rotos de esas demoras.
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