Fue, en definitiva, una jornada con cierta dosis de frustración. Es que se había generado expectativa respecto al cónclave convocado por la jueza María Paz Gallardo. Con todo, poco después de las 10 de la mañana -y tras sólo 15 o 20 minutos de diálogo- el encuentro se dio por terminado.

Según pudo saber UNO, los representantes del oficialismo asistieron a la cita, aunque advirtieron que no tenían instrucciones para conciliar en ese marco: todo indica que la postura del gobernador Rodolfo Suarez es que hay que resolver el conflicto en la mesa paritaria o un ámbito similar.

Las partes esperan que el jueves haya otra mesa de diálogo -ya que el viernes es feriado- y en esa instancia sí podría llegar la "oferta superadora" que vienen prometiendo desde el Ejecutivo.

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En las mesas de diálogo participan médicos, los abogados de las partes y hasta legisladores.

En las mesas de diálogo participan médicos, los abogados de las partes y hasta legisladores.

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La larga disputa con los anestesistas

La discusión con los especialistas se agudizó luego de que el Gobierno cerrara la primera tanda de negociaciones paritarias de 2022. Los anestesistas no paritan junto a la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (AMPROS) y, por ende, encararon un reclamo propio con aspiraciones salariales por encima de la media.

Esa postura se vincula con la capacidad de presión que han desarrollado estos médicos, que se definen a sí mismos como un eslabón clave del sistema sanitario.

Ante la falta de acuerdos, el oficialismo logró que la Legislatura aprobara la Ley de Emergencia en Anestesiología, que lo habilita para sancionar a los profesionales que no se presenten en sus puestos.

Sin embargo la puja no terminó: los anestesistas plantearon la inconstitucionalidad de esa norma, recurso que fue rechazado.

Hoy hay profesionales bajo sumario y durante más de cien días -salvo excepciones- el cronograma de cirugías de la provincia se ha visto alterado.

En medio, la Asociación Mendocina de Anestesiología (AMA) se retiró de las conversaciones, pasando la posta a un grupo de "autoconvocados", al tiempo que seguían cayendo sumarios.

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Sin anestesia

Los convocados a retomar sus trabajos a través del Boletín Oficial ya suman 64. Por otras vías, los hospitales han buscado recuperar a una cantidad mayor de profesionales. Hasta el momento no hay información precisa de que alguno de ellos haya regresado.

Asimismo, trascendió que al menos cuatro médicos han visto suspendidas sus matrículas.

Se calcula que entre 2.800 y 6.000 mendocinos están esperando para operarse Se calcula que entre 2.800 y 6.000 mendocinos están esperando para operarse

Y a esta altura el clima dista de ser amistoso. Se calcula que el número de pacientes en espera oscila entre los 2.800 y los 6.000. Es gente que no se puede operar, simplemente, porque a raíz de tantas idas y vueltas no accede a que le pongan anestesia antes de que los corte el bisturí.

Las miradas están puestas en el jueves, cuando el Gobierno podría llevar una nueva propuesta, si bien se trataría de una suba en función del "cumplimiento de objetivos".

Si no se consigue llegar a un consenso antes del lunes que viene, habrá transcurrido un mes casi sin avances desde la sanción de la Ley de Emergencia.

Advertencias

Todavía se desconoce el alcance que tendrá la controversia entre las autoridades y los médicos. Algunos pronósticos son más agoreros que otros y no es descabellado pensar que las advertencias sirven como herramienta para tensar la cuerda.

Ejemplo: un comunicado atribuido a "las médicas y médicos anestesiólogos" que prestan servicios profesionales en los hospitales Italiano y Español -más los de las clínicas de Cuyo y Santa Clara, entre otros-, avisó que la quita de matrículas podría ser contraproducente para el Gobierno.

Allí se lee que "65 de los 68 médicos pasibles de suspensión de matrículas" trabajan para el Estado pero "también desarrollan actividades profesionales en el subsector de salud privado provincial".

Y eso, subraya el escrito, podría tener consecuencias graves en el sistema sanitario. El argumento es que si se quita la matrícula a esos profesionales se generará una inesperada escasez de mano de obra calificada, lo que derivará en problemas operativos tanto en el ámbito estatal como en los privados.

Aquí, el mencionado texto:

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