La emergencia durará 120 días, es decir que durante ese lapso los especialistas no podrán renunciar. Pasado ese periodo, la medida podrá extenderse siempre que así lo decida la Legislatura.
Y no habrá -como se había propuesto originalmente- una posible penalidad de hasta cinco años sin poder trabajar en el Estado para quienes decidan irse.
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Voces de diputados y senadores
Desde el Frente de Todos, el presidente del bloque justicialista en Diputados, el sanrafaelino Germán Gómez, aseguró que, aunque su fuerza apoyó la emergencia, "se siguen poniendo parches, mientras el Gobierno se ocupa de asuntos electorales como la reforma de la Constitución".
"Recurren a la oposición y lo agradecemos; pero lo hacen cuando las bombas estallan", criticó.
Otra perspectiva es la que ofreció en la mañana el senador Diego Costarelli (UCR).
"No es un problema nuevo -apuntó el radical-. Muchas veces se intenta culpar al gobierno de turno por algo que tiene antecedentes. Y estamos votando esto porque hoy en Mendoza tenemos un sector corporativizado a través de la Asociación Mendocina de Anestesiología (AMA), que es extorsionadora".
Aquí, el video de su intervención:
Para el radicalismo, la AMA pretende no sólo salarios por encima de otros colegas, sino que actúa como un cuerpo colegiado que regula "artificialmente" quiénes pueden desempeñar el rol de anestesiólogo y quiénes no.
Ahora, a partir de la emergencia, se abre para el Gobierno la posibilidad de abrir espacios de capacitación por afuera de la entidad, lo que en el plano concreto restaría poder real a la AMA.
Todos estos movimientos, de todos modos, se generan en medio de discusiones entre funcionarios y médicos, por lo que se trata de un panorama dinámico que puede modificarse en las próximas semanas.
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Los que se opusieron a la emergencia en anestesiología
Entre las voces disidentes estuvieron los senadores justicialistas Rafael Moyano y Bartolomé Robles, más el diputado de Protectora José Luis Ramón.
Este último calificó a la norma como "parcial" en el marco de las negociaciones salariales.
“Una discusión paritaria colapsa por falta de consensos, con ofertas paupérrimas por parte de un gobierno provincial que impulsa la precarización de los trabajadores y su salario, y una pretensión que no podemos más que reconocer como extorsiva y orientada a mecanismos de tercerización por parte de los profesionales”, justificó Ramón.
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