La designación de una jueza quedó en peligro tras la ruptura de Omar De Marchi con Cambia Mendoza
La designación de Daniela Torres peligra por su condición de ex funcionaria y militante radical tras la salida de Omar De Marchi de Cambia Mendoza. Sin embargo, el oficialismo asegura tener los votos para convertirla en jueza el martes 11 en el Senado
Daniela Torres, cuya designación como jueza quedó en medio de la puja entre Omar De Marchi y Cambia Mendoza.
La ruptura y salida de Omar De Marchi de Cambia Mendoza puso en peligro la designación de Daniela Torres como jueza penal de Menores de San Martín.
La hora de la verdad será el martes en la votación secreta en el Senado, donde todas las miradas estarán puestas en la alianza entre legisladores demarchistas y del Frente de Todos, que este miércoles ya mostró las uñas cuando bochó -por 6 a 5- el despacho en comisión del expediente Torres.
Que la postulante haya estado afiliada al radicalismo hasta un día antes de rendir el concurso en el Consejo de la Magistratura y que haya participado de actos partidarios hasta con el mismísimo gobernador Suarez, que haya ejercido la presidencia de la Juventud Radical y que haya sido funcionaria en el área Minoridad son motivos suficientes, según la oposición legislativa, para no convertirla en magistrada. "Es una muestra más de cooptación del Poder Judicial de parte del Gobierno y de Alfredo Cornejo", vociferan desde el peronismo y el demarchismo.
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Daniela Torres y Tadeo García Zalazar.
Sin embargo, el oficialismo, y en particular el Poder Ejecutivo -que propuso a Daniela Torres ante el Senado-, se respaldan en un dato objetivo para despejar cualquier posibilidad de veto en el recinto.
Aseguran que cuentan con los votos suficientes para aprobar el pliego de la postulante en la sesión de acuerdo convocada para el martes 11 a las 10, como viene sucediendo desde que el peronismo dejó de participar de las reuniones de Legislación y Asuntos Constitucionales, de las audiencias públicas y de las sesiones convocadas para designar a nuevos magistrados.
Torres es conjueza con el aval de la Suprema Corte de Justicia
Mientras espera el acuerdo del Senado para convertirse en jueza, la cuestionada Daniela Torres se desempeña como conjueza del Juzgado Penal de Menores de San Martín.
Así lo dispuso la Suprema Corte de Justicia, según la acordada número 30.789 del 26 de diciembre de 2022 que lleva la firma de todos los ministros del máximo tribunal de Justicia: Dalmiro Garay, Omar Palermo, Teresa Day, José Valerio, Mario Daniel Adaro, Julio Gómez y Pedro Llorente.
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Daniela Torres es conjueza penal de Menores con el aval de los siete jueces de la Suprema Corte de Justicia: Mario Adaro, Teresa Day, Julio Gómez, Omar Palermo, José Valerio, Dalmiro Garay y Pedro Llorente.
Ese documento indica que se arriba a esta decisión porque Torres "cuenta con concurso aprobado y vigente en el Consejo de la Magistratura" y porque el Juzgado Penal de Menores de San Martín quedó vacante tras la renuncia efectiva por jubilación de la jueza Delia Noemí Sánchez.
La política marca a fuego la carrera de los magistrados
Si finalmente el pliego de Torres logra aprobación del Senado, no será la primera vez que un ex funcionario público llega a la magistratura. Tampoco será la primera militante de un partido político en lograrlo.
Nada de eso está impedido por la Constitución provincial, donde queda claro qué requisitos hay que cumplir para ser juez, aunque claramente algunas cuestiones o antecedentes pueden ser objetados desde lo ético.
La política marca a fuego todo el proceso de selección, designación y destitución de los magistrados de este país, ya sea en provincias o en materia federal.
Desde los exámenes en los Consejos de la Magistratura, pasando por las postulaciones a cargo de los Poderes Ejecutivos y las aprobaciones o rechazos en las Cámaras de Senadores, donde los partidos o alianzas con mayor representación parlamentaria terminan imponiendo sus voluntades a fuerza de votos.
Veamos el caso Mendoza, donde los actuales miembros de la Suprema Corte de Justicia fueron propuestos por gobernadores: Felipe Llaver (UCR), Celso Jaque (PJ), Francisco Pérez (PJ), Alfredo Cornejo (UCR) y Rodolfo Suarez (UCR).
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Celso Jaque llevó a la Suprema Corte de Justicia a Mario Adaro.
Luego, todos los postulantes fueron avalados por el Senado.
Más aun: cinco de los siete supremos registran antecedentes en la función pública y militancia en la política partidaria.
Pedro Llorente y José Valerio fueron legisladores provinciales por la UCR en los '80
Mario Adaro fue subsecretario de Trabajo del PJ en la gestión Jaque
Dalmiro Garay fue funcionario de la DGE (Asuntos Legales) y ministro de Gobierno de la UCR en la gestión Cornejo
Julio Gómez fue, a partir de los '80, funcionario de la Subsecretaría de Trabajo, senador provincial, subsecretario de Justicia y funcionario del Tribunal de Cuentas de Mendoza
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Pedro Llorente llegó a la Corte de la mano de Felipe Llaver.
