La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó este jueves un recurso de queja presentado por el gobierno de Javier Milei y dejó firme la medida cautelar que lo obliga a aplicar parte de la Ley de Financiamiento Universitario (Ley 27.795). La decisión de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti se basó en que no existe una sentencia definitiva que habilite la intervención del máximo tribunal en esta etapa.
Revés para el gobierno
La Corte mantuvo la medida que obliga a Milei a cumplir la Ley de Financiamiento Universitario
El máximo tribunal de Justicia de la Nación rechazó un recurso de queja del gobierno nacional y sostuvo la cautelar expedida tras un amparo del CIN
La última marcha en Mendoza en defensa de la universidad pública.
Foto: Axel Lloret/Diario UNOCon esto, también se rechazaron los pedidos de recusación contra los magistrados por desempeñarse como docentes. La resolución mantiene vigentes los artículos 5 y 6 de la norma mientras se resuelve la cuestión de fondo (la constitucionalidad del decreto 759/2025) planteada por el CIN (Consejo Interuniversitario Nacional).
Recomendadas
La obligación del gobierno es garantizar la actualización salarial del personal docente y no docente (período diciembre 2023 hasta la sanción de la ley) y recomponer programas destinados a estudiantes de universidades públicas. En cambio, quedaron fuera de la cautelar los puntos vinculados con la recomposición presupuestaria de los años 2024 y 2025, así como otros programas de asistencia y fortalecimiento institucional.
Origen del conflicto
La causa comenzó con un amparo colectivo del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y distintas universidades contra el decreto 759/2025 del Poder Ejecutivo, el cual condicionaba la aplicación de la ley a la determinación de fuentes específicas de financiamiento, tras haber fallado en su intento de veto que el Congreso terminó revirtiendo.
Todo esto, a pesar de que el pasado 10 de junio el gobierno y las universidades firmaron un acta acuerdo que estableció: recomposición de la masa salarial de 24,33%; actualización de 20% en gastos de funcionamiento; partidas de $50.000 millones para hospitales universitarios y suba de 50% en las Becas Manuel Belgrano desde junio.
Antes de llegar a la Corte, el gobierno había vetado la Ley de Financiamiento Universitario. Sin embargo, el Congreso insistió con su aprobación y la norma quedó promulgada. Posteriormente, el Poder Ejecutivo subordinó su aplicación a la definición de las fuentes de financiamiento, decisión que derivó en la presentación judicial, ahora rechazada.
La novedad se conoció a dos días de que se realizaran las elecciones en la UNCuyo, en las que se impuso Adriana García sobre el oficialismo que encabezó el vicerrector Gabriel Fidel. La actual conducción de casa de estudios con sede en Mendoza ha participado y organizado las marchas federales para reclamar el cumplimiento de la ley posición que la futura rectora aseguró que continuará y -probablemente- endurecerá.
MÁS LEÍDAS
Temas relacionados