Tras semanas de tensión y amenazas de nuevas medidas de fuerza, el gobierno nacional formalizó este miércoles un acta acuerdo junto al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y los gremios docentes y no docentes. Si bien representa un avance, los rectores aclararon que la vía judicial ante la Corte Suprema por la Ley de Financiamiento Universitario sigue en pie.
El gobierno nacional y las universidades acordaron un aumento salarial de 24,33% en 2 tramos
Después de tres años hubo acuerdo entre la Nación y el Consejo Interuniversitario Nacional aunque el conflicto por el financiamiento persiste
La Subsecretaría de Políticas Universitarias, el CIN y las organizaciones gremiales docentes y no docentes del sector firmaron el entendimiento que establece una recomposición salarial de 24,33% en dos tramos, la reapertura formal de las paritarias y una inyección de fondos adicionales para el funcionamiento, becas y hospitales universitarios.
Este pacto busca aliviar la severa crisis salarial del sector, compensando parte de una caída acumulada en los haberes que supera 35% desde diciembre de 2023. Sin embargo, las partes dejaron en claro que el conflicto estructural está lejos de cerrarse definitivamente.
Los detalles del acuerdo: aumentos y plazos
Según lo especificado en el comunicado oficial de Capital Humano y refrendado por el CIN, el Poder Ejecutivo transferirá los fondos para aplicar la suba de la siguiente manera:
- 21,33% en junio: se calculará sobre los sueldos básicos vigentes a mayo de 2026. Al aplicarse en junio, este incremento impactará directamente en el cálculo del medio aguinaldo.
- 3% en octubre: se aplicará sobre los básicos de septiembre de 2026.
De acuerdo con el desglose de la negociación, esta recomposición equivale a saldar 7 puntos correspondientes a la pérdida de 2024; 12,33 puntos de 2025 y el resto busca amortiguar el desfasaje acumulado hasta mayo de este año.
Además, se fijó una pauta de paritarias trimestrales: la mesa de negociación volverá a reunirse el 15 de septiembre para continuar las discusiones contemplando la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC.
Fondos operativos, becas e infraestructura hospitalaria
El acuerdo general no se limitó a lo salarial, sino que incluyó otras tres partidas presupuestarias largamente reclamadas por el ámbito universitario:
- Gastos de funcionamiento: se dispuso un incremento de 20% para los costos operativos diarios de las casas de estudio.
- Becas estudiantiles: el Programa de Becas Estratégicas Manuel Belgrano tendrá una actualización de 50% en sus montos.
- Hospitales universitarios: tras un pedido expreso de la Universidad de Buenos Aires (UBA), el gobierno sumó una partida adicional de $50.000 millones por fuera de lo previsto en el presupuesto 2026 para sostener el sistema de salud universitario.
Lecturas cruzadas: ¿logro oficialista o conquista de la lucha?
Desde las filas del oficialismo celebraron el desenlace de la jornada. Para el gobierno, lo sucedido este miércoles demuestra que lograron "torcerle el brazo" a la postura que consideraban intransigente por parte de los rectores, logrando un acuerdo que "cuida las cuentas públicas". Cerca del Ejecutivo confiaban en que, ante la urgencia presupuestaria, las universidades terminarían aceptando una oferta que el ministerio ya había definido como su techo financiero.
En la vereda de enfrente, el sector universitario y gremial lo interpretó como un triunfo de la movilización social.
Carlos De Feo, secretario general de la Federación de Docentes de Universidades (FEDUN), destacó: "Tras dos años y medio de lucha y cuatro marchas federales, logramos que el gobierno convoque a paritarias y presente una propuesta para empezar a recomponer el salario perdido desde que Milei es presidente. Es un avance importante, pero la lucha continúa".
Por su parte, el CIN emitió un comunicado tajante señalando que este paso es "importante pero de ninguna manera definitorio ni suficiente y de ningún modo resuelve el problema estructural que atravesamos".
La tregua no frena el frente judicial en la Corte Suprema
A pesar de las firmas estampado en el acta, el conflicto de fondo sigue abierto. Los rectores universitarios adelantaron de forma unánime que continuarán con la demanda judicial para exigir la aplicación plena de la Ley de Financiamiento Universitario, la normativa aprobada por el Congreso que fue vetada por el Ejecutivo y que actualmente se encuentra bajo análisis de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, aún sin una definición.





