Un grupo de diputados nacionales de la Unión Cívica Radical, entre quienes está el mendocino Julio Cobos, presentó en el Congreso un proyecto para crear un nuevo Régimen Penal Juvenil.
Julio Cobos se sumó a los diputados radicales que buscan prohibir la prisión perpetua para menores
Diputados radicales, entre ellos Julio Cobos, idearon un proyecto de Régimen Penal Juvenil diferente al de la Nación que baja a 13 años la edad de imputabilidad

El diputado nacional del radicalismo por Mendoza, Julio Cobos.
La propuesta radical incluyea diferencia de la iniciativa promovida por Patricia Bullrich y Mariano Cúneo Libarona, un sistema sanncionatorio para menores de 14 a 18 años. Javier Milei quiere que la edad de imputabilidad baje a 13 años.
Además, este plan de la UCR prohibe la prisión perpetua para menores de edad.
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El radicalismo, con la firma de Julio Cobos, propuso un Régimen Penal Juvenil para menores de 14 a 18
Los diputados del radicalismo Carla Carrizo y Manuel Aguirre presentaron proyectos para crear un nuevo Régimen Penal Juvenil para adolescentes de entre 14 y 18 años, donde plantean tener un sistema especial para los adolescentes en el que tengan unidades especializadas en materia penal juvenil, y que no se pueda aplicar la pena de prisión perpetua.
El debate sobre la baja de imputabilidad se volvió a instalar en el Congreso, luego que los ministros de Justicia Mariano Cúneo Libarona y de Seguridad Patricia Bullrich hayan anunciado a fines de junio, que enviarán un proyecto para bajar a los 13 la edad para que un adolescente pueda ser condenado por un hecho tipificado como delito dentro del Código Penal.
Carrizo y Aguirre presentaron dos iniciativas que proponen un tratamiento especial penar a los menores de esa franja etaria, al mismo tiempo que establecen excepciones en las cuales no serán punibles, como los casos en que no reúnan las condiciones madurativas para comprender la criminalidad del acto.
El proyecto promovido por la legisladora porteña de la UCR-alineada en Evolución Radical-fue acompañado por sus pares de bloque Fabio Quetglas, Gabriela Brouwer de Koning, Melina Giorgi, Marcela Antola, Danya Tavela, Mario Barletta, Francisco Monti y Pedro Galimberti, además de Cobos.
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No podrán ser condenados a perpetua los menores de edad
La iniciativa establece son “penalmente responsables” los adolescentes de entre 14 y 18 años al momento de cometer un delito, aunque fija que los menores de hasta 16 años no podrán tener una máxima superior a los 10 años, con lo cual no podrán tener las penas de reclusión o prisión perpetua.
“En ningún caso la persona adolescente imputada por la comisión de un delito debe ser sometida a una consecuencia material o jurídicamente igual o más gravosa que la que le corresponde a una persona adulta por el mismo hecho”, establece el proyecto impulsado por Carrizo.
Carrizo señaló que “este proyecto de ley pone énfasis no sólo en la respuesta y determinación de la responsabilidad penal de los/las adolescentes, sino también en la prevención de la delincuencia juvenil; establece la creación de unidades especializadas en penal juvenil dentro del sistema de administración de la justicia y manda a la capacitación y formación especializada de todos los profesionales y operadores que entren en contacto con adolescentes en conflicto con la ley penal”.
En el proyecto impulsado por el legislador correntino Manuel Aguirre propone un nuevo Régimen Penal para los menores de entre 14 y 18 años, pero a diferencia de la propuesta de Carrizo se limita la duración máxima de las penas privativas de libertad a doce años, incluso en casos de concurso de delitos.
Además, se enfatiza que las penas restrictivas o privativas de libertad deben ejecutarse en establecimientos especializados, prohibiéndose el alojamiento de menores en comisarías.
Sobre su proyecto, Aguirre dijo que "es el momento de sancionar un nuevo régimen ya que el sistema de la Ley N°22.278 viene la última dictadura militar. La Corte Interamericana de DDHH. solicitó su derogación por violentar la letra de la Convención de los Derechos del Niño. Podemos decir, como en muchas otras leyes que quedaron del Proceso Militar, que esta sanción es una deuda de la democracia y que tenemos que provocar el cambio legislativo y sancionar una ley acorde al Derecho Internacional y a las convenciones que, como país soberano, hemos ratificado”.