Renunciaron antes del primer semestre del año, como quería el Gobierno de Rodolfo Suarez. Pero siguen en funciones y generando un fuerte gasto público, ya que porque cobran sueldos importantísimos; muchos de cifras exorbitantes gracias a varias décadas de antigüedad. Pero ya no depende de ellos, sino de la ANSES que funciona a media máquina por la pandemia de coronavirus.
Te puede interesar: Qué se permitiría en Mendoza durante el distanciamiento social
Los primeros jueces provinciales que dimitieron este año lo hicieron antes de la irrupción de la pandemia en la provincia. El último fue Jorge Nanclares, que a los 70 años anunció su salida esta semana, casi 33 años después de haber sido designado por Felipe Llaver.
Sin embargo, la fecha del retiro efectivo de una larga lista de jueces mendocinos depende única y exclusivamente de los buenos oficios y de la agilidad de la Administración Nacional de la Seguridad Social: la ANSES, el mismo organismo que maneja la situación de millones de jubilados y pensionados de este país.
Las leyes de jubilaciones para magistrados motivó una ola de dimisiones en los poderes judiciales de provincias y en el fuero federal.
En Mendoza, Suarez promovió una estampida similar.
Así, entre la Fiesta Nacional de la Vendimia y el comienzo del aislamiento social preventivo y obligatorio -que derivó prácticamente en el cierre del Poder Judicial- más de una decena de jueces locales de largas carreras en los tribunales pasaron por Casa de Gobierno y entregaron sus renuncias firmadas de puño y letra.
Un detalle insoslayable: todos advirtieron por escrito de que la salida efectiva quedaría sujeta a la percepción de la jubilación.
Gonzalo Guiñazú, Jorge Luis del Pópolo, Víctor Hugo Comeglio, Liliana Giner, Carlos Díaz y Jorge Coussirat son algunos de los usías que dimitieron para jubilarse.
Diario UNO dio cuenta de esta situación apenas comenzó. La lista va en aumento.
A todos los unen ciertas características.
Una: todos superan, y en algunos casos largamente, los 60 años de mínima estipulados para jubilarse cuando Mendoza firmó un acuerdo con el Gobierno de Néstor Kirchner en 2007. Uno de los mayores es el penalista Comeglio, con 79 años.
Dos: eligen este momento para irse para evitar "el guadañazo" que la nueva ley de jubilaciones provocaría sobre las futuras mensualidades.
Tres: a esta hora, todos están en sus casas y no trabajan en sus despachos porque están exceptuados por ser personas de riesgo de contraer en coronavirus. Por edad y porque padecen de enfermedades crónicas que los hacen más vulnerables al COVID 19. Algunos trabajan de manera remota.
El caso más complejo es el del juez Del Pópolo, que en 2019 fue sometido a una compleja cirugía de corazón, luego de que un policía lo salvara de morir infartado en las escaleras del Palacio Judicial.
Consecuencias operativas
Cuando efectivamente se jubilen, estos usías dejarán un vacío operativo importantísimo: cientos de expedientes huérfanos de jueces y fiscales que se ocupen de investigar y de juzgar.
Remplazarlos será el nuevo desafío, no solo desde lo técnico y académico sino también desde lo político. Y Suarez y el Senado provincial tendrán entonces mucho por decidir.
Sobrevendrá un nuevo perfil de magistrado: seguramente menos caro para las arcas públicas y, ojalá, no tan mediocre como ya vaticina el argot tribunalicio.