El gobierno nacional oficializó, con la firma de Javier Milei, una profunda reestructuración en todo su esquema de comunicación oficial a través de una serie de decretos, donde se redistribuyeron áreas estratégicas, funciones específicas y recursos económicos. La medida se implementó luego de la salida de Manuel Adorni y en el marco de las recientes modificaciones en el Gabinete.
Javier Milei oficializó cambios estructurales en la comunicación oficial
Tras la salida de Manuel Adorni, Javier Milei redistribuyó áreas clave, modificó el presupuesto del sector y nombró segundas líneas técnicas

Adrián Ravier y Javier Milei. Oficializan cambios en las árecas de comunicación oficial y prensa.
Dentro del área, hace dos semanas el economista Adrián Ravier arrancó con sus funciones como vocero presidencial tras la salida de Manuel Adorni.
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Cambios estructurales en la comunicación oficial
El jefe de Gabinete, Diego Santilli, junto al presidente Javier Milei, firmaron el Decreto 586/2026 que dispone el traspaso de competencias para optimizar la comunicación oficial. La normativa establece que la Secretaría de Comunicación y Medios absorberá de forma directa cuatro áreas clave que anteriormente funcionaban bajo otras órbitas gubernamentales.
Las dependencias modificadas incluyen la Subsecretaría de Coordinación Administrativa y Legal, la de Prensa y Actos de Gobierno, y la de Comunicación y Medios Públicos. Además, la Subsecretaría de Análisis y Planificación de Gobierno abandonó la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Jefatura de Gabinete para integrarse de forma definitiva al nuevo esquema de la difusión pública.
La reestructuración abarcó también a la Dirección de Dictámenes de Comunicación y Prensa, que dependía directamente de los asesores jurídicos. A partir de este lunes, la Subsecretaría legal tendrá la función primordial de intervenir de forma activa como enlace principal para atender las solicitudes de acceso a la información pública de los ciudadanos.
Nuevas designaciones y la comunicación oficial
Las modificaciones normativas incluyeron el nombramiento de personal en segundas líneas técnicas para coordinar el trabajo de la comunicación oficial cotidiana. Mediante las resoluciones del Ejecutivo se designó a la licenciada Pamela Fernanda Morales Jourdan en el cargo de Subsecretaria de Discurso, Monitoreo y Comunicación Digital.
Por otra parte, se oficializó que Alexia Carolina Sagemuller asumirá el control de la Unidad de Gabinete de Asesores dentro de la Secretaría de Vocería Presidencial. Los nombramientos buscan dotar de mayor operatividad administrativa a los equipos técnicos dedicados al seguimiento y análisis de la agenda de prensa.
Desde los despachos de la Casa Rosada explicaron que las modificaciones operativas optimizarán el flujo de datos institucionales dirigidos a la ciudadanía. Las designaciones forman parte de una etapa de consolidación de equipos que inició formalmente luego del recambio de funcionarios en los puestos ministeriales de primera línea, buscando un control más estricto de los recursos públicos.
Modificaciones legales y presupuesto en la comunicación oficial
En paralelo al rediseño técnico y de vocería, el Poder Ejecutivo concretó cambios sustanciales en el soporte legal de la Jefatura de Gabinete para respaldar la comunicación oficial. Mediante el Decreto 582/2026, el Gobierno aceptó formalmente la renuncia del abogado Federico Esteban Sicilia, quien se desempeñaba como Secretario de Coordinación Legal y Administrativa.
En la misma publicación legal se confirmó el nombramiento de la abogada Mariana Vello en reemplazo del funcionario saliente. La profesional tendrá a su cargo la firma administrativa de los expedientes que sustentan de manera jurídica la asignación presupuestaria destinada a las pautas y la gestión de medios.
El reordenamiento de los recursos del área comunicacional se concreta en un contexto de revisión general de las cuentas públicas. La meta de las modificaciones normativas publicadas en las primeras horas de este lunes apunta a unificar los criterios de difusión, recortar gastos redundantes en el esquema estatal y reducir de forma drástica la dispersión de funciones del Poder Ejecutivo.