Consultados por Diario UNO, anestesiólogos de los llamados autoconvocados, y otros de la Asociación Mendocina, afirmaron estar al tanto de nuevas citaciones. Esta vez, a través de cartas documento y por medio de una empresa privada de correos -según datos que comenzaban a llegar ese martes-. Sin embargo, negaron haber recibido algún documento que confirmara los sumarios.
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“No tenemos noticias de esos envíos. Sólo estas versiones de que volverían a convocarnos, pero no de que hubiesen avanzado en ningún tipo de penalidad”, afirmaron desde la AMA. Por lo tanto, será Salud el área encargada de aclarar cómo avanzan esas negociaciones. Desde ahí, informaron que se piensa convocar a distintos profesionales de la provincia y no únicamente a los 68 que renunciaron. La ley lo permite y es un punto que el Estado está dispuesto a explorar.
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La mesa de diálogo entre las partes, con apoyo de legisladores de ambas fuerzas, debutó el viernes 20 de mayo. Esta semana podría oficializarse una nueva reunión.
“Son 234 las personas con licencia en Mendoza. La intención es empezar a buscar en otros espacios y no necesariamente a los profesionales que se fueron”, dijo un colaborador de la ministra. “En la situación en la que nos encontramos, y con tanta gente desesperada por ser atendida, lo más probable es que sigamos intentando con más anestesiólogos”.
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Respuestas por la constitucionalidad de la ley
El lunes posterior a que se confeccionara la mesa de diálogo, las dos partes hicieron su segunda jugada: mientras el Gobierno solicitó la “repatriación” de especialistas por medio de convocatorias formales, en la vereda de enfrente presentaron un recurso de amparo para que la Ley de Emergencia fuera declarada inconstitucional.
Ese avance le dio tres días hábiles al Estado para notificarse de la medida, los cuales vencían este martes. De todas maneras, el plazo no alcanzó a cumplirse, porque 24 horas antes llegó la respuesta de los defensores oficiales por la provincia. Ahora, es potestad totalmente de la jueza definir cómo continúa el pedido.
En la previa de la votación ya se habían marcado algunos puntos como inconstitucionales, pero se los consideró salvados tras la reunión en que Cambia Mendoza y el PJ acordaron modificar ciertos aspectos de la ley. Fundamentalmente, el que imponía que el Estado no pudiese contratar por cinco años a quienes renunciaran (afectaba la libertad individual para diseñar un proyecto de vida, apuntaron en aquel momento). El oficialismo aceptó recortar la norma, que hasta recibió el visto bueno del vocero de la AMA. Se dijo que era una "versión mejorada" del texto original.
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Aunque no hay un número oficial, se estima que las cirugías pospuestas en Mendoza ya supera las 5.000. Para el Ejecutivo, se suma casi un centenar por día.
Entre esas mutaciones que sufrió la ley, también se acortó el plazo para la duración del estadio de emergencia, que finalmente sólo sería de cuatro meses, aunque con la posibilidad de ser extendido por igual tiempo, por lo que el marco actual podría mantenerse hasta enero del 2023.
Si bien un fallo de inconstitucionalidad puede demorar años, el intento de los profesionales apunta a que la Justicia frene la aplicación de la norma, al menos a través de una medida cautelar. Eso liberaría a los médicos de tener que prestar servicios de forma obligatoria. Precisamente en el área de la salud hay un antecedente claro: la Ley de Tope Salarial, que establecía al sueldo del gobernador como techo para las ganancias de ciertos profesionales -médicos incluidos-. Hace ocho años que la Suprema Corte adeuda una resolución de fondo. Y al no existir esa respuesta, nunca se ha aplicado.
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