Diputados dio sanción definitiva a la megaley de inversiones y modernización del Estado
La Cámara Baja aprobó la iniciativa del Ejecutivo que incluye la adhesión al RIM, la reestructuración del Instituto de Juegos y Casinos y el cierre definitivo de los ex bancos oficiales
Con esta sanción definitiva, el Gobierno busca acelerar la modernización del Estado, eficientizar los recursos públicos y generar un ecosistema atractivo para el sector privado.
Según los considerandos de la norma, la provincia apunta a "adherir a mecanismos de desarrollo y crecimiento que están surgiendo en los nuevos tiempos económicos, además de rectificar rumbos cuando sea pertinente y cerrar ciclos agotados".
A continuación, los ejes clave de la normativa aprobada:
Reactivar las pymes es el objetivo de la "ley macro".
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Adhesión al RIMI: Mendoza suma ventajas por 10 años
Mendoza formalizó su adhesión al Régimen nacional para promover inversiones productivas (RIMI), orientado a reactivar a las mipymes mediante incentivos fiscales nacionales como la amortización acelerada en Ganancias y la devolución anticipada del IVA.
Sin embargo, tras el debate en ambas cámaras y aportes del Ejecutivo, la ley provincial incluyó un paquete de beneficios complementarios locales que tendrán una vigencia de 10 años:
Estabilidad impositiva: las empresas adheridas no sufrirán aumentos en la carga tributaria provincial.
Financiamiento preferencial: prioridad en programas locales de subsidio de tasas crediticias.
Capacitación y tecnología: acceso prioritario a programas de formación y transferencia tecnológica.
Fomento del empleo: prioridad de inclusión en programas provinciales de generación de puestos de trabajo.
Infraestructura: ventajas para radicarse en parques industriales bajo la órbita del Gobierno.
El Instituto de Juegos y Casinos será reestructurado.
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Reestructuración de Juegos y Casinos: plazo de un año y plan de retiros
La normativa faculta al Instituto de Juegos y Casinos a realizar una reorganización integral en un plazo de 12 meses para garantizar su sostenibilidad financiera. El proyecto aclara taxativamente que no se verán afectados los fondos destinados a los programas de salud públicos.
Respecto al personal de planta permanente, se priorizará la continuidad laboral mediante instancias voluntarias y acordadas:
Retiro Voluntario: indemnización de hasta120% de lo establecido por ley. Quienes opten por esto no podrán reingresar al Estado por un período determinado, salvo devolución proporcional.
Reubicación interna: traslado a otras áreas del instituto respetando el nivel de ingresos (se pagará un adicional compensatorio si la nueva función tiene menor salario).
Pases a otros organismos: transferencia voluntaria al sector público resguardando antigüedad y remuneración equivalente.
Extinción del vínculo: se aplicará con la indemnización correspondiente en los casos donde no se concrete ninguna de las opciones anteriores.
Giro histórico en el Fondo para la Transformación y el Crecimiento (FPTyC)
El Fondo, creado en 1993, sufrirá una refuncionalización profunda debido al desgaste de su patrimonio histórico. Mendoza dejará atrás el esquema de otorgamiento de créditos directos y redefinirá el rol del organismo.
El Ministerio de Hacienda y Finanzas nombrará un liquidador para el FPTyC. Mientras dure el proceso, se suspende la obligación de publicar informes tradicionales y se implementará la entrega de un informe trimestral de avance ante Hacienda y la Legislatura.
A partir de ahora, las nuevas funciones prioritarias estatales serán:
El subsidio de tasas de interés para créditos otorgados por la banca privada.
El fortalecimiento de las pymes para mejorar su acceso al sistema financiero tradicional.
La intervención exclusiva ante emergencias económicas o situaciones coyunturales.
El sistema de créditos para pymes será modificado al ser eliminado el Fondo para la Transformación y Crecimiento.
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El fin de la DAABO y el cierre de la herencia de los '90
Por último, la ley pone un punto final a un proceso que arrastra casi 30 años de arrastre: la liquidación de los activos remanentes de los ex bancos oficiales privatizados en la década de 1990.
A través de la Dirección de Administración de Activos Ex Bancos Oficiales (DAABO), el Estado mendocino procederá a dar de baja de los registros oficiales aquellos créditos incobrables donde ya se agotaron todas las instancias de cobro jurídicas. Con esto, el Ejecutivo busca eliminar gastos administrativos inútiles, reducir el riesgo de litigiosidad y limpiar definitivamente los balances contables de la provincia.
