La Cámara de Diputados de Mendoza dio media sanción al proyecto de ley que crea el Régimen Provincial de Intervención Preventiva Administrativa sobre Inmuebles, una herramienta para actuar sobre propiedades abandonadas, usurpadas o utilizadas para la comisión de delitos, conocidas habitualmente como " aguantaderos".
Demolición de un aguantadero en Guaymallén, un inmueble denunciado por vecinos por diversos delitos.
Foto: Municipalidad de GuaymallénLa iniciativa, impulsada por el Poder Ejecutivo, fue aprobada este miércoles con 34 votos afirmativos y 10 negativos pertenecientes al bloque del Partido Justicialista (PJ). En tanto, los diputados Rolando Scanio y Jorge Difonso (La Unión Mendocina) acompañaron la votación en general, aunque rechazaron los artículos 8, 9 y 10.
El proyecto toma como base el protocolo de actuación que el Ministerio de Seguridad y Justicia implementa desde octubre de 2025 y busca otorgarle rango de ley como política pública permanente.
Acciones preventivas y procedimiento administrativo
La norma faculta al Ministerio de Seguridad y Justicia a disponer, mediante resolución fundada, medidas preventivas sobre inmuebles vulnerables o vinculados al acopio, fraccionamiento o comercialización de estupefacientes y otros delitos.
Entre las intervenciones previstas se destacan:
- Tapiado o cerramiento de accesos: para evitar reocupaciones o el uso ilícito de la propiedad.
- Clausura parcial o total: aplicable según el nivel de riesgo del inmueble.
- Demolición controlada: ejecutabilidad excepcional sobre sectores o la totalidad de la estructura cuando exista un riesgo grave e inminente para la seguridad pública.
El texto precisa que las medidas tienen carácter preventivo, temporal y proporcional, por lo que no afectan la titularidad registral del bien.
El procedimiento podrá iniciarse de oficio, por requerimiento judicial o a solicitud de municipios, organismos públicos y denuncias de vecinos. Asimismo, el esquema contempla la notificación formal a los propietarios, instancias de oposición y mecanismos de revisión administrativa.
El debate en el recinto: seguridad versus control judicial
Desde el bloque oficialista, el diputado Leonardo Mastrángelo (UCR) defendió la iniciativa al remarcar que busca dar respuesta a propietarios que perdieron el control de sus bienes y a vecinos afectados por la inseguridad. "No es una medida sancionatoria, sino una herramienta administrativa para recuperar entornos degradados. Cuando existe una ocupación permanente, la vía correspondiente sigue siendo la judicial", aclaró.
En la misma línea, Melisa Martínez Malanca (UCR) y Cintia Gómez (PRO) enfatizaron que las resoluciones contarán con las garantías del régimen administrativo vigente.
En contraste, la oposición argumentó reparos constitucionales sobre las facultades otorgadas al Ejecutivo. El diputado Lucas Ilardo (FP) advirtió sobre la falta de control judicial previo en medidas de impacto irreversible: "Cuando una decisión puede producir un daño irreparable, como una demolición, necesariamente debe existir control de la Justicia".
A su turno, Germán Gómez (PJ) sostuvo que la norma roza facultades del Poder Judicial y vulnera garantías de la propiedad privada protegidas por la Constitución provincial.
En pocas palabras
- Diputados: dieron media sanción para intervenir propiedades usadas para cometer delitos.
- Potestad: la iniciativa faculta al Ministerio de Seguridad a tapiar, clausurar o demoler.
- Oposición: el PJ votó en contra por las facultades otorgadas al Ejecutivo.
Resumen generado por Thinkindot AI
