Cristina Kirchner cumple la condena por corrupción.
El Tribunal Oral Federal 2 dispuso trabar un nuevo embargo sobre el inmueble donde la ex presidenta Cristina Kirchner cumple condena por corrupción. La decisión fue para "resguardar el patrimonio ante un eventual decomiso por perjuicios al Estado".
Los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso avanzaron sobre este conjunto de propiedades para asegurar la indisponibilidad jurídica de los bienes mientras tramita el decomiso final. La resolución busca cubrir la suma fijada por la Justicia en concepto de defraudación a la administración pública en la "causa Vialidad" por las obras viales otorgadas en Santa Cruz.
El departamento de San José 1111 (CABA) es uno de los inmuebles que le embargaron a Cristina Kirchner.
Aunque la medida no implica el remate inmediato de la propiedad ni la pérdida de la titularidad registral, la traba impide cualquier tipo de transferencia o venta del inmueble. El fallo judicial aclaró que la acción cautelar procura conservar la aptitud real del tribunal para ejecutar los activos cuando el trámite quede firme en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El departamento de la calle San José figura nominalmente a nombre de la firma Los Sauces S.A., la sociedad inmobiliaria perteneciente a la familia de la ex vicepresidenta. Según determinó la investigación, los ingresos y activos de esta empresa se nutrieron de contratistas del Estado beneficiados durante el período analizado por los tribunales.
Inmuebles en la mira por la causa Vialidad
El listado de inmuebles alcanzados por esta nueva fase cautelar incluye activos de alta valuación ubicados tanto en la CABA como en Santa Cruz. Entre las unidades funcionales cauteladas se destacan departamentos y cocheras en el complejo Madero Center del barrio porteño de Puerto Madero, los cuales contaban con contratos de alquiler vigentes con firmas del empresario Cristóbal López.
La resolución también incluye extensiones de tierra y terrenos en El Calafate y El Chaltén, sumados a múltiples inmuebles registrados en la ciudad de Río Gallegos. En la capital santacruceña, la medida afecta al chalet particular donde residió la ex jefa de Estado, junto a otros domicilios distribuidos en el casco urbano local.
Los magistrados fundamentaron el alcance de la medida sobre bienes radicados a nombre de sociedades o transferidos a terceros en la normativa legal vigente. El Código Penal habilita a cautelar aquellos patrimonios que recibieron el beneficio económico directo o indirecto proveniente de las maniobras defraudatorias acreditadas durante el juzgamiento del caso.
El monto millonario del perjuicio al Estado por el caso Vialidad
El fuero federal estableció previamente una suma equivalente a 685.000 millones de pesos en concepto de perjuicio patrimonial al gobierno nacional por el direccionamiento de la obra pública vial. Esta cifra global debe ser cubierta en forma solidaria por el conjunto de los condenados en el proceso penal.
En paralelo a los bienes inmuebles, los tribunales mantienen el foco sobre los activos financieros detectados durante la instrucción de expedientes vinculados. El Ministerio Público Fiscal solicitó incluir en el decomiso preventivo los montos hallados en cajas de seguridad bancarias pertenecientes a la nómina familiar, cuyo origen lícito no pudo ser acreditado durante la etapa probatoria.
La liquidez en la causa de Cristina Kirchner
El tribunal reiteró los pedidos de informes a las entidades bancarias correspondientes para precisar la liquidez actual de las cuentas y cajas sujetas a cautela. Con esta decisión, la magistratura procura unificar las medidas de resguardo financiero mientras la instancia superior revisa las apelaciones presentadas por las defensas técnicas de los implicados.
En pocas palabras
Embargo judicial: el Tribunal Federal ordenó trabar un nuevo embargo sobre el departamento de Cristina Kirchner para resguardar patrimonio.
Causa Vialidad: la medida busca asegurar el pago por perjuicios al Estado en la causa por obras viales en Santa Cruz.
Bienes abarcados: el embargo incluye el departamento y otros inmuebles en CABA y Santa Cruz vinculados a la ex presidenta.
