El Senado de Mendoza aprobó este martes con modificaciones la megaley de inversiones impulsada por Alfredo Cornejo. Como el proyecto ya tenía media sanción de Diputados, ahora deberá regresar a esa cámara para que los legisladores analicen los cambios incorporados y decidan si le otorgan la sanción definitiva.
La iniciativa reúne en un solo texto una serie de reformas vinculadas con la promoción de inversiones privadas, la reorganización de organismos provinciales, el futuro del Fondo para la Transformación y el Crecimiento, el Instituto Provincial de Juegos y Casinos y el saneamiento de activos de los ex bancos oficiales.
Beneficios para inversiones y cambios en el Fondo para la Transformación
Uno de los ejes del proyecto es la adhesión de Mendoza al Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), destinado a proyectos de entre 150.000 y 9 millones de dólares. Además de los beneficios nacionales, la Provincia sumará incentivos propios como estabilidad impositiva, subsidios de tasas, programas de promoción del empleo y asistencia técnica.
La propuesta también establece la disolución de la Administradora Provincial del Fondo para la Transformación y el Crecimiento. En reemplazo del esquema de créditos directos, el Ejecutivo podrá subsidiar tasas de interés para proyectos productivos financiados a través de entidades bancarias y definir inversiones consideradas estratégicas para la provincia.
Reorganización de Casinos y saneamiento de activos
Otro de los capítulos autoriza la reorganización del Instituto Provincial de Juegos y Casinos, luego del incendio que dejó fuera de servicio la sala de la Zona Este y redujo parte de su recaudación. La iniciativa también prevé retiros voluntarios, reubicaciones de personal y otros mecanismos para afrontar la reestructuración del organismo.
Además, el proyecto habilita el saneamiento de activos administrados por la Dirección de Administración de Activos de los Ex Bancos Oficiales (DABO). Entre otras medidas, autoriza la baja de créditos considerados incobrables y la cancelación de hipotecas vinculadas a deudas históricas que ya no pueden recuperarse, con el objetivo de regularizar la situación de numerosos inmuebles.
Durante el debate, el oficialismo defendió la iniciativa como una herramienta para modernizar el Estado, promover inversiones y hacer más eficiente el uso de los recursos públicos. En cambio, el Partido Justicialista, Fuerza Patria y el Partido Verde votaron en contra, mientras que el PRO y La Libertad Avanza acompañaron el proyecto. Ahora será la Cámara de Diputados la que deberá resolver si acepta las modificaciones introducidas por el Senado y convierte la iniciativa en ley.






