La Cámara de Diputados de la provincia dio media sanción este miércoles a la iniciativa del Poder Ejecutivo que modifica normativas del IPV para acelerar procesos de desadjudicación y recuperación de viviendas sociales ante casos de falta de pago, abandono o uso irregular de los inmuebles.
Diputados aprobó la herramienta que le permite al IPV quitarles casas a deudores crónicos
La ley que afecta al IPV apunta a morosos, a las casas abandonadas y a las que tienen uso irregular. El PJ se opuso y reclamó por quienes no pueden pagar

Uno de los barrios del IPV.
Foto: IPVEste proyecto va en paralelo con los procesos que ya inició el IPV (Instituto Provincial de la Vivienda) para quitarles casas a 50 personas que acumulan más de 7 años sin pagar las cuotas. Ahora la iniciativa pasó a la Cámara de Senadores.
La aprobación en la Cámara Baja contó con el respaldo de casi todos los bloques y el rechazo del peronismo que pidió que se tome en cuenta que hay muchos adjudicatarios que no pueden abonar sus obligaciones debido a la crisis económica y no a que falte voluntad de pago.
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Andrés Lombardi: "Casas para los que están en lista de espera"
El presidente de la Cámara de Diputados, el radical Andrés Lombardi, celebró la decisión legislativa: "Hay miles de familias en Mendoza soñando con su casa propia, y hay viviendas del IPV Mendoza vacías o en manos de quien no cumple. Dimos media sanción a un proyecto que agiliza su recuperación, para que vuelvan rápido a quienes están en lista de espera".
En la fundamentación de esta ley propuesta por el Ejecutivo se recordó que "el IPV es el organismo encargado de instrumentar la política de vivienda social en la provincia, y esta política reconoce como eje central el principio de función social de la propiedad, en virtud del cual las unidades habitacionales construidas o financiadas total o parcialmente por el Estado deben destinarse efectivamente a satisfacer necesidades habitacionales de sectores que no pueden acceder a soluciones en el mercado”.
“Se han detectado supuestos de incumplimiento por parte de los beneficiarios, ya sea por mora persistente o por abandono del inmueble, desnaturalizando la función social de la vivienda y perjudicando a miles de ciudadanos en lista de espera. Estos casos han derivado en procedimientos en los cuales se ha resuelto la desadjudicación del plan de vivienda, siendo por ende necesaria la recuperación efectiva del inmueble de una manera ágil y eficiente para que esa vivienda sea adjudicada a posibles beneficiarios dispuestos a honrar los compromisos determinados por el lPV”, se señaló también.
Más información en este link: media sanción de Diputados.
A favor de la ley
Melisa Martínez Malanca (UCR): "El el proyecto tiene un único espíritu que es la función social de la propiedad. Se le otorga una herramienta al Instituto Provincial de la Vivienda para que pueda proceder a iniciar la acción de desalojo para aquellos casos en donde se haya procedido a la desadjudicación de viviendas. Es una respuesta efectiva a los sectores más vulnerados de la sociedad que no pueden acceder a una vivienda a través de las herramientas que brinda el mercado”.
Cintia Gomez (PRO): "No es solamente una simple modificación técnica de articulados, sino que en realidad es una definición clara de qué tipo de Estado es el que queremos. Queremos un Estado competente, un Estado eficiente, donde por supuesto funcione con reglas claras y que haga cumplir la ley. El espíritu de este proyecto, trata de fortalecer la institucionalidad, de reafirmar el principio de igualdad ante la ley y proteger el sentido de esta política pública tan importante que tiene que ver con las viviendas sociales”.
Gustavo Cairo (Mendocinos por La Libertad) : "Es darle herramientas al IPV para poder recuperar lo que ha invertido la gente a través de sus impuestos, en viviendas. El IPV debió realizar distintas acciones por la morosidad que tenía en su cartera, lo cual es injusto para todos aquellos que no han podido acceder a una vivienda social cuando ni siquiera, aquel que ha sido adjudicado, honra esa responsabilidad”.
María Fernanda Kaufman (La Libertad Avanza): "Se le dan herramientas eficaces al IPV, que ha sido promotor y ha beneficiado a muchísimos mendocinos posibilitándole una vivienda digna, mejorar las condiciones de vida y también una planificación urbana verdaderamente planificada y desarrollada. Entiendo que los recursos públicos deben gestionarse con responsabilidad, se debe cumplir, porque los beneficiarios somos verdaderamente todos y las viviendas deben llegar a quien verdaderamente la necesita y ha cumplido con todos los requisitos”.
En contra de la ley
Lucas Ilardo (Fuerza Patria): "Hay que diferenciar al que no puede pagar por una situación particular de aquel que la alquila. Esto es lo razonable”.
Germán Gómez (PJ): “Caemos sobre la generalidad; con esto se pretende resolver un problema social, con una ley que solo busca acelerar procesos y no contempla situaciones particulares que deberían diferenciarse”.
Verónica Valverde (PJ): "No vamos a acompañar este proyecto porque no han sido tenidas en cuenta nuestras sugerencias. Este tema necesita un debate técnico y serio".