Daniel Orozco fue imputado este martes por el delito de peculado en el caso de las cooperativas fantasma de Las Heras.
Justicia
Daniel Orozco fue imputado por peculado en el caso de las cooperativas de Las Heras
El ex intendente de Las Heras se negó a declarar. Su pareja, Janina Ortiz, logró postergar la imputación
El ex intendente de Las Heras, Daniel Orozco (LAUM).
Foto: Cristián Lozano / Diario UNOEl ex intendente y ex candidato a vicegobernador por el demarchismo se presentó en la Unidad Fiscal de Delitos Económicos y el fiscal investigador, Juan Ticheli, le comunicó que su situación procesal había cambiado tras la elaboración de un nuevo avoque tomando como referencia un informe del Tribunal de Cuentas.
De estar sospechado por el delito de fraude pasó al de peculado en calidad de autor, que prevé de 2 a 10 años de cárcel. Eso significa que se sospecha que se apropió o aprovechó de bienes públicos de manera indebida para su beneficio personal o de terceros.
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Orozco se negó a declarar
Orozco, quien gobernó Las Heras entre 2015 y 2023 en representación de Cambia Mendoza, se negó a prestar declaración indagatoria y pidió la nulidad de lo actuado por el magistrado.
En esta nueva etapa de la pesquisa, Ticheli lo imputó por haberle pagado $35 millones a la cooperativa de trabajo Manos Abiertas, que -para la Justicia- nunca funcionó.
Para las 10 de la mañana fue citado otro de los implicados: Osvaldo Oyhenart, quien se ocupó de la contratación de la cooperativa desde su cargo de Subsecretario de Políticas Sociales del departamento.
También se le notificará que queda imputado por el delito de peculado en calidad de autor -igual que Orozco- habiéndose modificado el primer avoque que lo tenía como imputado por fraude.
La tercera persona involucrada en este caso en calidad de autor es Janina Ortiz, suspendida diputada provincial por el demarchismo y pareja de Orozco. Fue citada para ser imputada durante la semana pasada pero no se presentó ya que la jueza Dolores Ramón aceptó un planteo de nulidad de la citación.
Es que la Suprema Corte de Justicia todavía no resuelve un planteo de Ortiz, que cuestionó la intervención del juez Sebastián Sarmiento en este caso y en otro en el que ya fue imputada: amenazas coactivas en perjuicio de una empleada municipal.
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