El gobernador Alfredo Cornejo acusó al Banco Nación de cobrarle de más a Mendoza por el uso de la tarjeta SUBE y no sólo pidió que termine esa práctica, sino también resarcimientos económicos por 90 millones de pesos en concepto de los montos supuestamente mal direccionados. La novedad se conoció este miércoles, con la publicación de un decreto en el que se facultó a la Asesoría de Estado a iniciar acciones legales para poner en orden el asunto.
Prepara una demanda
Cornejo acusó al Grupo Banco Nación de cobrarle de más por la SUBE y reclama $90 millones
El gobernador sostiene que los cobros son indebidos y perjudicaron a Mendoza en 45 millones de pesos por mes. La SUBE puede ser un factor esencial para recibir subsidios
Según el Gobierno, Nación Servicios S.A. se está llevando un indebido 7% por la SUBE en colectivos de Mendoza.
Concretamente, la provincia le reclamó a la empresa Nación Servicios S.A. que se está llevando más dinero del que en teoría le corresponde por el convenio firmado para la utilización de la red SUBE.
A partir de dicho convenio, la administración local dice que la empresa nacional debería descontar el 1% más IVA diariamente -cifra que figura como "única retribución" por los viajes-, pero que está llevándose más que eso: el 7% más IVA todos los días.
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Dos meses polémicos
Ese cambio ha estado operando por casi dos meses, siempre de acuerdo a la versión que emergió por estas horas de Casa de Gobierno. Desde el 2 de enero refieren que comenzaron a llevarse más de lo que estipulan los acuerdos, que además de ese punto porcentual por las transacciones que registran las máquinas, marca que la empresa puede hacerse de un 3% extra en concepto de retribuciones de Red de Carga pagados por la firma ya mencionada.
Esa entidad -Nación Servicios S.A.- es gestora y administradora de la SUBE y sus transacciones desde lo dispuesto por la resolución 6/2013 de la entonces Secretaría de Transporte, durante la segunda presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Desde 2019 mantiene un vínculo contractual con la provincia y es proveedora del mecanismo en buena cantidad de unidades del Gran Mendoza, aunque no llega a todo el territorio provincial. Esos entendimientos están siendo vulnerados, de acuerdo a la acusación que surgió desde el Ejecutivo mendocino por estas horas.
Lo que pide la provincia son 90 millones de pesos, ya que el cálculo realizado en el Barrio Cívico da como resultado que se perjudicó a Mendoza con 45 millones mensuales y la modificación ha estado operativa durante todo lo que va del año, según estiman.
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Le apuntan al gobierno anterior
"El convenio con SUBE que firmamos en 2019 establecía que el costo del servicio era el 4,5% de la recaudación. Luego de eso, (Sergio) Massa decidió, de prepo, empezar a cobrar 7%, unilateralmente. Eso se llevó a cabo a partir del 1 de enero de este año. Por lo que Mendoza simplemente está reclamando que nos cobren lo que nos tienen que cobrar y nos devuelvan lo que nos han cobrado de más", respondieron a Diario UNO desde el Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial.
La administración Cornejo invocó el Convenio Específico para la Implementación del Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE) que celebrara con Nación cinco años atrás y afirmaron en el Boletín Oficial que estos nuevos montos "exceden el porcentaje de retribución acordado" en esos instrumentos. Por lo pronto, no se ha informado cómo continuará el avance judicial de la provincia o si ya ha tenido efectos concretos, ya que la medida lleva por lo menos una semana de iniciada, a pesar de haber sido publicada este miércoles 20.
"Aún no han enviado el expediente electrónico en donde están los antecedentes para la demanda", confió una fuente de Gobierno respecto a los tiempos que se manejarán. Ahora que se publicó el decreto con el pedido a la Asesoría, lo más probable es que ese expediente aparezca y termine por darle la puntada final a un avance específico contra el banco.
El asunto se sumó a otros pedidos de resarcimiento que ya comenzó la provincia, aunque en estos casos fueron direccionados concretamente al Gobierno nacional: en primer término por dinero de los subsidios al transporte (pertenecientes al Fondo Compensador) y más tarde por supuestas deudas de hasta 15 mil millones de pesos en sumas que debieron estar destinadas a ítems educativos. Uno de ellos es el FONID, mentado por estos días porque Javier Milei decidió no reconstituirlo tras su vencimiento.
Hasta el momento no se ha conocido públicamente que otras provincias o jurisdicciones decidiesen la misma acción jurídica que Mendoza contra Nación Servicio S.A. ni se han reportado como perjudicadas.
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La SUBE, clave para los próximos subsidios
Cuando el Gobierno nacional anunció el fin de los subsidios a las provincias para el transporte público, aclaró que la nueva etapa llegaría con montos que directamente irían a "subsidiar la demanda". Es decir, la necesidad de algunos de los usuarios de colectivo de todo el país, por lo que tener la tarjeta y contar con colectivos adheridos al mecanismo se torna esencial, al menos de acuerdo a la información que hasta ahora han suministrado desde Buenos Aires.
Pero hay sectores de Mendoza que no son parte de la red.
“Las personas que utilizan el servicio, y que necesitan del aporte del Estado Nacional, seguirán contando con el Atributo Social en todo el territorio nacional donde funciona la tarjeta SUBE. Se trata de una asistencia que es igual para todos, vivan en el lugar que vivan, y que implica un descuento del 55% de la tarifa del boleto del transporte público”, fueron los detalles oficiales que se brindaron días atrás, al mismo tiempo en que se anunciaron los cambios.
En un comunicado, la Secretaría de Transporte de la Nación aseguró que la decisión guarda coherencia con el Pacto Fiscal que gobernadores y Gobierno nacional firmaron en 2017, donde se comprometían a eliminar progresivamente los subsidios diferenciales en materia de transporte para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
Contra eso arremetió Cornejo casi de inmediato, porque parte de ese mismo pacto implicaba que AMBA perdiera sus privilegios en esta materia y, sin embargo, el anuncio inicial marcaba que, mientras a las provincias se les eliminaban esos suministros, a Provincia de Buenos Aires y Ciudad Autónoma se les "reducirían".
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