Buscan crear un Tribunal de Conducta para juzgar a policías y penitenciarios denunciados
El titular de la Inspección General de Seguridad impulsa que los agentes estatales de seguridad sean juzgados por un Tribunal de Conducta frente a causas administrativas. Aumentan los casos de violencia de género
Violencia de género y violencia institucional son las causales más comunes por la Inspección General de Seguridad recibe denuncias contra policías y penitenciarios.
La Inspección General de Seguridad (IGS) promueve la creación de un tribunal de conducta que juzgue a los policías y penitenciarios denunciados administrativamente.
Marcelo Puertas, titular de la IGS, explicó que en breve será presentado en la Legislatura un proyecto para concretar este nuevo mecanismo que, aclaró, nada tendrá que ver con la actuación y decisiones que tome la Justicia Penal.
Ha sido diseñado de acuerdo al modelo cordobés y tiene por objeto que las denuncias contra personal policial y penitenciario de Mendoza pasen a ser resueltas por un tribunal.
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Un Tribunal de Conducta juzgaría a policías y penitenciarios denunciados.
Se actuará de acuerdo al sistema acusatorio y los denunciados podrán estar representados por abogados gratuitos que serán parte del sistema y podrán ser acusados por una especie de fiscal que haya realizado la investigación sumaria previamente.
Violencia de género y violencia institucional son las causales más comunes por la IGS recibe denuncias contra policías y penitenciarios.
El 20% de las presentaciones son por violencia de género. El 50% de ésas terminan en sumario administrativo.
Los casos de violencia institucional se refieren al comportamiento de ese personal público de seguridad en ejercicio de la función.
Puertas se declaró expectante por el tratamiento legislativo del proyecto: "Ha sido recibido de buen grado, así que confiamos que será aprobado oportunamente", dijo a radio Nihuil.
La IGS recibe denuncias telefónicas a través de las siguientes líneas:
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La IGS está integrada por representantes de los partidos políticos con representación legislativa.
Fue creada a fines de los ´90, cuando la Policía de Mendoza y el Sistema Penitenciario Provincial pasaron a ser conducidos ya no por policías y penitenciarios de alto rango sino por civiles designados por la política.
Su función es investigar las denuncias y determinar si los denunciados pueden ser sobreseídos, sumariados y hasta puestos al filo de la exoneración, decisión que correrá por cuenta de la cartera de Seguridad.
