Así fue la negociación secreta del Jury que permitió una destitución elegante para la jueza Lizán
El Jury de Enjuiciamiento, que quiso echarla por mal desempeño, la Procuración y los abogados defensores acordaron una salida decorosa para Lizán y la Justicia de Familia
Los jueces de la Corte integran el Jury de Enjuiciamiento. Fotos: Axel Lloret
Que María Lizán fuera destituida del cargo de jueza por inhabilidad psicofísica y no por mal desempeño y desorden de conducta -como había sido denunciada ante el Jury de Enjuiciamiento-, terminó siendo un empate con sabor a victoria para todos: el Poder Judicial y la ahora ex magistrada de Familia.
Es que el caso, que entre 2021 y el lunes último pintaba para goleada del Poder Judicial y en estrépito para Lizán, tuvo un desenlace inesperado porque ganaron todos.
¿Qué pasó antes de la audiencia del lunes 29 en el Polo Judicial para que el Jury de Enjuiciamiento aliviara la calificación que llevó a Lizán a juicio?
De todo. Y en eso mucho tuvieron que ver el Jury, la Procuración de la Suprema Corte -parte acusadora en el proceso- y esencialmente los abogados defensores: Pablo Livio Cazabán y Juan Pablo Chales, que no se rindieron frenta a una derrota cantada y escandalosa.
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María Lizán, destituida el lunes último, ya había estado ante el Jury de Enjuiciamiento hace más de 10 años.
Paso a paso, el proceso del Jury que echó a María Lizán del Poder Judicial
En junio de 2022, Lizán fue denunciada por el presidente del Jury, Dalmiro Garay, porque una investigación interna reveló que había cometido diversas irregularidades en el ejercicio de la función de jueza en el Juzgado de Familia 12 de Las Heras.
Por ejemplo, faltar repetidamente al trabajo sin avisarles a sus colaboradores -lo que hizo fracasar varias audiencias vinculadas a los derechos de menores, padres y madres en conflicto con la ley-; y hacer compras online quitándole atención a las cuestiones que tenía para resolver, entre otras.
Pero la cuestión más grave y sensible, y que desató problemas internos e inminentes complicaciones penales y sumarios para el personal, fue que su firma electrónica -que es personalísima e indelegable- haya sido utilizada en expedientes por algunos colaboradores. Con una buena finalidad: que el trabajo del Juzgado no se detuviera. Sin embargo, esa conducta, ejercida por obediencia debida -como dijeron algunos implicados- fue absolutamente ilegal.
Conclusión: más de 400 expedientes firmados por Lizán de modo electrónico quedarían bajo sospecha. ¿Firmó la jueza o lo hicieron sus colaboradores, lo que podría ocasionar reclamos judiciales de parte de los involucrados en cuestiones de Familia?
Desde la cúpula del Jury de Enjuiciamiento estaban dispuestos a ir a fondo con Lizán. A echarla por mal desempeño y desorden de conducta. Para ejemplificar una decisión frente al resto del Poder Judicial.
Sin embargo, tras la suspensión, un fino análisis de las posibles consecuencias o daños colaterales obligaron a revisar el asunto pero sin abandonar la consigna de que la mujer de 66 años ya no podía seguir siendo parte del Poder Judicial de Mendoza.
En esa sintonía también actuó la Procuración, a sabiendas de que Mendoza quedaría a merced de juicios por mala praxis judicial y de que los empleados que firmaron en nombre de Lizán quedarían expuestos a sumarios y luego a ser despedidos por haber hecho de jueces sin serlo.
Hasta que a comienzos de abril, cuando el Jury decidió que el proceso de destitución comenzaría el lunes último, entró en escena el experimentado Pablo Cazabán, quien, junto a su colega Chales -hijo de la recordada camarista penal Laura Gil de Chales- clavaron una espina en el corazón del Jury y de la parte acusadora con un planteo de este calibre:
"¿Únicamente en el Juzgado de Familia 12 los empleados y funcionarios utilizan la firma electrónica de los jueces con o sin consentimiento? Si están seguros de que es así, entonces, echen a la doctora Lizán, pero sepan que el sistema quedará muy expuesto y los que firmaron deberán ser despedidos y podría haber demandas millonarias contra la Provincia..." "¿Únicamente en el Juzgado de Familia 12 los empleados y funcionarios utilizan la firma electrónica de los jueces con o sin consentimiento? Si están seguros de que es así, entonces, echen a la doctora Lizán, pero sepan que el sistema quedará muy expuesto y los que firmaron deberán ser despedidos y podría haber demandas millonarias contra la Provincia..."
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Pablo Cazabán y Juan Pablo Chales, abogados de María Lizán, durante la audiencia en el Jury de Enjuiciamiento.
Tras un par de días de silencio, comenzaron las negociaciones. Cazabán con el Jury y Chales con el procurador adjunto, Gonzalo Nazar, aunque la última palabra la tendría Alejandro Gullé.
La salida elegante de Lizán para atenuar los daños colaterales se ponía en marcha, no sólo por lo dicho en los párrafos anteriores, sino también porque dos de los 7 ministros que integran el Jury son y han sido coordinadores del Fuero de Familia durante los últimos años: Julio Gómez y Teresa Day. Y ellos también quedarían, cuanto menos, salpicados por esas conductas ilegales.
El cambio de la acusación contra Lizán se cristalizó el viernes 26, apenas 72 horas antes del comienzo del proceso en el Polo Judicial y luego de varias horas de celulares al rojo vivo. Hubo pulgares arriba para la negociación que finalmente permitió que Lizán fuera destituida como quería el Jury, pero ya no por desorden de conducta ni mal desempeño, sino por otra causal prevista por la ley 4970: inhabilidad psicofísica para seguir siendo jueza.
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La silla de acusada que María Lizán dejó vacía en la audiencia del Jury de Enjuiciamiento.
¿Y esas dos graves causales que la llevaron al banquillo de los acusados, incluidas las denuncias por maltrato laboral? Fueron archivadas: parte indispensable del acuerdo extrajudicial. Así, en definitiva, todos contentos. Al menos entre quienes son parte de la política y la Justicia.
Tres conclusiones tras la actuación del Jury
1) El Jury echó a Lizán del Poder Judicial y salvó el prestigio del Fuero de Familia.
2) Los sumariados verán extinguirse muy pronto esas actuaciones disciplinarias por haber usado -fuera de la ley- la firma electrónica de la jueza en causas y actuaciones. Varios sumariados, que habían sido llamados a declarar en el Jury, ya demuestran alivio por su futuro laboral.
3) La Provincia evitó un posible mar de demandas civiles por mala praxis judicial o cuanto menos sospechosa.
4) Aunque perdió el cargo, dicen que es lo que más le dolió, María Lizán podrá tramitar, no sin un alto costo político y económico, la jubilación por incapacidad, que será sensiblemente menor a la que cobran los magistrados que se van por la puerta grande. De hecho -y éste es otro dato que tuvieron en cuenta el Jury y la Procuración- no aportó al sistema previsional la cantidad de años exigidos, por lo cual deberá seguir haciéndolo, al menos durante tres años.
El lunes 29 de abril a las 9 el Jury comenzó a sesionar sin Lizán en la sala de audiencias, algo permitido por la ley. El desenlace fue breve, a pesar de algunos cabildeos.
Para sorpresa de quienes no estaban al tanto de las negociaciones ni del acuerdo ya coronado de palabra, el ambiente estaba tranquilo.
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Algunos de los 12 legisladores que participaron del Jury a María Lizán.
Cazabán pidió la palabra y solicitó que Lizán fuera destituida por otra causal, distinta a la inicial: "No puede seguir ejerciendo por inhabilidad psicofísica", dijo y luego detalló y documentó cuestiones de salud de Lizán y de dos hijos, que han terminado afectándola.
Rápidamente, Gullé y su equipo aceptaron y poco después se emitió una resolución lacónica, breve y contundente. Destitución por inhabilidad psicofísica y archivo de la acusación original.
Sin quitarle valor a esta decisión institucional, lo jugoso ya había ocurrido detrás de escena: las negociaciones y los tires y aflojes que desembocaron en una decisión tan consensuada como sorpresiva. Y porque no polémica.
