El Jury de Enjuiciamiento destituyó este lunes a María Lizán (66) del cargo de jueza de Familia porque "está inhabilitada física y piscológicamente para ejercer la magistratura", tal como argumentaron sus abogados y les fue aceptado.
Para evitar daños colaterales al Estado
El Jury de Enjuiciamiento echó a la jueza María Lizán por inhabilidad para ejercer el cargo
Estaba suspendida desde 2022 por mal desempeño y desorden de conducta pero el Jury la destituyó por inhabilidad psicofísica, como pidieron sus abogados
Momentos antes, el organismo encargado de evaluar la conducta de los magistrados mendocinos archivó las causales que la llevaron a juicio político: mal desempeño y desorden de conducta.
El cambio de calificación, tan brusco por cierto, se produjo para evitar un mal mayor: demandas millonarias contra el Estado provincial y complicaciones para los empleados y funcionarios del Juzgado de Familia 12 de Las Heras: bombas a punto de explotar si Lizán era destituida por ejercer la magistratura de modo reprochable.
El proceso se desarrolló en el Polo Judicial mientras empleados judiciales reclamaban mejoras salariales.
Lizán no acudió al Jury este lunes, que comenzó a sesionar en su ausencia. Pablo Cazabán, uno de sus abogados, presentó una batería de documentación para argumentar que la imputada no estaba en condiciones psicofísicas de seguir siendo jueza, ya que está seriamente afectada en su salud a raíz de problemas de salud que tienen dos hijos. Buscaba una salida elegante.
Pidió, entonces, que se modificara la causal de juicio político lo cual fue aceptado por el Procurador de la Corte, Alejandro Gullé, la parte acusadora del debate.
Conclusiones de la destitución de María Lizán
Los 18 miembros presentes del Jury coincidieron y la decisión generó conclusiones varias.
1) Lizán fue echada del Poder Judicial porque su situación era insostenible desde hace varios años, más allá de que haya ocurrido por razones de salud.
2) No podrá cobrar jubilación de magistrado porque no tiene los años de aporte necesario en el sistema previsional.
3) El Jury apostó por evitar daños colaterales complejos y costosos para el Estado: puso a salvo más de 400 expedientes del fuero de Familia que pasaron por el despacho de Lizán y que, si ella hubiera sido destituida por mal desempeño, hubieran sido potenciales juicios contra la Provincia. ¿Motivo? Muchos fueron firmados con su dispositivo electrónico, aunque no en todos los casos manipulado por ella mismo sino por empleados y funcionarios que admitieron haberlo hecho por "odebdiencia debida, temor a represalias y para que el Juzgado siguiera funcionando a pesar de que la jueza no iba a trabajar".
4) Esto último también ponía en riesgo a ese personal judicial pero ya quedó desactivado.
Cuestionada
La magistrada de 66 años había sido denunciada por el presidente de la Corte, Dalmiro Garay, en junio de 2022, al cierre de una investigación interna que reveló hechos finalmente encuadrados como mal desempeño de las funciones y desorden de conducta al frente del Juzgado 12 de Las Heras.
Era la segunda vez que Lizán está en banquillo de los acusados frente al Jury de Enjuiciamiento. Hace más de una década zafó tras haber sido investigada por presuntas irregularidades como jueza en la Justicia del Valle de Uco, en un caso bajo sospecha de adopciones de menores.
El último juicio de destitución del Jury data del año 2020, cuando el camarista laboral Antonio Vicente Sánchez Rey fue destituido por mal desempeño.
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Por qué la jueza Lizán llegó al Jury de Enjuiciamiento
María Lizán quedó en el centro de la escena en 2021.
En noviembre de ese año, la Suprema Corte de Justicia tomó conocimiento de que la ejercía conductas reñidas con el ejercicio de la función y con el trato para con el personal del Juzgado de Familia 12.
Esto motivó una investigación administrativa durante la cual declararon empleados y funcionarios de esa dependencia.
Dieron cuenta de que Lizán faltaba reiteradamente a su trabajo sin dar aviso, lo que obligaba a suspender súbitamente audiencias con ciudadanos en litigio; que delegaba funciones indelegables, como la firma de actuaciones mediante el dispositivo electrónico de uso particularísimo y exclusivo y que estuvo a punto de dar en adopción al hijo de una madre internada en el neuropsiquiátrico El Sauce sin haber cumplido los pasos procesales de rigor.
Dijeron, además, que durante algunas audiencias Lizán desviaba su atención de los actos procesales para hacer compras o contrataciones online a través del celular.
Los testigos también la denunciaron por maltrato laboral, como burlas, apodos que afectaron a varios y hasta la imposición de que bebieran alcohol en horas de trabajo en el Juzgado.
Renunció para esquivar el juicio de destitución pero Suarez dejó el proceso en marcha
Tras ser denunciada por Garay ante el Jury, Lizán renunció para zafar del proceso que derivó en el juicio destitución que comienza este lunes. Sin embargo, el entonces gobernador Rodolfo Suarez no contestó el escrito y dejó en pie la intervención del Jury.
Así, en 2022, tras analizar la presentación, el Jury la suspendió y, tal como indica la ley 4970, Lizán pasó a cobrar la mitad del sueldo.
Hace poco más de un mes reclamó que le permitieran volver a trabajar, ya que habían transcurrido dos años desde la denuncia, tal como indica la normativa vigente. Sin embargo, el Jury rechazó esa pretensión por considerar que la denuncia que realmente valía era la recibida en ese organismo en junio de 2022 y no la de tipo administrativo que data de noviembre de 2021, como ella argumentó.
En la primera etapa, Lizán fue asistida por los abogados Carolina Jacky y Carlos Lombardi. En 2023 asumió ese rol Pablo Cazabán junto con Juan Pablo Chales.
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