Mientras cientos de mendocinos y empresas buscan insertarse en los megaproyectos mineros de San Juan, el gobierno de esa provincia envió a su Legislatura un proyecto que busca fortalecer la participación de trabajadores y firmas sanjuaninas en la cadena de valor minera.
Mendoza mira de cerca la ley de empleo y proveedores mineros que impulsa San Juan ante el boom de la industria.
La iniciativa establece metas de empleo y compras locales, pero no cierra la puerta a la llegada de los “vecinos”. Reconoce la limitación que el propio sector viene señalando: la capacidad actual de proveedores y mano de obra podría no alcanzar para abastecer el boom minero que proyectan los grandes jugadores del cobre.
Las claves del proyecto minero sanjuanino
El proyecto de Ley de Desarrollo Local Minero fue enviado por el Poder Ejecutivo de San Juan a la Cámara de Diputados provincial en un contexto de fuerte expansión de la actividad, impulsada por los grandes proyectos de cobre y las inversiones asociadas al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
Llega para reemplazar, después de más de 10 años, una ley de proveedores mineros que - dicen en San Juan- nunca se aplicó del todo y, por tanto, no funcionó como se esperaba.
La iniciativa apunta a ordenar y fortalecer la participación local en el empleo, las compras y los servicios vinculados con la minería, aunque no impone cupos obligatorios ni restricciones automáticas a la contratación de empresas o trabajadores de otras provincias. Y esta es la parte que interesa a Mendoza.
El proyecto obliga a las compañías mineras y a sus principales contratistas a presentar planes de desarrollo de empleo y de proveedores, con objetivos concretos, actualizaciones cada dos años e informes periódicos sobre su cumplimiento.
En materia laboral, el proyecto fija como meta que 80% de los trabajadores de cada operación minera tenga residencia en San Juan, con prioridad para quienes viven en los departamentos ubicados en el área de influencia de cada emprendimiento.
Sin embargo, como decíamos, contempla excepciones cuando no exista mano de obra local suficiente y prevé programas de capacitación para cubrir esas brechas.
La norma también establece como objetivo que 60% de las compras de bienes y servicios se realice a proveedores sanjuaninos. Pero nuevamente introduce una salvedad interesante para los mendocinos: las empresas podrán contratar firmas de otras provincias o del exterior cuando acrediten que no existe una oferta local equivalente en precio, calidad o capacidad operativa.
La ley que ingresó a la Legislatura –que tiene sólo una cámara- crea, a su vez, un Registro Provincial de Proveedores Mineros, para determinar qué empresas podrán ser consideradas proveedoras locales.
Entre otros requisitos, las firmas deberán acreditar domicilio operativo en San Juan, tributar en la provincia y contar con al menos 80% de trabajadores sanjuaninos.
El proyecto también contempla la obligación de las empresas mineras de publicar con anticipación sus necesidades de bienes y servicios. El objetivo es que los proveedores puedan prepararse, realizar inversiones, capacitar personal y adecuar su estructura para competir por futuros contratos.
El boom minero en San Juan, ¿una oportunidad para Mendoza?
Entonces, aunque el proyecto busca fortalecer la participación de trabajadores y proveedores sanjuaninos, la propia iniciativa reconoce una realidad que viene planteando el sector minero desde hace meses: la escala de los proyectos que se preparan para entrar en construcción podría superar la capacidad disponible en la provincia.
Este tema fue uno de los de mayor debate durante la reciente Expo San Juan Minera. Ejecutivos de compañías, cámaras empresarias y funcionarios coincidieron en que si el desarrollo simultáneo de varios proyectos de cobre se da como se proyecta, esto demandará miles de trabajadores especializados, equipos, servicios y proveedores. Y aún es incierto si todos ellos se encontrarán exclusivamente en San Juan.
En ese escenario, Mendoza aparece como uno de los socios naturales de la expansión minera sanjuanina; especialmente por su red de pymes metalmecánicas, energéticas y de servicios desarrollada durante décadas alrededor de la industria petrolera, además de mejores condiciones de infraestructura y conectividad.
La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, ha planteado en reiteradas oportunidades la necesidad de pensar la cordillera como una región integrada, mientras que referentes empresarios impulsan la conformación de clústeres y alianzas para afrontar contratos que exceden la capacidad de una sola firma.
De hecho, la posibilidad de que proveedores de Mendoza, San Juan y otras provincias trabajen de manera conjunta es vista cada vez más como una necesidad que como una alternativa.
La nueva ley minera sanjuanina intenta dar respuesta a un viejo reclamo local: ordenar prioridades y generar condiciones para que la mayor parte posible de la riqueza quede en esa provincia. El desafío para los mendocinos será estar a la altura y esperar la oportunidad de una industria que, según admiten las propias empresas, probablemente necesite recurrir a recursos humanos y proveedores de toda la región.