Una jueza suspendida por "desorden de conducta" pidió volver porque se venció un plazo legal
El Jury decide si la jueza María Lizán vuelve o no al trabajo porque lleva suspendida más tiempo que el fijado por ley. Pondrá fecha al juicio político
Una de las últimas reuniones del Jury de Enjuiciamiento.
La jueza María Lizán, suspendida por el Jury de Enjuiciamiento desde 2022 para ser juzgada por mal desempeño y desorden de conducta, pidió a ese tribunal ser restituida en el cargo porque ya transcurrieron 2 años de la denuncia, plazo tope para la suspensión fijado por la ley 4970.
Este jueves, el Jury de Enjuiciamiento que integran los 7 jueces de la Corte y 14 diputados y senadores provinciales tratará el pedido presentado por los abogados defensores, Pablo Livio Cazabán y Juan Pablo Chales.
En caso de ser aceptado, la jueza de Familia volverá al despacho y el proceso de juicio político podrá avanzar. Es más, se espera que el Jury fije fechas de las audiencias del debate.
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La jueza María Lizán ya había estado ante el Jury de Enjuiciamiento por un caso escandaloso y zafó.
Según el escrito, "la denuncia fue realizada el 29 de noviembre de 2021 y ya pasaron 2 años y 3 meses, mucho más del plazo tope para la suspensión establecido por el artículo 48 de la ley 4970 de Jury de Enjuiciamiento".
Este dice que "si el proceso de remoción se extendiera por un plazo mayor de dos (2) años a partir del momento en que se presente la denuncia, corresponderá el restablecimiento del magistrado o funcionario suspendido en sus funciones, sin perjuicio de la continuación del proceso".
La fecha de la denuncia es la clave. Mientras que para los abogados data de 2021, en referencia a la presentación de los denunciantes en la Corte, no se descarta que para el Jury la fecha de la denuncia considerada para definir el planteo sea junio de 2022, cuando el propio Dalmiro Garay presentó el caso en el Jury.
El presidente de la Corte la había denunciado ante el Jury de Enjuiciamiento
La denuncia de empleados y funcionarios del Juzgado de Familia 12 de Las Heras contra la jueza Lizán fue recibida en la Secretaría Legal y Técnica de la Suprema Corte de Justicia en noviembre de 2021.
Dijeron que faltaba al trabajo y no avisaba, lo que hacía caer las audiencias; que hacía compras por internet en vez de atender los expedientes y que incitaba a beber alcohol en horas de trabajo. Además, maltratos verbales contra el personal.
En junio de 2022, tras la investigación interna y administrativa, el presidente de la Suprema Corte de Justicia llevó el caso al Jury de Enjuiciamiento por considerar que Lizán había incurrido en dos causales de destitución: mal desempeño y desorden de conducta en el ejercicio de la función de magistrada.
Haber delegado la utilización de su firma electrónica, personal e intransferible, para los expedientes y un proceso judicial a la madre de un niño mientras estaba internada en un hospital se sumaron a los hechos tenidos en cuenta.
Días después, Lizán renunció por nota dirigida al entonces gobernador Rodolfo Suarez, quien jamás se pronunció al respecto, lo que mantuvo vigente el proceso de Jury.
Transcurrieron la aceptación formal y la defensa de la magistrada y en septiembre de 2022 el Jury la suspendió para juzgarla en fecha a determinar. Desde entonces, cobra medio sueldo, como establece la ley 4970.
Durante los 18 meses posteriores y hasta la fecha hubo producción de pruebas y el Jury cambió sus autoridades legislativas, todo marcado por un fuerte contexto electoral durante 2023.
Todo esto incidió directamente en que aún no haya fecha del juicio político.
El Jury está contra las cuerdas porque si levanta la suspensión, Lizán podrá volver al Juzgado donde se encontrará cara a cara con algunos de los funcionarios que la denunciaron y declararon en su contra en 2021.
