"De ninguna manera nos haremos cargo del narcomenudeo", contestó el gobernador Alfredo Cornejo cuando Diario UNO le preguntó si los fiscales provinciales se ocuparán de investigar el narcotráfico a baja escala, tal como reclamó el ministro Mariano Cúneo Libarona, durante la puesta en marcha del sistema acusatorio en la Justicia Federal.
Nuevo sistema judicial federal
Alfredo Cornejo descartó que la Justicia de Mendoza investigue el narcomenudeo como quiere Nación
El gobernador Alfredo Cornejo dijo que "de ninguna manera" la Provincia se hará cargo de las pesquisas que hoy hace la Justicia Federal
Alfredo Cornejo se refirió a los dichos de Mariano Cúneo Libarona.
Ya el procurador y jefe del Ministerio Público Fiscal, Alejandro Gullé, había anticipado, a poco del acto oficial de este lunes en Mendoza, "que no".
Que las pesquisas judiciales por el narcomenudeo pasen de las fiscalías federales a los fiscales de provincias es materia de un tire y afloje entre la Nación y las provincias que adoptan el sistema acusatorio federal, como ya sucedió en Cuyo -con Mendoza a la cabeza-, Salta y Jujuy.
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La pretendida desfederalización desde la Nación de este tipo de casos colisiona -en principio- con una decisión política provincial negativa fundamentada, básicamente, en los recursos disponibles.
Porque para investigar nuevos delitos hacen falta más fiscales, más auxiliares y más infraestructura, alegan desde el Ministerio Público Fiscal, a pocos días de haberse solucionado el larguísimo conflicto salarial con los empleados y los funcionarios judiciales.
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Preocupa el narcotráfico
El avance del narcotráfico en Mendoza fue, el lunes, uno de los ejes del discurso del Gobierno Nacional. Incluso la Cámara de Casación Penal apoyó ese diagnóstico, que fue uno de los principales fundamentos de la Procuración General de la Nación para que en Mendoza, San Juan y San Luis comience a aplicarse el sistema acusatorio federal en remplazo del histórico sistema inquisitivo.
A partir de este lunes, los fiscales federales se encargan de la investigación de delitos penales y los jueces federales tienen bajo la responsabilidad velar porque se cumplan las garantías constitucionales.
El mismo sistema se aplica en Salta y Jujuy y Santa Fe, especialmente en Rosario para combatir el avance del narcotráfico.
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