La reunión del plenario de la Banca de la Mujer, Justicia y Asuntos Penales, y Salud comenzó por la mañana de este martes con la participación de diez expositores y tras un cuarto intermedio al mediodía se retomó pasadas las 15:00 para que los senadores escuchen y hagan preguntas a otros diez invitados.
El abogado, ex juez y político radical Ricardo Gil Lavedra defendió la legalización del aborto y cuestionó la criminalización de la mujer que decide someterse a la interrupción del embarazo.
"Una enorme cantidad de órganos encargados de aplicar tratados de derechos humanos han establecido que puede despenalizarse el aborto temprano", consideró.
En la vereda opuesta, el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Argentina (UCA), Pablo Garat, apuntó que "ningún tratado obliga a la Argentina a legalizar el derecho al aborto y mucho menos a imponerlo a las provincias".
"Este proyecto tiene que superar el test de constitucionalidad y el de convencionalidad frente a los tratados sobre derechos humanos. Todo nuestro orden jurídico se apoya en el principio del interés superior del niño y la niña, esto no puede estar ausente", agregó.
En la misma sintonía, Edgardo Young, miembro de la Academia de Medicina, expresó que "la vida humana empieza en el proceso de la fertilización y cuando empieza la multiplicación celular, se va desarrollando un nuevo ser".
"No es persona todavía, pero sí es una persona en potencia y debe tener el mismo valor que una en desarrollo", acotó.
El abogado constitucionalista Alfredo Vitolo reconoció que hace 100 años el Código Penal de Vélez Sarsfield "despenalizó determinadas circunstancias de abortos", pero señaló que "en ningún modo podemos entender que el Código Penal obliga al médico a realizar el aborto en esas condiciones".
"No va a llegar nunca a los 1000 días porque esa mujer que quiere abortar jamás va a terminar de tomar la decisión de continuar con su embarazo porque no va a contar con la información completa", dijo en referencia al proyecto que se trata en paralelo al de IVE.
La abogada feminista Natalia Gherardi resaltó que "todos los comités de tratados internacionales de Derechos Humanos indicaron que nada en ello prohíbe la regulación del derecho a la interrupción del embarazo" y que de hecho "son pronunciamientos sostenidos, reiterados y oportunamente ampliados".
La abogada y licencia en Ciencias Políticas María Inés Franck se opuso a la iniciativa y comentó que "lo que este proyecto agrega a lo que ya tenemos (el aborto no punible por causales) es el aborto libre, que no esta permitido en nuestro derecho porque se sabe que la vida está protegida en las primeras etapas de su desarrollo".
Por otra parte, destacó que la media sanción contemple la objeción de conciencia pero expresó sus reparos respecto de aquellos médicos que no se anoten en el registro de objetores de conciencia.
"Al médico no objetor de conciencia que decida no hacer un aborto porque cree que no es la mejor decisión desde el punto de vista sanitario, es a quien se amenaza en la media sanción. El médico se convierte en el mero ejecutor del deseo de una mujer", alertó.
"Si esta ley se aprobara se estaría legalizando la eliminación de la vida humana hasta la semana semana 14 por razones arbitrarias o por lo menos por razones privadas sobre las cuales no tendrían por qué explicarse . Todo lo demás puede compensarse. La pedida de la vida, no. No admite grados ni regulación. Se tiene o no se tiene- Eso es lo que se nos dijo cuando comenzó la cuarentena, que el cuidado de la vida bien vale la paralización de un país", argumentó.
La antropóloga Marta Lamas Encabo aportó un dato sobre la experiencia concreta en México, donde se legalizó el aborto hace 13 años.
"En México la idea de que las mujeres son unas irresponsables, que abortan de manera frívola empezó a irse para abajo ya que la mayoría de las mujeres que iban a solicitar una ILE lo hacían entre la semana 8 y la 10 que es cuando puede ser por medicamento", manifestó.
En tanto, el doctor en derecho Santiago Alfonso opinó que "el proyecto para legalizar el aborto es gravemente inconstitucional y debe ser rechazado" a raíz del "desconocimiento de la igual e inviolable dignidad de la persona humana".
Fuente: NA
