La Junta Electoral del PRO en Mendoza se reunió en asamblea este martes y definió puntos claves sobre las elecciones del domingo que definirán al nuevo presidente del partido entre la vicegobernadora Hebe Casado y el senador provincial Gabriel Pradines, del demarchismo.
A días de la elección del PRO, se recalentó la interna con una asamblea clave y más sospechas de fraude
El sector de Casado y el de Pradines se siguen tironeando con denuncias y dejan un manto de dudas por la transparencia del acto electoral previsto para el 30 de junio

Hebe Casado y Gabriel Pradines hoy están enfrentados por la presidencia del PRO en Mendoza.
En un acto eleccionario repleto de polémicas y denuncias cruzadas, esta semana la discusión se centró en dos sospechas: por un lado la transparencia o no en el manejo de las urnas, su traslado y su custodia; y por otro, una fuerte acusación por "clientelismo" contra la lista Amarilla de Casado.
Respecto de esas dos cuestiones, la Junta -que también fue sospechada y debió cambiarse a en las últimas semanas- resolvió no contratar el dispositivo del Correo Argentino ni ninguna empresa de logística para el operativo elecciones y pedir que se formalice la denuncia ante la Justicia federal con competencia electoral por ese presunto intercambio de favores para que se investigue.
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La batalla final por la presidencia del PRO en Mendoza
Como primer punto, la Junta Electoral resolvió oficialmente que se proclamarán directamente las listas de Hebe Casado en Capital y Godoy Cruz. Eso después de la resolución del juez federal Pablo Quirós que bajó las listas del demarchismo en esos departamentos.
Por otra parte, se confirmó que la DGE autorizará el uso de escuelas para que proceda el acto eleccionario del partido y quedaron designadas las autoridades de mesa.
Respecto del pedido que la lista Amarilla de Hebe Casado realizó mediante un comunicado publicado por redes sociales de que se utilice al Correo Argentino para el traslado y el cuidado de las urnas, la Junta Electoral resolvió pedir presupuestos tanto al correo estatal y como a Andreani, pero finalmente optar por un manejo interno, sin recurrir a la contratación de ninguna empresa.
Lo que explicaron desde la Junta es que el Correo Argentino presupuestó $30 millones, lo que les pareció "absolutamente irrisorio y desproporcionado en el momento que Argentina está viviendo"; en tanto que reclamaron a la lista de Casado que, si tanto era de su interés esta contratación, se hubiese propuesto con anterioridad para poder efectuar con tiempo la contratación.
Lo que el interventor resolvió fue que sean las autoridades de mesa las que retiren las urnas desde donde la Junta determine.
Para garantizar la transparencia y evitar esas sospechas de falta de transparencia que ambas listas expresan, especialmente mediante redes sociales, la Junta resolvió que los bolsones sean precintados y que las autoridades de mesa los dejen la noche anterior a la elección en las comisarías más cercanas a las escuelas o directamente en el lugar de votación.
Al día siguiente, presidente y vicepresidente de mesa deberán retirar sus urnas de manera conjunta desde la comisaría si es que allí hubiesen quedado en custodia.
Cuando termine el acto eleccionario, serán ellos los que volverán a precintar las urnas para dirigirse a la sede de la Junta Electoral donde se hará el conteo. Fiscales que lo requieran podrán acompañarlos.
Desde entonces hasta el escrutinio definitivo, que quedó fijado para el 4 y 5 de julio, las urnas serán guardadas bajo llave en un cuarto fajado.
Denuncia por clientelismo político
En la asamblea también se analizó la última denuncia de Pradines contra la lista de Casado por "clientelismo". Según acusan con unas capturas de chats, la lista Amarilla contactó afiliados para "comprar" el voto a cambio de beneficios como bolsones de mercadería.
Como se trata de un delito, la Junta Electoral resolvió instar al veedor Santiago Alberdi a que la interponga la denuncia ante la Justicia federal con competencia electoral para que se investigue y eventualmente se castigue a los responsables.
Por último, la Junta pidió al juez Quirós que disponga de veedores judiciales en cada local de votación para garantizar la transparencia de la elección.
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