La Justicia tucumana investiga a los abogados Alfredo Aydar y Silvia Aydar tras una grave denuncia penal que los acusa es una grave estafa. En concreto se sospecha que se apoderaron de una millonaria indemnización a una joven de 21 años, a quien representaban legalmente luego de haber sido víctima de abuso sexual.
En Tucumán
Investigan si dos abogados estafaron a su clienta y se quedaron con su millonaria indemnización
Creen que la estafa tuvo como objetivo quedarse con el botín de una camioneta valuada en $50 millones que había recibido la denunciante
Uno de los abogados imputados por estafa.
De acuerdo con la presentación judicial, la víctima de la estafa había obtenido una reparación integral del daño en una causa penal por abuso sexual, a través de un acuerdo que incluyó la entrega de una camioneta Ford Ranger 4x4 modelo 2023, valuada en aproximadamente $50 millones.
Ese vehículo fue posteriormente vendido por unos $33,5 millonesa un allegado del abogado Alfredo Aydar, operación que -según la denuncia- marcó el inicio de una maniobra destinada a quedarse con el dinero de la víctima.
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La estafa que habrían cometido
La investigación sostiene que, tras la venta concretada a fines de 2025, los fondos habrían quedado bajo control de los abogados, quienes habrían inducido a la joven a entregar el dinero en efectivo en un contexto de alta vulnerabilidad emocional. Según su testimonio, el principal acusado le habría desaconsejado depositar el dinero en entidades bancarias advirtiéndole sobre un posible retorno del “corralito” y sobre riesgos de seguridad vinculados a su lugar de residencia, argumentos que, según la acusación, buscaron generar temor y dependencia.
En ese marco, la presentación judicial describe un presunto ardid basado en la manipulación psicológica, mediante el cual la joven habría cedido el control total de su patrimonio a los abogados. Uno de los puntos centrales de la causa es el destino que habrían tenido los fondos. La Fiscalía incorporó audios y conversaciones en las que Alfredo Aydar reconocería haber colocado el dinero en supuestos préstamos a terceros en la provincia de Santiago del Estero, con una promesa de interés mensual del 2,5%.
Una auditoría preliminar detectó múltiples irregularidades en la presunta estafa: no existirían contratos, ni garantías, ni identificación de los prestatarios, además de no constar ninguna autorización escrita de la víctima para realizar esas operaciones.
En paralelo, la denunciante de la estafa cuestionó la retención de importantes sumas bajo el concepto de honorarios profesionales. Según su relato, los abogados justificaron esos cobros en la supuesta presentación de más de 100 escritos judiciales, sin que existieran convenios firmados ni rendiciones de cuentas que acreditaran los montos percibidos.