El escándalo en los Potenciar Trabajo lleva varios capítulos en los que sus protagonistas se cruzan acusaciones entre sí. Es que parece que están con los nervios de punta en el gobierno nacional ante la lupa de la justicia sobre un foco de corrupción, clientelismo y desmanejo de fondos sociales. También el malestar crece entre los líderes de algunos movimientos sociales, que con la venia de un sector oficial, temen quedarse sin una caja millonaria.
Análisis y opinión
Potenciar Trabajo: investigar para terminar con la corrupción, no para expulsar a gente vulnerable
El gobierno nacional acordó con los movimientos sociales postergar hasta febrero el relevamiento de los planes Potenciar Trabajo. Aún no se sabe quiénes son los 253 mil beneficiados con irregularidades detectados por la AFIP. En Mendoza tampoco se conoce si hay anomalías en algunos de los planes.
Sigue la polémica por los planes Potenciar Trabajo-
Por ejemplo, el líder del Movimiento Evita a nivel nacional es Emilio Pérsico, quien a su vez es secretario de Desarrollo Social. Pérsico manejará en 2023, como lo hace ahora, fondos multimillonarios por un total de $594.285.914.597. La mitad del presupuesto del ministerio que es de más de un billón de pesos.
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A pedido de la propia ministra de Desarrollo Social, finalmente el juez Julián Ercolini levantó el secreto fiscal del informe de la AFIP -el que daba cuenta de irregularidades en más de 250 mil beneficiarios- para determinar la legitimidad de algunos planes.
¿Qué pasará con los planes Potenciar Trabajo?
Cuando el tema saltó a la luz, desde la oposición política y el fiscal federal Guillermo Marijuan pidieron la suspensión total del programa hasta tanto no se aclarasen las alteraciones.
Pero en su lugar Victoria Tolosa Paz anunció la baja de sólo 3.190 beneficiarios del objetado plan y la suspensión de 947 personas, lo que representó solo el 0,3% del total de beneficiarios del Potenciar Trabajo. Es decir la baja de otros beneficiarios que no son de la nómina con irregularidades detectadas por la AFIP (o sí). Lo que valió duros cuestionamientos por la liviandad con la que tomó en principio el tema.
Tolosa Paz pidió el levantamiento del secreto fiscal para evitar ser denunciada penalmente. Pero el viernes el fiscal Marijuan denunció a la funcionaria y al secretario de Economía Social, Emilio Pérsico, por los presuntos delitos de “Abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos”.
Les reprocha no haber dado de baja a los 253.184 beneficiarios que presentan incompatibilidades según la AFIP o al menos solicitar de manera exprés el levantamiento del secreto fiscal a la AFIP y así investigar si, efectivamente, esos beneficiarios recibían un subsidio del Estado fuera de las normas.
Marijuan considera que el informe, que fue pedido por el ex ministro Zabaleta a la AFIP debió derivar en una orden por parte de Tolosa Paz de suspender y re empadronar a los beneficiarios.
El titular de la Administración de Ingresos Públicos, Carlos Castagneto, ya pasó por la Justicia donde defendió su informe. Mientras que el jefe de Gabinete, Juan Manzur, envió un escrito al juez admitiendo que conocía el contenido del informe de la AFIP sobre el Potenciar Trabajo pero que la “autoridad de aplicación” es el Ministerio de Desarrollo Social. Es decir deslindó responsabilidades en Tolosa Paz y se lavó las manos lisa y llanamente.
Se desactivó el piquetazo nacional contra la baja de los planes sociales
El viernes quienes circularon por el Acceso Este fueron víctimas del piquete que realizó el Polo Obrero por más de tres horas y que generó un verdadero caos de tránsito. Una situación parecida se vivió en Buenos Aires y en otras provincias, porque la medida era de carácter nacional.
Es que el grupo piquetero llevó adelante la medida por temor a una baja total de los planes. Por lo menos así lo manifestó Martín Rodríguez, el representante del Polo Obrero en Mendoza, en el programa Mediodía de Radio Nihuil.
“Estamos impulsando un reclamo de la Unidad Piquetera en todo el país porque se han hecho público los anuncios del gobierno con altas intenciones de dar de baja el programa Potenciar Trabajo. Además de eso, está cuestionado el pago y cobro de los beneficiarios de ese programa social, que son todos trabajadores precarizados sin un ingreso. Deberían cobrar el 5 de diciembre. Consideramos que es una locura esta situación”.
Sin embargo, el Gobierno acordó con los movimientos sociales postergar hasta febrero el relevamiento de los planes Potenciar Trabajo. Esto surgió de una reunión entre el presidente Fernández, la ministra Tolosa Paz, Emilio Pérsico y Esteban Castro. Prometieron desactivar el plan de lucha y cortes de rutas.
Comprar dólares con la plata de un plan
Juan Grabois, el líder de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) cargó en A24 contra la titular de Desarrollo Social al decir que “expulsar a gente vulnerable que vive en una villa, porque llega a los $120 mil, pero que no tiene obra social ni estabilidad, es abuso de autoridad”
“¿Porque compraron 200 dólares los van a suspender, con el argumento de que en su lugar van a a llevar a un indigente? Decir eso es una canallada. Es sacarle la mitad del sueldo a gente vulnerable en lugar de sacarle a los ricos”, se despachó Grabois.
Rodríguez del Polo Obrero considera que si hay una irregularidad está bien que se investigue. Sin embargo, sostiene que “hay un ataque expreso porque se quiere condenar a una pobre persona que compró dólares vaya a saber cuándo cuando acá el Gobierno está bancando los dólares diferenciados a los sojeros”.
Ni canallada ni pobre persona. Claramente entre las condiciones que existen para ser subsidiado por el Estado un es no comprar dólares. Si esas personas compraron dólares seguramente no se trate de personas vulnerables.
Método para lavarse las manos: “Todo está centralizado en Buenos Aires”
En Mendoza son 28 mil los beneficiarios del programa Potenciar Trabajo. Sin embargo no se sabe si hay planes sociales irregulares en la provincia.
El Centro de Articulación de Desarrollo Social en Mendoza, lo conduce Sonia Carmona. Con ella charlé hace unos días para Radio Nihuil.
No pudo decir cuántas personas hay en Mendoza con irregularidades: “La verdad es que desconozco. La reflexión no deja de ser grave y está bien que el Estado dé de baja en caso de irregularidades como lo ha hecho en forma inmediata la ministra Tolosa Paz”.
Vale aclarar que la ministra tardó quince días en tomar una medida menor y no en base a los miles de planes cuestionados.
También le consulté a Carmona sobre si entre los 2.800 fallecidos ex beneficiarios del plan a los que le siguieron cobrando el subsidio, había algunos de Mendoza.
“No tenemos injerencia directa sobre el programa. Nosotros no participamos de las altas ni de las bajas”.
Sobre quién articula con los movimientos sociales en Mendoza, Carmona dijo que la mayoría tiene una pertenencia a nivel nacional. “Acá en Mendoza nos dejan un petitorio por alguna inquietud, demanda o lucha pero se eleva a la Nación”.
En este mismo espacio decíamos domingos atrás que un cuarto del total de beneficiarios presenta incompatibilidades y posiblemente la culpa no sea de la persona sino de la falta de transparencia general de la operatoria y del escaso o nulo control ocasionando un tremendo perjuicio económico a las arcas públicas.
Carmona admitió que no se pudieron firmar los convenios con las universidades.
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Rodríguez del Polo Obrero dijo que nunca han estado en contra de las auditorias ni mecanismos de control. “Pregúntenle a los ex funcionarios de Macri cuando iban a los comedores del Polo Obrero a controlar las personas que estaban en el programa Haciendo Futuro, para que cumplieran con la contraprestración. Nunca la hemos rechazado. Que el gobierno no haya impulsado las auditorias en Mendoza no es responsabilidad nuestra. Hay una Dirección de Desarrollo Regional que está pintada al óleo que cobran salarios exorbitantes. Ni se hacen presente en una manifestación”
-¿Cuál es esa oficina? ¿La que maneja Sonia Carmona?, le pregunté a Rodríguez
-Exactamente
Los punteros políticos
En cuanto a los 300 beneficiarios que se cambiaron a la Unidad de Gestión de la Provincia escapando del pedido de coimas de los movimientos sociales Carmona dijo que desconoce la situación. “No tenemos una herramienta. Las personas lo hacen en forma online”.
Sin embargo, Rodríguez del Polo Obrero dijo que también “se han pasado miles a la Unidad Piquetera porque están cansado de los punteros políticos”
Aclaró que “quitaría la intermediación a los punteros políticos que están en los barrios y que están ligados al gobierno de Alberto Fernández, porque si ustedes van a cualquier barrio de la provincia donde están las organizaciones de la Unidad Piquetera no están los punteros. Están donde está la UTEP” cerró Martín Rodríguez, el líder del Polo Obrero.
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Como decía, los movimientos sociales salieron a la calle el viernes ante el temor del no pago de la cuota de noviembre y de la amenaza de “desenganchar” los planes del salario mínimo.
También por el temor a la baja de planes. Hace meses que en el Gobierno analizan terminar con al menos 400 mil subsidios.
Pero tras la bomba que hizo estallar la AFIP con su informe, aquellos beneficiarios que cumplan con las condiciones no deberían por qué temer la baja. Incluso los movimientos piqueteros que salieron a protestar deberían apoyar la depuración de los padrones, si es que se consideran libres de culpa y cargos.
Durante enero habrá feria judicial y los listados recién se van a depurar en febrero. Esperemos que toda la causa no quede en el olvido en estos 60 días. Y se logre ponerle nombre y apellido a los beneficiarios con irregularidades y más aún, determinar si hay punteros o “ideólogos” detrás de estas maniobras de estafa al Estado.
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