Análisis y opinión

Sin controles: en Mendoza las universidades nacionales nunca auditaron los planes Potenciar Trabajo

Al escándalo de los más de 250 mil beneficiarios de planes sociales como el Potenciar Trabajo que compraron dólar ahorro o declararon bienes personales, se le sumó que familiares o terceras personas de más de 2.800 fallecidos siguieron cobrando la asistencia del Estado. Claramente fallan o son nulos los controles

En la semana que pasó se conoció un informe que había solicitado el 30 de junio el ex ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, a la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos) ante presuntas irregularidades en los planes Potenciar Trabajo.

La sospechas se confirmaron cuando tras un entrecruzamiento de datos, la AFIP detectó que 253.184 personas. Esto es: el el 18,30 por ciento de los beneficiarios de este plan había presentado declaraciones juradas de bienes personales y 35.398, el 2,56%, logró comprar dólar ahorro en los últimos seis meses.

El entrecruzamiento de datos determinó que algunos beneficiarios tienen "dos o más propiedades" según las declaraciones de bienes personales presentadas.

La ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, confirmó que les quitarán los planes sociales a los beneficiarios que hayan comprado dólares.

Incluso el fiscal federal, Guillermo Marijuán, le pidió a la funcionaria que le envíe con carácter de urgente la información sobre los 250 mil beneficiarios involucrados. El fiscal tiene indicios de que hay personas que declararon ser propietarios de dos o más inmuebles e incluso compraron más de mil dólares en los últimos meses.

Para agregar una cuota más de indignación se supo en los últimas horas la estafa que realizan los familiares o personas allegadas a 2.800 ex beneficiarios fallecidos del Potenciar Trabajo. Estas personas siguen cobrando los casi 28 mil pesos del plan como si el titular estuviese con vida.

Algunos referentes de la oposición salieron a criticar duramente la falta de controles de los planes sociales. Uno fue el diputado nacional del PRO, Waldo Wolff, que señaló en Twitter que "el Ministerio de Desarrollo Social debería denuncia penalmente a estos beneficiarios. Es estafa cobrar el plan de un muerto".

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Todo hace pensar que además de la falta de controles, hay corrupción e incluso comisión de delitos. Indignante

¿Y los controles? No existen

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En Mendoza hay unos 14.000 beneficiarios del Potenciar Trabajo, muchos de ellos, del Movimiento Evita.

En Mendoza hay unos 14.000 beneficiarios del Potenciar Trabajo, muchos de ellos, del Movimiento Evita.

Se sabe que nadie que tenga bienes o un trabajo registrado puede acceder a un plan social. Vuelvo a recordar una frase de Luis Böhn, el ex secretario General del Movimiento Evita Mendoza (agrupación afín al gobierno) que decía: "Vos no podés tener plan social si sos dueño de una casa, si tenés aportes en blanco y si tenés un auto con 10 años menos de uso". Todo hace suponer que no necesariamente. Basta con mirar el informe de la AFIP.

En la Argentina un millón 300 mil personas son beneficiarias del Plan Potenciar Trabajo y en Mendoza este programa alcanza a 14 mil personas.

Ya la semana pasada dábamos cuenta de que este plan es el más cuestionado puesto que por la gran masa de personas a la que llega, debería tener controles exhaustivos y justamente parece que ocurre todo lo contrario. Los controles o son muy laxos o inexistentes.

El Ministerio de Desarrollo Social gasta casi la mitad de su presupuesto anual en el Potenciar Trabajo. Se supone que los 27.275 pesos por mes deben llegar a personas pobres, sin bienes ni trabajo registrado.

Saber que el 50 por ciento de los fondos de la cartera social se destinan a un plan que hoy está bajo la lupa, cuestionado, y sin controles, hace suponer que toda la política social del gobierno nacional no fue más que un reparto de fondos discrecional con conveniencias políticas.

Decíamos el domingo pasado que el gobierno no sólo quiere dar de baja unos 400 mil planes sino que además dará el control del 30 por ciento de la obra pública nacional a los movimientos sociales a través del Potenciar Trabajo, lo que podría ser un semillero de punteros políticos.

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Para ingresar al Potenciar Trabajo los interesados se deben anotar en el Renatep (Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular). Ahí se supone que hay un primer control, ya que una vez que se inscriben se entecruzan los datos en una base nacional, el SINTYS (Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social) y automáticamente se excluye a las personas que tengan bienes, patrimonio o trabajo formal.

Un segundo control son las auditorias de la contraprestación. Las unidades de gestión deben asegurarse que la persona trabaje 20 horas semanales o 4 horas por día para recibir los casi 28 mil pesos por mes.

En agosto el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación anunció que realizaría auditorías para transparentar el otorgamiento de este plan con la ayuda de las universidades nacionales en cada provincia. A través de los encuestadores de estas casas de estudios se realizaría un entrevista con 40 preguntas a cada beneficiario de 15 a 20 minutos, un encuesta de tipo censal, con el objetivo de contar con una radiografía del Potenciar Trabajo y tener el detalle fino de 1.300000 personas.

El Potenciar Trabajo es, después del Plan Alimentar, el plan más importante del gobierno nacional, y fue creado en el actual gobierno, cuando Daniel Arroyo estaba al frente del Ministerio de Desarrollo Social. Lo impulsó para unificar los ex programas Hacemos Futuro y Salario Social Complementario.

Justamente entrevisté en Radio Nihuil a Daniel Arroyo, hoy diputado nacional del Frente de Todos y ex ministro de Desarrollo Social de la Nación, sobre el informe de la AFIP, los controles y auditorias a los Potenciar Trabajo.

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Daniel Arroyo ahora es diputado nacional.

Daniel Arroyo ahora es diputado nacional.

"Sé que las auditorias las están haciendo las universidades porque lo veo permanentemente y las propias casas de estudios hacen informes. La gente que recibe el plan es pobre. Hay mucha necesidad" "Sé que las auditorias las están haciendo las universidades porque lo veo permanentemente y las propias casas de estudios hacen informes. La gente que recibe el plan es pobre. Hay mucha necesidad"

Sin embargo, el propio secretario general del Movimiento Evita Mendoza, Lautaro Cruciani, admitía hace unos días que acá en Mendoza no comenzaron las auditoría. Recordemos que Mendoza tiene 14 mil beneficiarios de este plan, un número nada despreciable en cantidad de beneficiarios que necesariamente deberían estar auditados por algún organismo.

Y lo que es peor nunca comenzaron ni comenzarán las auditorias porque no existen convenios firmados ni con la Universidad Nacional de Cuyo ni con la Universidad Tecnológica Nacional (Facultad Regional Mendoza). Así lo confirmaron desde ambas casas de estudios.

Incluso la coordinadora del Centro de Referencia del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en Mendoza, Sonia Carmona, me confirmó que "la metodología es con las universidades nacionales pero acá no se firmó convenio con ninguna".

Se supo que sólo 35 mil beneficiarios de planes fueron auditados por la universidades nacionales de otras provincias, lo que supone que a ese ritmo, no se podría terminar el proceso antes de la finalización del mandato de Alberto Fernández.

Tras todo el descalabro con los planes, la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, anunció que dará por terminadas las auditorías sobre el Potenciar Trabajo, que había dispuesto su antecesor Zabaleta y que implicaban, como venimos explicando, un acuerdo con las universidades nacionales.

Validación a través de Mi Argentina

En su lugar, Tolosa Paz dispondrá de un sistema de validación de identidad digital, más un formulario on line, que se pondrá en práctica a fines de noviembre para acelerar el control sobre la distribución de los planes sociales.

La validación de la identidad y de titularidad de cuenta bancaria de todos los inscripto sdel Potenciar Trabajo se realizará a través de la aplicación Mi Argentina.

Se estima que el desarrollo de la plataforma estará lista el 25 de noviembre y quien no valide su identidad no podrá seguir recibiendo el plan. Incluso estiman que en 5 minutos se puede tener un diagnóstico de cada beneficiario: su terminalidad educativa, si contraprestan el plan trabajando o estudiando. La campaña de difusión para que los beneficiarios validen sus datos comenzaría el 28 de noviembre.

¿Casi el 20 por ciento del padrón de los Potenciar Trabajo hizo trampa?

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Las irregularidades detectadas en el plan Potenciar Trabajo han generado un escándalo.

Las irregularidades detectadas en el plan Potenciar Trabajo han generado un escándalo.

El ex ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, se resiste a creer que los 253.184 personas que detectó la AFIP, hayan trampeado el sistema y estén en una situación económica incompatible con la posibilidad de percibir el plan social.

"Hay una normativa del Banco Central que excluye a quienes pueden comprar dólar ahorro. Yo no puedo comprar por ser funcionario o a quienes tienen programa sociales tampoco, el Banco Central los excluye automáticamente. Tomando la experiencia de lo que pasó poco más de un mes con el bono de 45 mil pesos que tanta gente hacía cola en el ANSES, me decían 'mire yo no tengo nada y la base de datos dice que tengo una obra social que no tengo, o que aparecía con una cuenta bancaria activa y en realidad era la de la Garrafa Social'. Me parece que hay que ser cuidadosos, prudentes, pero claramente si se entrecruzan los datos y la persona no debiera estar en el plan, debe ser dada de baja. Y respecto de los bienes hay que ver qué situaciones son, qué tipo de bienes. En la fila del ANSES la gente decía 'me separé hace años y ese bien lo tiene mi marido'. Yo analizaría bien caso por caso, no se puede generalizar"

En el informe de la AFIP se detectó que muchos de los que figuran en la lista solo tienen una moto a su nombre, es decir, que no estarían cometiendo una irregularidad. Sin embargo, otros aparecen con más de una propiedad.

Otro dato, es que no hay un 1.100. 000 que declaran bienes personales por lo que resulta imposible que un cuarto de esos contribuyentes perciban un plan social. Esto significa que es necesario un análisis más exhaustivo del informe de la AFIP.

Pero tras los escandalosos datos, desde el gobierno nacional se apuraron a advertir que entrecruzarán la información de las bases públicas para definir irregularidades y proceder a las bajas que corresponda, lo que supone un universo sustantivamente menor al que figura en el informe de AFIP. Habrá que esperar a que terminen para sacar concluciones.

En la Casa Rosada saben que este nuevo escándalo mina aún más la imagen del gobierno nacional.

No olvidemos que el año que viene habrá elecciones generales. Los pronósticos son malos para el oficialismo. Pero si logran transparentar un programa social que fue creado en este mismo gobierno y que a las claras está manchado de corrupción, estafas y de falta de controles, y además dan de baja, como prometieron, a una cantidad significativa de planes, son acciones que pueden ser bien recibidas por la sociedad.

Que el país vaya saliendo del asistencialismo populista, pueden ser puntos positivos en la sumatoria del tablero electoral.

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