Análisis y opinión

Baja de los planes sociales: entre el fortalecimiento de los punteros o la creación de trabajo genuino

El Gobierno Nacional dará de baja 400.000 planes sociales. La organizaciones sociales de la Unidad Piquetera anunciaron un acampe masivo para el lunes. De todos modos, el Ejecutivo les dio a las organizaciones populares el 30% de la obra pública por $300 millones que se serían manejados por los punteros políticos

El Gobierno Nacional anunció que no otorgará nueva altas a los programas Potenciar Trabajo, Potenciar Inclusión Joven, Nexo y Plus Esencial. Por decreto anunció que avanzará en el proceso de vinculación de planes sociales con empleo genuino.

El decreto instruye a la Oficina Nacional de Contrataciones a incorporar un 5% de trabajadores vinculados al Programa “Puente al Empleo” y otorga en favor de las Cooperativas de Trabajo de la Economía Popular el 30% de la Obra Pública Nacional bajo la modalidad de contratación.

Esta medida apunta a que los beneficiarios sean contratados por empresas o pymes y sigan cobrando el beneficio del Estado por un año y el resto del sueldo se lo pague el sector privado hasta completar el salario de convenio.

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En principio esta medida apunta a que los contratados realicen obras de mejoramiento en barrios populares.

Hasta acá la medida parece el camino indicado para terminar el asistencialismo y dar paso al trabajo en blanco, a que los beneficiarios de planes sociales por fin tengan los mismo derechos que en trabajar en relación de dependencia: aportes jubilatorios, obra social, antigüedad, entre otros.

Sin embargo, una de las decisiones que se presenta como polémica es que las propias agrupaciones tendrían el control sobre quiénes contratan para la realización de las construcciones en los mismos lugares donde militan políticamente. Puro punterismo político.

Como dijo en su cuenta de Twitter el diputado nacional del Pro, Luciano Laspina, “el decreto 728/2022 es una carta de rendición ante la extorsión de las organizaciones sociales kirchneristas. Algunas cooperativas tienen dueño o son una nueva estructura de punteros. Un delirio”.

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En Mendoza 14.000 beneficiarios del Potenciar Trabajo bajo la lupa

Actualmente el Potenciar Trabajo, el segundo en importancia en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, alcanza a unos 1,3 millones de beneficiarios. Sólo en Mendoza 14.00 personas reciben cada mes $28.000 por 20 horas de trabajo semanales.

En Mendoza de los 14.000 beneficiarios del Potenciar Trabajo, 7 mil están en unidades productivas del Gobierno provincial o en municipios y el resto en los movimientos sociales.

A nivel nacional el Movimiento Evita maneja 300.000 planes sociales. En Mendoza cooridna 1500 Potenciar Trabajo. En cambio, según el Polo Obrero provincial ellos manejan una porción muy pequeña del cupo de beneficiarios.

Luis Böhn, ex secetario general del Movimiento Evita en Mendoza, explicó hace un tiempo por Radio Nihuil que “el beneficio Potenciar Trabajo no se le otorga ni al municipio, ni a la provincia ni a una organización social se le otorga a la persona. Lo que articulan ya sea el gobierno provincial, el municipio o los movimientos es la creación, el mantenimiento de las unidades productivas donde éstas personas tienen que cumplir las 20 horas semanales de contraprestación por el dinero que reciben. Y las organizaciones sociales canalizan mejor las condiciones. Es impresionante las cosas que hacen. Es mucho mejor que un compañero esté en un movimiento social que en un municipio”

Lautaro Cruciani, actual secretario general del Movimiento Evita en Mendoza dijo que “hace rato que venimos pidiendo que no haya más subsidio, que no haya más planes sociales. Lo que queremos es trabajos con derechos. Nuestros compañeros tienen trabajo pero no tiene los beneficios de un empleo. Por eso este decreto nos parece una buena medida”.

Tras las auditorias que se están realizando podrían darse de baja cerca de 400.000 planes. En Mendoza las auditorias deberían hacerlas las universidades estatales. Tanto la Universidad Nacional de Cuyo y la UTN hoy en día no las están haciendo y no se sabe cuándo comenzarán por lo que por ahora los beneficiarios de los planes sociales “están salvados”.

Luis Böhn, explicaba que los programa en cierta forma sí están auditados. “Vos no podés tener plan social si sos dueño de una casa, si tenés aportes en blanco o si tenés un auto con 10 años menos de uso”

La mutación de los planes sociales en trabajo con derechos es resistida por organizaciones sociales opositoras nucleadas en la Unidad Piquetera (básicamente los nucleados en partidos de izquierda), que justamente reclaman más planes. Pero sí tiene el aval de los movimientos sociales oficialistas como el Evita y la UTEP, que desde hace meses vienen pidiendo al Gobierno Nacional que se institucionalice el sector de la Economía Social como un trabajo formal remunerado.

Lorena Torres, referente del Polo Obrero en Mendoza dijo a Diario Uno que este decreto “es un ajuste que viene de la mano del achique del presupuesto y ataca directamente a los que menos tienen. Como el bono de $45.000 que se debería haberse universalizado. Lo que queremos es puestos de trabajo reales”.

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El Polo Obrero dice que quiere puestos de trabajo reales.

El Polo Obrero dice que quiere puestos de trabajo reales.

Con esta medida de dar de baja los planes ni abrir nuevos cupos, la Unidad Piquetera anunció una masiva movilización y acampe en Buenos Aires, aunque en Mendoza aún analizan los pasos a seguir.

Eduardo Belliboni, lídel del Polo Obrero a nivel nacional, dijo que la decisión del Gobierno “agrava la situación” de los beneficiarios de los planes sociales. “Esta medida es bochornosa. Se achican los planes no por la demanda sino por el ajuste del FMI”

“Ahora lo hacen con un decreto y van a reforzar esa línea que tienen de que no hace falta mejorar o acompañar a las familias que están con un montón de dificultades” afirmó Silvia Saravia, coordinadora nacional de Barrios de Pie.

La norma implica un ahorro a partir de la baja de los Potenciar Trabajo para aquellos beneficiarios que no cumplan con los requisitos. Y la baja de los titulares de estos beneficios tampoco podrán se reemplazadas por otros. El dinero que se obtendrá con esta medida solo podrá ser utilizado para la compra de máquinas y herramientas que Desarrollo Social entegará a cooperativas de trabajo o emprendimiento individuales.

“Vemos de muy buena manera que se invierta ese dinero de los beneficiarios de los planes sociales que no cumplan con sus horas, porque en realidad no hacen la prestación de servicios y ese dinero se va a volcar a la compra de herramientas y materiales, bienes de capital” afirmó Cruciani.

La idea del gobierno es avanzar en la transformación de los planes sociales en puestos de trabajo bajo el paraguas de la Economía Social, que podría pasar a regirse mediante nuevas normas que se conocerían en un próximo decreto.

“Quiero desmitificar y que se termine la demonización de los trabajadores de la economía popular. Porque constantemente se hace una demonización y se dice que por poco son culpables de todos los males de la Argentina y esto no es así. Estas personas trabajan porque se inventaron su trabajo porque el sistema actual los excluyó. Ahora nosotros tenemos la obligación como sociedad de brindarles condiciones”, sostuvo Cruciani del Movimiento Evita.

La lógica punteril

La cláusula de otorgarles el 30% de la obra pública a los movimientos sociales fue parte de una negociacipon entre estas organizaciones afines a Alberto Fernández con el propio Gobierno. El ejecutivo hace rato que quiere darle fin al alta de nuevos beneficiarios de programas como el Potenciar Trabajo.

Recordemos la embetida de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner cuando a fines de junio dijo que “El Estado nacional debe recuperar el control y la auditoría de las políticas sociales, que no pueden seguir tercerizadas”. Esas declaraciones de quitarle el manejo a las organizaciones sociales fue avalada por gobernadores e intendentes. Recuerdo en una entrevista con Luis Böhm del Movimiento Evita que decía “estar dolido con esos dichos porque Cristina desconoce la realidad de los barrios y debería visitarlos”.

Además la ex presidenta, se preguntó “qué opinaría Evita de todo esto”. Precisamente, uno de los destinatarios de las críticas fue el Movimiento Evita, uno de los grupos más leales al presidente Fernández.

Incluso Juan Grabois había dicho “no quiero hacer más eso de negociar listaditos. Quiero que haya para cualquier trabajador un ingreso equivalente a la canasta alimentaria”

Como explicamos los planes sociales son personales y los movimientos sociales a fines al gobierno dicen que ellos solo le dan el visto bueno a las contraprestaciones laborales obligatorias que se cumplan para recibir el monto mensual y sino avisan a las oficinas públicas para la baja, se puede inferir que este mecanismo permite controlar a los beneficiarios. Incluso desde el propio Gobierno admiten que son pocos los que realmente cumplen las tareas solicitadas.

Otras de las frases de Cristina Kirchner que más retumbaron a fines de junio en el universo de los movimientos sociales, sobre todo el Movimiento Evita y la Unión de Trabajadores Economía Popular (UTEP) fue cuando dijo “Eso no es peronismo, el peronismo es laburo, es trabajo. El peronismo no es depender de un dirigente barrial para que nos den el alta y la baja”.

Lo más importante del decreto de esta semana que pasó es la conformación del Consejo de la Economía Popular, la participación de las organizaciones en la obra pública y la posibilidad de trabajar en proyectos productivos.

Las cooperativas de la economía popular participarán en obras vinculadas a la urbanización de los asentamientos inscriptos en el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBap) -que hablamos en nuestra columna del domingo 30 de octubre- en obras de infraestructura social, agua, luz y gas, mejoramiento de centros deportivos y habitacionales.

Sin embargo,el decreto no aclara qué tipo de controles existirán sobre los trabajos que se realizarán bajo la esta contratación que se pagará con fondos públicos, ni quién evaluará los antecedentes de las cooperativas de trabajo ni quiénes realizarán las tareas.

En principio, como dijimos, la idea de ir convirtiendo planes sociales en trabajo en blanco es una medida acertada. Si es que las empresas cumplen y al cabo de un año contratan en planta a esas personas.

Pero en el caso del manejo de la obra por parte de las movimientos sociales todo hace pensar que se les dará mayor control con un lógica punteril porque definirán las obras, qué beneficiarios las harán y manejarán la caja. Por lo que se podrían crear verdaderos monstruos políticos que a dedo definirán sobre suculentos montos y los destinos de esas personas.

Esta política se originó en el gobierno de Néstor Kirchner, en el que se llegó a contratar a cerca de 80.000 miembros de movimientos sociales para la obra pública. Luego continuó en los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner y de Mauricio Macri. Alberto Fernández la dejó de realizar y ahora buscar restituirla.

Veremos si efectivamente transforma el sistema de asistencia social en trabajadores con derecho o vuelve a fracasar una vez más en una política social que le podría costar millones a los argentinos.

Por ahora la auditoría de los planes sociales y la futura baja de algunos es una cuenta pendiente y lo que se puede afirmar con certeza es que en el Presupuesto Nacional 2023 las ayudas sociales son las grandes beneficiarias.

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