El escándalo por el informe de la AFIP que detectó irregularidades en el Potenciar Trabajo tuvo una tenue respuesta de la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, que de los 253.184 planes cuestionados dijo que hubo una “información mal construida”.
Análisis y opinión
Planes sociales: deben ir presos los que utilizan la pobreza para el clientelismo y la corrupción
El gobierno nacional dio de baja a 3.190 beneficiarios del Potenciar Trabajo y suspendió a 947. Pero esto solo representa el 0,3 por ciento del total de planes de este programa cuestionado hasta por la justicia. En Mendoza 300 personas se fueron del programa hastiadas de pagar coimas a los movimientos sociales
En Mendoza hubo denuncias de que algunas organizaciones sociales cobran un diezmo a sus miembros.
Acorralada por la investigación que está realizando el fiscal Guillermo Marijuan, cuya causa quedó en manos del juez Daniel Rafecas, la denuncia penal del diputado Wolff y el pedido de informes en el Congreso, salió a dar una conferencia de prensa donde anunció que de 1.362.000 beneficiarios del programa, solo 3.190 presentaron incompatibilidades por comprar dólar ahorro y compra de divisas con tarjetas de crédito.
A pesar de que intentó clausurar la discusión, cada vez se pone más espesa la situación, ya que se supo que 63.211 beneficiarios registraron gastos con tarjetas de crédito o débito dos veces mayor al Salario Mínimo, Vital y Móvil. Otros 253.184 presentaron declaración jurada de Bienes Personales, casi 53 mil son propietarios de más de un inmueble, automotor, embarcación o aeronave y 10.477 tienen un vehículo de menos de un año. Y la lista sigue con beneficiarios que son monotributistas de la categoría C o superior y otros que tienen jubilaciones.
Y lo peor es que 2.870 percibieron el subsidio a pesar de estar muertos. Obviamente alguien de la familia o terceras personas lo cobraron.
Según la funcionaria nacional detectaron que 430 titulares del Potenciar Trabajo habían cobrado u operado con dólar ahorro en los últimos 6 meses por un total de 293 mil dólares. Pero nada más que 23 personas concentraron casi la mitad de esas operaciones. ¿No es poco?.
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En el Ministerio de Desarrollo Social creen que estas personas en lugar de comprar las divisas en el mercado de cambios, se trataría de un universo de beneficiarios de otros países que recibe el plan y envía los dólares a su nación de origen.
Según Tolosa Paz el entrecruzamiento de información permitió identificar que compras en dólares con tarjeta de crédito de 82.272 titulares pero con consumos de US$1,55 dólar que sería el pago de servicios de streaming (Netflix por ejemplo) o plataformas de videojuegos.
Esta semana hablamos en Radio Nihuil con el diputado nacional del PRO, Waldo Wolff, quien presentó una denuncia penal por los 253 mil beneficiarios detectados por la AFIP y por la aparición de los 2.800 fallecidos que “siguieron cobrando el plan”.
“La denuncia que presenté cayó en el juzgado de Ercolini. Es un delito flagrante e indiscutible la aparición de 2.800 muertos que les siguieron cobrando los planes. Evidentemente hay responsabilidad del Gobierno. Uno habla de Pérsico, Grabois, como si fueran ministros y se les da plata para repartir entre la gente sin ningún tipo de control. Acá hay un modus operandi que demuestra un desprecio por el control del dinero público y genera focos enormes de corrupción y desigualdad. Quiero que se identifique al que cobró la plata de los fallecidos, se les haga un juicio y devuelva el dinero para dársela al que verdaderamente la necesita”.
La diputada nacional de Juntos por el Cambio, Graciela Ocaña, nos dijo en el programa Mediodía, que “el 21 por ciento de los beneficiados del Potenciar Trabajo no cumple los requisitos básicos. Por eso estamos pidiendo que la ministra Tolosa Paz concurra a la Comisión de Desarrollo Social y Salud de la Cámara Baja, de manera urgente, porque acá estamos hablando de un fraude fenomenal. Y porque queremos saber qué organizaciones piqueteras mayormente llevaron adelante el fraude y quién lo certificó. Acá tenemos un Estado cómplice”.
La ministra Tolosa Paz insistió que los 2.800 muertos que aparecieron en el informe original de la AFIP representan el promedio de 300 bajas por muertes mensuales y que no implica que todos ellos hayan cobrado el salario social. Pero la explicación no fue clara ni dejó conforme a quiénes han puesto la lupa en el tema.
Además dijo que suspendió temporalmente del programa a otros 947 titulares que registraron operaciones sospechosas.
El Plan Potenciar Trabajo empezó en la gestión de Alberto Fernández como resultado de dos planes: Hacemos Futuro y Salario Social Complementario. Empezó con 700 mil beneficiarios y en tres años se duplicó. Hoy llega a 1.383.270 personas.
No se puede decir que el total de los beneficiarios cobra de manera irregular o hace trampa al Estado en alguna condición, pero sí está claro que hay que revertir años de ineficientes gestiones oficiales, del despilfarro en el reparto a las organizaciones sociales que a su vez usan la pobreza para alimentar el clientelismo y la corrupción.
Por ahora, a partir del martes 22 de noviembre se avanzará con una auditoría virtual a través de la aplicación Mi Argentina y quienes no autovaliden su identidad vía online quedarán automáticamente suspendidos.
Como no funcionaron las auditorias con las universidades nacionales, ahora desde el Gobierno implementarán una auditoría interna para evaluar altas y bajas y cruzar datos con AFIP y con el Banco Central.
En Mendoza 300 beneficiarios se fueron de los movimientos sociales hartos de pagar el “diezmo”
Usufructuar la pobreza en pos del clientelismo y la corrupción no es sólo territorio bonaerense. En Mendoza algunos movimientos sociales no se quedan atrás.
En mayo 17 mil personas en Mendoza cobraban el Potenciar Trabajo. Hoy son 24 mil beneficiarios. Datos como para darse una idea del crecimiento exponencial del pedido de ayuda social. Claro está que la pobreza va de la mano de la inflación y de la desocupación.
Lorena Meschini, es la directora de Economía Social y Asociatividad de Mendoza. Ella es la responsable de la Unidad de Gestión gubernamental que maneja 1.600 planes Potenciar Trabajo.
En una entrevista que le hicimos en Radio Nihuil explicó que “en los últimos años las incorporaciones al plan se fueron dando de manera discrecional a través de los movimientos sociales”. Relató que la semana pasada cuando se les informó la liquidación desde el Ministerio de Desarrollo Social, tenían 300 titulares que venían de organizaciones sociales.
“Hay organizaciones que les piden dinero. Les piden un aporte para sostener la organización. Algunos se vinieron a nuestra Unidad de Gestión porque quieren estudiar y nosotros priorizamos la terminalidad educativa y en las organizaciones estudian pero les hacen cumplir además las horas de trabajo o los obligan a ir a las marchas o atender un merendero. Nos han manifestado que no están de acuerdo en seguir pagando esos aportes voluntarios, que siente presión”.
Hace unos meses hubo denuncias contra la agrupación kirchnerista Organizaciones Libres del Pueblo (OLP) (nuclea a Kolina, Descamisados, La Corriente, Unidos y Organizados, Martín Fierro, Fuerza Colectiva, la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo, Unidad Piquetera, entre otras) de que obligaban a los beneficiaros a participar de las marchas y de pagar una porción del dinero del plan a los dirigentes.
“Nos hemos enterado que si estaban cobrando 23 mil les han llegado a pedir 4 mil pesos. Y si no van a las marchas les cobran una multa. Son rehenes” dijo Meschini
Juan Aguilar es el dirigente provincial de la Organización Libres del Pueblo, y según él 500 personas están en sus unidades de gestión.
Le consulté a Aguilar si cobraban algún dinero a los beneficiarios, y además de decirme, que la entrevista “fue una trampa” me dijo que la gente hace un “aporte solidario”. Y que “en las unidades productivas se dan una mano entre sí, porque los pobres siempre se ayudan. Por ejemplo en un comedor compran la harina, porque no llega nada del Gobierno” dijo para tratar de justificar el pedido de dinero.
Se sabe que en Mendoza el Movimiento Evita maneja unos 1.300 planes, el Polo Obrero 1.100 y Barrios de Pie otros 2.500.
Todos niegan pedir dinero, aunque habría que preguntarles a los beneficiarios, que quizá por temor,no cuentan si les dan “de manera voluntaria” parte de los 29 mil pesos que cobran por mes.
Meschini nos aclaró que como unidad de gestión provincial solo se ocupan de la contraprestación y de la asistencia ya sea a capacitación o trabajo y que los controles no pasan por el gobierno provincial.
“Los datos los entrecruza el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. No hemos tenido acceso al informe de la AFIP. Antes de que se fuera Zabaleta anunciaron las auditorias con las universidades pero a Mendoza nunca llegaron ni se firmaron convenios”.
Años de falta de transparencia. Alguien se tiene que hacer cargo
La falta de transparencia en la asistencia social siempre fue un grito a voces, desde los primeros planes Trabajar de Menem o los Jefes/as de Hogar de Duhalde.
Si bien los planes llegaron para ayudar a miles que quedaron excluidos del sistema laboral formal se sabe que deben ser temporales porque esas personas o deben generarse un ingreso genuino o tener un trabajo con derechos laborales.
El escándalo de los Potenciar Trabajo es grande ya que se habla de que un cuarto del total de beneficiarios presenta tremendas incompatibilidades. Quizás la culpa no sea del beneficiario sino de la falta de transparencia general de la operatoria y del escaso o nulo control. Y no es difícil imaginar el daño económico tremendo a las arcas públicas. Les recuerdo que es dinero de todos.
Para justificar la mugre que saltó cuando se destapó la olla, desde el seno del gobierno nacional apuntaron a una operación interna del titular de la AFIP, Carlos Castagneto. Este funcionario fue viceministro de Desarrollo Social de Alicia Kirchner. Se sabe la interna dentro del propio gobierno.
Además el mismo día en que se filtró el informe del organismo de ingresos públicos, el subsecretario de Asuntos Internacionales Fernando Asencio renunció con críticas a la ministra y esta semana se fue Rafael Klejzer, quién era el director nacional de Políticas de Alimentos. Dijo que no “iba a convalidar el ajuste del Gobierno y que es un ministerio del parche y de transferencia de guita”.
También la ministra es criticada por dirigentes kirchneristas nucleados en las UTEP (Unión de Trabajadores de la Economía Popular).
Tolosa Paz no la tiene fácil y aunque la propia funcionaria diga que es “potestad única e indelegable de esta ministra el diseño y la implementación y la evaluación de las políticas sociales”, un gran paso habría sido analizar caso por caso irregular detectado por la AFIP y no reducirlo a tan solo un 0,3 por ciento del padrón total.
Otro gran paso sería comenzar un control en serio en los movimientos sociales, foco de corrupción y clientelismo. Y por último, el Presidente podría dar marcha atrás con el otorgamiento de los 300 millones de pesos que están en el presupuesto para obras públicas y manejarán las organizaciones piqueteras. Ya dijimos en otra columna: eso será un descalabro de punterismo político.
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