Picoteo legislativo por el Tribunal de Cuentas: el PJ pide bajar a una postulante

La postulación de la funcionaria del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes Liliana Muñoz de Lázzaro para ocupar un cargo de vocal en el Tribunal de Cuentas no fue bien recibida en la Legislatura de Mendoza.

Al grito en el cielo lo pusieron los peronistas después de que trascendiera que Lázzaro no sólo tendría que excluirse de auditar el área en la que se desempeña, nada más y nada menos que la Dirección de Administración y Control de la cartera de Salud, sino que también tendría que evitar auditar las cuentas del Ministerio de Seguridad, puesto que su hijo tiene el mismo cargo que ella en la repartición de Gianni Venier. Pero Lázzaro tiene más parientes en la función pública: una hija trabaja en el mismísimo Tribunal auditor del que ella formaría parte y su marido se desempeña como tesorero de Pro Mendoza.

En cuanto los legisladores de la oposición se enteraron por los medios de esta situación, tomaron una determinación: enviarle un mensaje público al gobernador, Alfredo Cornejo: "Queremos que se inhiba", advirtió la presidenta del bloque PJ en el Senado, Patricia Fadel. En otras palabras, le piden a Muñoz de Lázzaro que se baje de la candidatura.

Del otro lado, el presidente de Legislación y Asuntos Constitucionales, Marcelo Rubio (UCR) dijo que el pliego de la postulante continúa su derrotero administrativo y que no hay ninguna orden ni rumor que haga pensar que la candidata se bajará.

Argumentos
Según Fadel, "nadie puede ser juez y parte, y si ella tiene tantos parientes en la administración pública no podrá controlar a nadie".

En esto sentido, lo que le está pidiendo el peronismo a la funcionaria es que ella misma desista de presentar su nombre para el cargo en cuestión por razones de ética pública.

También comentó que esta determinación era acordada con el bloque del que forma parte, y se había tomado pensando en la falta de coherencia que significa tener que recusarse de controlar a dos de los grandes ministerios de la administración pública como son Salud y Seguridad, como tampoco podría auditar las cuentas de Pro Mendoza, donde trabaja su esposo. Y menos formar parte del directorio de un organismo para el que trabaja su hija Natalia.

El proceso sigue
El presidente de LAC aseveró que no hay por qué detener el procedimiento que se sigue cada vez que ingresa un pliego que necesitan ratificación del Senado a la Legislatura.

"La propuesta entró y ahora hay que esperar los tiempos que indica el reglamento interno. Se le da el curso legal que corresponde. Ingresa a la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC) y de ahí se somete al procedimiento correspondiente: seguir un plazo para la publicación en el Boletín Oficial, luego hay que aguardar los tiempos para la impugnación y en tercer lugar la audiencia pública. Todo eso va a suceder tal y como está determinado", explicó Rubio.

Respecto de la postura oficial sobre la funcionaria encargada de controlar las cuentas de Salud, el legislador señaló: "Yo la conozco a ella desde lo técnico específicamente. En este sentido, y lo digo por lo que me tocó ver cuando trabajaba en la Municipalidad de la Capital, es técnicamente muy sólida. Ha estado muy vinculada al Tribunal de Cuentas por las auditorías en las que trabajó conjuntamente con este organismo. También fue parte de la gestión de Alfredo Cornejo en Godoy Cruz. Es una persona de suma confianza del gobernador, y yo creo que él ha priorizado su solvencia en los conocimientos de la evaluación de las cuentas públicas más que las circunstancias personales", manifestó el presidente de LAC frente a la consulta periodística.

Los sueldos más altos del Poder Ejecutivo

Ser miembro del directorio del Tribunal de Cuentas debe ser uno de los cargos públicos mejor pagos del Estado. Esto, porque los salarios de sus integrantes son homologables a los de los funcionarios judiciales.

En un informe de 2016, se revelaron las polémicas declaraciones juradas de bienes de quienes integran la dirección: algunos contaban con tres propiedades, y autos de alta gama. En tanto, los sueldos oscilaban los $150.000 mensuales.

Pero, además, hay que tener en cuenta que estos cargos son de por vida, y al menos que el director o vocal se jubile, renuncie o se le detecte mal desempeño, no es posible removerlo.

El último miembro que ingresó por acuerdo del Senado fue el ex legislador peronista Ricardo Pettignano. Fue durante el último año de gestión de Francisco Pérez en Mendoza.