Es contador. Tiene 65 años y es radical. Es mendocino. Aquí fue funcionario de la y del Instituto de Seguridad Pública entre 2004 y 2008, pero desde 2016, en , Jorge Nasisi es uno de los encargados de gestionar el presupuesto para que la Justicia Federal funcione en todo el país con los recursos humanos y técnicos en condiciones. Este año, esa suma es de $32.000 millones.
Nasisi es subadministrador general del Poder Judicial de la Nación y forma parte del Consejo de la Magistratura, organismo encargado no solo de evaluar y proponer a futuros jueces federales, sino de sancionar y hasta de abrir juicio a magistrados que hayan incurrido en conductas jurídicamente reprochables o reñidas con la ley. Como le pasó en 2002 al entonces juez federal Luis Leiva, quien fue destituido del Juzgado Federal 1 Penal y Electoral.
Hasta hace poco, su jefe fue Juan Carlos Cubría, hijo de la histórica y siempre polémica jueza federal con competencia electoral nacional, María Romilda Servini.
Por el despacho de Nasisi pasaron, pasan y pasarán peticiones "no de cargos: eso es materia exclusiva de la Corte", advierte, sino de dotar de equipamiento técnico e informático a los tribunales federales. Y esto incluye llamado a licitaciones, decidir sobre esos concursos y adjudicarlos o no, según cada situación, pero también auditorías. Y la liquidación y el pago de sueldos de 19.500 agentes de la Justicia Federal de todo el país (jueces, funcionarios y empleados) que trabajan en más de 700 oficinas.
"En este aspecto pasa como en Mendoza en mi época de funcionario: casi el 90% del presupuesto se destina al pago de sueldos", señala Nasisi, que también es parte de ese universo de funcionarios judiciales.
-¿Casi $28.000 millones al año?
-Algo así.
-¿Cómo es la distribución del presupuesto?
-El 60% se invierte en Buenos Aires y el 40% en el resto del país.
-¿Cuál es su trabajo específico?
-Administrar los recursos para favorecer el funcionamiento óptimo de los tribunales como lo relativo a edificios, tecnología, asignación de fondos, sueldos, auditorías...
-¿Sabe del colapso del Juzgado 2 y de la necesidad de habilitar el Juzgado 4 en Mendoza? ¿Las soluciones están en marcha?
-La Cámara Federal de Apelaciones ya hizo los pedidos respectivos y estamos avanzando. En general, hay muchos juzgados con muchas causas. Los juicios por la Reparación Histórica impactaron seriamente en la operatividad del sistema y estamos atendiendo las consecuencias.
-Y de la Justicia Federal de Mendoza, ¿qué noticias le llegan?
-Que hay necesidades edilicias que estamos resolviendo, entre otras. Y que hace un año la Cámara Federal de Apelaciones estaba desintegrada, lo que complicó mucho la actividad. Había solo 1 de 6 jueces. Ahora, esta situación se ha revertido y desde aquí acompañamos este proceso.
-¿Cómo impactó la inflación?
-Afectó las arcas del Poder Judicial de la Nación, especialmente en los meses en que el estaba desbocado. Algunas licitaciones se complicaron desde abril a septiembre. Se resintió la disponibilidad de bienes y servicios, más los de origen extranjero. Los precios, si los había, parecían de otro planeta y algunos concursos de precios se cayeron. Proveedores de insumos informáticos renunciaron por cuestiones de stock o de precios. Ahora la situación se estabilizó y el impacto negativo no fue tan alto como creímos.
-Más allá del reciente plan de la UCR para que todos los magistrados paguen Ganancias (no fue incluido en el Presupuesto 2019), ¿cree que deben tributar?
-Todos deberían pagar Ganancias. Siempre pensé así.