El intendente de Tupungato, , anunció que darán marcha atrás con el aumento y dietazo que tanta polémica había desatado esta semana en ese departamento y en toda .
Con los nuevos ajustes salariales en Tupungato, su intendente alcanzaba los $99.612 de sueldo bruto.
Soto había argumentando que respondía a las paritarias de 2016 y 2017.
También había asegurado merecer esa cifra que era casi similar a lo que cobraría el gobernador de Mendoza, , unos 100 mil pesos.
Sin embargo, ante las marchas que se habían convocado para este jueves a las 9 horas, y el repudio generalizado que había cosechado en las redes, Soto dio marcha atrás.
Entonces el sueldo del intendente de Tupungato quedará en $68.111 bruto, según las cifras detalladas, y para ello lo hará con una ordenanza municipal que deberá ser aprobada por el Concejo Deliberante.
"Se malinterpretó una medida. Se dio una difusión que no es la real. Causó malestar, pero hubo una comparación maliciosa entre lo que cobra el intendente en bruto y el básico de la categoría más baja. Esto vende política y electoralmente", dijo Soto que cargó, también, contra algunos medios a los que acusó de malintencionados y enfatizó, nuevamente, que no se trató de un dietazo, sino de un aumento para toda la planta de empleados que estuvo sujeto a paritarias.
"No enviamos al Concejo Deliberante un aumento de sueldo. Sí mandamos el presupuesto municipal en donde está consignado el aumento, que no es sólo del intendente, sino de todo el personal", agregó y aclaró que el aumento rige para todas las categorías.
Su sueldo hoy se compone de dos clases I (la más alta del escalafón), más el sueldo básico, la antigüedad de 30 años, la función crítica (al 50%), la mayor dedicación (al 100%), el presentismo y un adicional de jefatura.
Esta conformación se determinó en 2012, cuando el intendente Joaquín Rodríguez (PJ) decidió desprenderse del sueldo del gobernador para evitar tener un tope como, en ese entonces, Francisco Pérez había planteado. Lo hizo a través de una ordenanza en la que se decidió que pasaran a cobrar el doble de lo que venían percibiendo y, además, tres meses de retroactivo. Sobre esta última medida el mismo Soto se había posicionado en contra y fue el único concejal que dio un voto negativo.