El ex intendente de Santa Rosa, Sergio Salgado, recibió en los últimos días un nuevo fallo que complica su situación y lo pone cada vez más cerca de la prisión para cumplir una condena de 5 años por concusión, administración infiel y malversación de fondos públicos..
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"Me han hecho bosta", dice el ex jefe comunal luego de conocerse que la Suprema Corte de Justicia de Mendoza ratificó la decisión tomada por el tribunal de San Martín en junio del 2018.
En ese momento, Salgado ya tenía una sentencia en su haber de seis meses de prisión en suspenso por lesiones leves a su ex pareja Bárbara Dorcemaine.
A la resolución del juicio llegó el libertad, luego de ser detenido a fines de marzo del 2016 y pasar 8 meses en el complejo penitenciario San Felipe. Volver a la prisión es uno de sus mayores temores, confiesa con voz quebrada que culmina en llanto al aclarar que, actualmente, es el sostén de su familia y esta situación complicaría aún más el delicado contexto económico en el que vive.
"Estoy trabajando y soy el que llevo la familia adelante. Tengo a mi papá enfermo, mi mamá es jubilada y mi hermano es discapacitado. Vivo con ellos y esto nos mata", señala quien supo ganar tres elecciones en la intendencia del departamento del Este y hoy se dedica a trabajos agrarios en la finca familiar.
Ante la consulta por su reacción emocional, Salgado indica que se lo ha acusado de enriquecerse pero que esto no se condice con la realidad. "La venimos luchando con mi familia, cuesta mucho llevar una finca y la uva no vale nada. La vamos remando y yo creo que ya pagué. Me han hecho bosta. He sido el único perejil que se pasó 8 meses en cana, soy el único huevón señalado, ya estoy cansado", dice y agrega: "He tenido que vender el auto, tenemos solo una camioneta modelo 90, ¿dónde está la plata que supuestamente me robé?"
Sin embargo, la Justicia estableció que la fiscalía presentó pruebas suficientes para comprobar los delitos cometidos por Salgado. La sentencia contra él incluyó administración infiel en perjuicio de la Administración Pública por emitir cheques para la compra falsa de combustible en un lubricentro que no era proveedor de la Comuna; el manejo de fondos generados de manera irregular a través de la playa de estacionamiento de La Salada en Santa Rosa (delito de concusión); malversación de caudales públicos por no haber construido una planta de destete, pese a haber recibido $1.500.000 del Iscamén para hacer la obra; y desobediencia, por no haber contestado pedidos de informes de la Fiscalía de Estado.
A pesar de la condena, y de tener otras cuentas pendientes en la Justicia, el dirigente justicialista asegura que es inocente aunque admite que "hubo errores administrativos" durante su gestión. Además, mantiene los mismos argumentos que sostuvo desde su destitución al señalar "tintes políticos" detrás de caso.
"Me duele que no se investigue. Estamos en manos de personas que deciden nuestro futuro y lo terminan definiendo sin leer las cosas", comenta a modo de crítica contra la Justicia y suma: "Ellos mismos violen leyes nombrando familiares en cargos y son los que tienen que hacer respetar las leyes".