Dentro de los escándalos que vienen sacudiendo al gobierno nacional en los últimos días, se encuentra el de los créditos hipotecarios a funcionarios. Se investiga si distintos miembros gubernamentales accedieron a préstamos bancarios para comprar propiedades cuando no cumplían los requisitos para ello. Más allá del panorama a nivel país, en Mendoza hubo un caso testigo y comprobado por la Justicia Federal: el del ex juez federal Walter Bento.
Irregularidades
Polémicos créditos hipotecarios a funcionarios: el caso testigo de Mendoza con Walter Bento
Ya tenía 6 propiedades, excedía el monto máximo del préstamo y declaró menos metros cuadrados de los que tenía, pero así y todo Walter Bento accedió a la financiación subsidiada
Walter Bento también accedió a un préstamo hipotecario con irregularidades.
Foto: Axel Lloret/Diario UNOAdemás de haber cobrado coimas millonarias para favorecer a presos, de enriquecerse ilícitamente y de lavar ese dinero sucio, en el megajuicio que terminó en febrero pasado Walter Bento estuvo acusado de otros delitos menores. Entre ellos, uno vinculado con las irregularidades con las que accedió a un crédito hipotecario del Banco Nación.
El delito por el que llegó a juicio el ex juez federal y su esposa, Marta Isabel Boiza -también funcionaria judicial por ese entonces-, fue el de falsedad ideológica en instrumento público. En los fundamentos de la sentencia que se conocieron el lunes pasado, las juezas consideraron que habían incurrido en el delito pero ya estaba prescripto por lo que fue contemplado dentro de los 17 años de prisión que recibió Walter Bento.
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El crédito hipotecario irregular de Walter Bento
La investigación determinó que Walter Bento y Marta Boiza accedieron a un préstamo del Banco Nación para comprar un departamento con cochera en la torre Eugenia ubicada en la Villa Palmares. Según la tasación de entonces, el valor era de 83.000 dólares aproximadamente.
El cambio de entonces se trataba de $742.500. Y ahí está la primera irregularidad: los créditos hipotecarios del Banco Nación establecían como valor máximo de la vivienda el monto de $600.000.
Otro dato irregular fueron las características del departamento. Walter Bento y Marta Boiza detallaron en la declaración jurada que el inmueble a comprar tenía 95 metros cuadrados, cuando en realidad tenía 150.
Pero el punto más importante es que el préstamo al cual accedieron estaba destinado para la "adquisición de vivienda familiar, única, de uso propio y permanente". Para entonces, octubre de 2011, el matrimonio ya tenía en su patrimonio la lujosa casa del barrio Palmares donde vivían y también 5 departamentos -incluido el inmueble por el que pedían el crédito- según declararon ellos mismos ante el Consejo de la Magistratura.
El análisis de las juezas sobre el préstamo a Walter Bento
En los fundamentos de la sentencia sobre este delito en particular, las juezas Gretel Diamante, Eliana Rattá y Carolina Pereira apuntaron no sólo contra el matrimonio sino también contra los funcionarios del Banco Nación que otorgaron el crédito hipotecario en forma "excepcional", más allá de que nunca fueron identificados en la investigación.
"Los funcionarios del Banco Nación que autorizaron la entrega de un préstamo que no cumplía con los requisitos y condiciones para otorgarlo es un accionar que ameritaría ser investigado. No solo hubo un accionar criminal de Walter Bento y Marta Boiza, sino que los funcionarios del BNA que firmaron la autorización coadyuvaron a consumar esa conducta atribuida", detallaron.
"Quienes autorizaron excepciones sin base normativa y con conocimiento del incumplimiento de los requisitos podrían encontrarse incursos en la comisión de delitos de acción pública, pues el otorgamiento irregular de créditos hipotecarios de vivienda única por el Banco Nación, con conocimiento de la inhabilidad de los beneficiarios y sin respaldo normativo, constituye un desvío de fondos públicos, un daño al erario y una indudable fuente de responsabilidad funcional", agregaron las juezas en el fallo.
Finalmente, concluyeron que "el crédito hipotecario en cuestión constituye un recurso público escaso, orientado a garantizar el acceso a la vivienda digna a sectores que carecen de casa propia y de acceso al crédito tradicional. Su carácter subsidiado implica la utilización de fondos públicos o de beneficios económicos otorgados por el Estado a través de su banca pública. Walter Bento, en su condición de magistrado y su esposa Marta Boiza, funcionaria judicial ubicada en el cargo más alto del escalafón administrativo como prosecretaria, con una posición patrimonial consolidada, especialmente de índole inmobiliaria, no eran destinatarios naturales de esa política pública".
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